vitoria - El Gobierno Vasco tendrá mañana en sus manos el ansiado calendario de transferencias para el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika. La ministra española de Política Territorial, Carolina Darias, visitará al consejero Josu Erkoreka en Gasteiz para entregarle una versión actualizada porque los plazos anteriores habían quedado obsoletos por el periodo de inactividad y elecciones en el Estado. Ninguna de las dos partes quiere enrarecer el clima de la reunión y nadie confirma oficialmente el contenido de ese cronograma, pero este periódico ha podido saber por varias fuentes que el Ministerio está trabajando para incorporar por primera vez la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, aunque lo hará con unos plazos dilatados.
La incorporación de este traspaso por parte del Gobierno de Sánchez supondrá una novedad histórica por las reservas que han tenido los diferentes ejecutivos españoles. Pero Madrid no quiere colocar esta transferencia en los puestos altos de la tabla, en el corto plazo, sino que busca unos tiempos menos apremiantes y más cómodos para hacer pedagogía sobre el contenido real de este traspaso, que no supone romper la caja única; estudia también la envergadura económica y logística de una negociación que supone que decenas de edificios del sistema y el equipo de funcionarios pasen a ser de titularidad vasca, y está sobrevolando de igual modo la posibilidad de que el Estado quiera dejar encarrilada la reforma de las pensiones dentro del Pacto de Toledo antes de abordar esta transferencia. Será también uno de los traspasos más complicados de limar entre ambos gobiernos, y Madrid quiere un colchón.
el debate Se trata de una transferencia millonaria, y en ámbitos socialistas argumentan dificultades técnicas con la burocracia del Estado a la hora de pactar la titularidad de los edificios y el traspaso de los funcionarios. No obstante, es un problema menor, si existe un acuerdo político sobre el alcance de fondo del traspaso y hay voluntad. Algo parecido sucede con las prisiones. En el caso de la Seguridad Social, existe la posibilidad de que el Estado quiera esperar hasta que se encuentre encarrilada la reforma de las pensiones, su sostenibilidad, el futuro de las prestaciones de viudedad, y la clarificación de los pagos que van a correr a cargo de los Presupuestos estatales y no de la tesorería de la Seguridad Social. El traspaso llegaría más tarde, en un escenario de certidumbre normativa sobre las pensiones, con la reforma ya enfilada, aunque no tiene por qué ser así y solo es una idea que ha sobrevolado el debate todo este tiempo.
Darias dejó caer entre líneas al consejero Erkoreka en su reciente encuentro en Madrid que la voluntad de abordar ese traspaso existe. Le habló del cumplimiento "íntegro" del Estatuto y se sobreentendió que incluía la Seguridad Social, sin que nadie en Madrid lo haya desmentido. La voluntad está ahí, pero el Ministerio ha dedicado todos estos días a darle vueltas a la forma y los plazos. En paralelo, voces del socialismo vasco han dejado ver que será el último traspaso en llegar. El PNV ha presionado todo este tiempo para que todas las transferencias tengan lugar este año, en 2020, como dice su pacto de investidura con Sánchez. Mañana se desvelará el planteamiento de Madrid.
El Gobierno Vasco de coalición entre el PNV y el PSE pide la transferencia en los términos literales que se recogen en el Estatuto de Gernika, lo que supone que las instituciones vascas puedan recaudar las cotizaciones y pagar las prestaciones, pero el Estado seguirá reservándose la potestad de fijar la cuantía de las pensiones y regular las vías para garantizarlas y financiarlas. Euskadi actuaría como ventanilla. La derecha española lo rechaza y confunde de manera deliberada esta exigencia, que es ley, con la aspiración política final del PNV, que consiste en tener un sistema propio de pensiones donde sean las instituciones vascas las que fijen su cantidad y la forma de financiarlas. Esa aspiración política se mantiene, pero no es lo que plantea ahora el Gobierno Vasco en la negociación. El traspaso aparece en el artículo 18.2.b del Estatuto, y su disposición transitoria quinta establece que la comunidad autónoma "asumirá la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad, según los procedimientos, plazos y compromisos que, por una ordenada gestión", se contengan en los convenios que acuerden ambas partes. Ese traspaso también aparece como una materia prioritaria en el acuerdo de gobierno de coalición del PNV y el PSE y, además, el pacto para la investidura de Pedro Sánchez como presidente español apuesta igualmente por el cumplimiento del Estatuto sin fijar ninguna excepción. La reciente sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce que esta materia está pendiente refuerza la reivindicación del Gobierno Vasco.
Hasta ahora, los sucesivos gobiernos españoles habían resoplado cuando Euskadi les planteaba esta transferencia. El anterior Gobierno de Sánchez, con la exministra Batet, lo dejó, de hecho, fuera del cronograma. El expresidente Zapatero realizó una tentativa al contemplarlo en un anexo como posibilidad a futuro.
complejidad El Ministerio ha dejado la puerta abierta a que se "cambie el criterio" para el orden de la treintena de traspasos y no tengan que ser necesariamente los primeros aquellos que tengan menor complejidad. Los de mayor envergadura son prisiones, Seguridad Social, aeropuertos y puertos, pero no se espera que ninguno llegue antes de las elecciones del 5 de abril, ni que sea la Seguridad Social la que se adelante al resto.
el traspaso
La letra del Estatuto. La disposición transitoria quinta establece que la comunidad autónoma "asumirá la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad, según los procedimientos, plazos y compromisos que, por una ordenada gestión" se contengan en los convenios que acuerden ambas partes. Esto se traduce en que la comunidad autónoma recaude las cotizaciones y pague las prestaciones, mientras que el Estado seguirá teniendo la potestad para fijar su cuantía y las vías de financiación. Euskadi sería una ventanilla, y se haría compatible la unidad de caja con la existencia de varios cajeros.
otro acuerdo
Déficit. Los gobiernos vasco y español siguen acercando posturas para reunir a la Comisión Mixta del Concierto en la segunda o tercera semana de marzo, y pactar el déficit y la liquidación de los cupos de 2017 y 2018. Lakua ha nombrado a su equipo: los consejeros Azpiazu y Erkoreka, y la viceconsejera de Hacienda, Itziar Agirre.
