gasteiz - El Parlamento Vasco aprobó ayer instar al Gobierno de Iñigo Urkullu a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de seguridad digital del Ejecutivo de Pedro Sánchez, conocido como 155 digital, que permite cerrar sin orden judicial servicios de comunicación electrónicos por razones de seguridad pública. Una iniciativa que fue aprobada por el Gobierno español en funciones en los estertores de la pasada legislatura, que tuvo después el apoyo del PSOE en el Congreso, y contra la que se posicionaron ayer en Gasteiz el PNV, Elkarrekin Podemos y, lo más llamativo, los socialistas vascos.

Estos tres partidos consensuaron una enmienda a una proposición no de ley de EH Bildu que originó el debate. El PP votó contra la enmienda y la coalición soberanista se abstuvo, aunque se felicitó por el hecho de que el PSE se haya "movido de su posición" y apoye ahora interponer un recurso contra el decreto ley, según el parlamentario abertzale Josu Estarrona. La sesión tuvo lugar en la Diputación Permanente del Parlamento Vasco, el órgano que sustituye al pleno en los periodos inhábiles, como enero.

En su transcurso, la parlamentaria del PSE Alexia Castelo explicó que su grupo no rechaza el decreto de seguridad pública y administración digital, sino que busca que se abra un diálogo entre las administraciones para que se aclaren y modifiquen aquellas cuestiones que pueden motivar "suspicacias" respecto a un "posible uso arbitrario" de las medidas recogidas.

Insistió que el PSE está de acuerdo con el objetivo del decreto que busca la protección de datos de los ciudadanos. Aboga, no obstante, por introducir "garantías adicionales" que destierren esas "dudas de actuaciones arbitrarias". Castelo recordó a su vez que ya hay "un compromiso" del PSOE para abordar este asunto recogido en el acuerdo que firmó con el PNV para apoyar la investidura de Sánchez. El 155 digital permite al Gobierno español, con carácter excepcional, asumir la gestión directa o intervenir redes y servicios de comunicación electrónicos en casos que puedan afectar al orden público y la seguridad nacional, al tiempo que amplía los motivos para el cierre de páginas web.

Comisión Bilateral La Cámara de Gasteiz emplazó por tanto al Gobierno vasco a interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el real decreto, tras lo que se convocaría la comisión bilateral entre las administraciones vasca y española para solventar las diferencias existentes. Si en esa comisión no se alcanzara un acuerdo se activaría formalmente el recurso.

En la enmienda se insta a su vez a Moncloa a negociar con los grupos del Congreso la reforma de este real decreto con el fin de superar las discrepancias surgidas en el debate parlamentario del año pasado -solo el PP y C's se sumaron al PSOE para aprobar el texto-. Todo ello para garantizar que ninguna actuación de la administración pueda afectar al derecho a la información y a la libertad de expresión, siempre bajo "control judicial". El Parlamento Vasco reclama por último que no se puedan intervenir redes y servicios electrónicos si ello supone una restricción de los derechos fundamentales y que toda orden de cese de actividad sea motivada y pueda ser recurrible inmediatamente.

La proposición no de ley de EH Bildu que motivó el debate de ayer denunciaba que "los derechos básicos" de los ciudadanos estaban amenazados por el decreto ley de Moncloa, por lo que instaba al Gobierno vasco a adoptar las "iniciativas judiciales y políticas necesarias" contra esta "mordaza digital".

Durante la sesión, el portavoz del PNV, Gorka Álvarez, criticó que el 155 digital abre la puerta a algunas actuaciones que "ponen en entredicho las libertades y derechos". Elkarrekin Podemos acusó a Pedro Sánchez de actuar entonces bajo presión y de forma "poco reflexiva".