El año 2019, marcado por la sobreabundancia de citas electorales, ha dejado también pendiente de resolución muchos de los asuntos que han protagonizado estos intensos 365 días. El nuevo ejercicio supondrá, por tanto, una continuación lineal de gran parte de las cuestiones de la agenda política de los últimos meses, sin atender al cambio de hoja en el calendario. Además, no pocos de estos hitos estarán interconectados pese a pertenecer a ámbitos diferentes (estatal, autonómico, político y judicial), en una compleja madeja de difícil resolución que ha contribuido al estancamiento de la política estatal. Por supuesto, habrá puntos y aparte como las elecciones en Euskadi, que se erigirán en auténticos totems frente a la resaca de acontecimientos pasados y sobreabundancia de nudos por desatar.

Objetivo: evitar nuevas elecciones

Tan solo 48 horas después de las elecciones generales del 10N, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias anunciaban en un acto solemne, mediante un preacuerdo de diez puntos y con un abrazo entre ambos, la formación de un gobierno de coalición por primera vez en España. Lo que no había sido posible durante los seis meses de negociación entre PSOE y Unidas Podemos hasta el 10N, fructificó de repente en un tiempo récord, incluida la presencia de Iglesias como vicepresidente. El vértigo ante unas terceras elecciones tras unos resultados que no fueron del todo satisfactorios para sus intereses pesaba demasiado.

Sin embargo, el proceso para la investidura, oficial después del de Sánchez al encargo del rey Felipe VI para formar gobierno tras la enésima ronda de consultas a las formaciones políticas, se ha encarecido enormemente por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconoce la inmunidad como eurodiputado del exvicepresident y líder de ERC, Oriol Junqueras.

La formación republicana, principal opción para posibilitar la reelección de Sánchez tras el portazo de los líderes de PP y C's, Pablo Casado e Inés Arrimadas, respectivamente, al secretario general de los socialistas, no solo pide la aplicación de la sentencia del TJUE, sino la nulidad de todo el juicio del procés en el Tribunal Supremo.

Una investidura tras el verano sería más difícil, tal y como advirtió el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante el anterior intento fallido. Con la sentencia del procés ya sobre la mesa y los líderes soberanistas afrontando duras condenas de cárcel, ERC ha sentido de cerca la presión de la calle y de JxCat para no dar su aval a Sánchez. Como telón de fondo está el posible adelanto de las elecciones catalanas tras la inhabilitación del president Quim Torra, enfrentado a su propio proceso judicial. Tras el fallo de Europa, ERC sigue negociando de forma discreta con el PSOE y el propio Junqueras pidió mantener el diálogo. En su reciente Congreso Nacional, ERC contempló un acuerdo antes de Reyes, lo que avaló el viernes la portavoz de Moncloa, Isabel Celaá.

La ronda de contactos con los partidos políticos y los presidentes autonómicos permitió a Sánchez tener la cobertura suficiente para comprometerse a reunirse con Torra tras ser investido, una de sus líneas rojas desde hace meses. Ello supone volver al vocabulario de Pedralbes y admitir la "naturaleza política del conflicto" con Catalunya, con la creación de una mesa de resolución como una de las principales reivindicaciones de ERC. En cualquier caso, dicha investidura quedará ya para los primeros compases del año próximo.

Euskadi se enfrenta a su futuro

La aprobación de los presupuestos del Gobierno Vasco tras el acuerdo con Podemos -del que se desmarcó Ezker Anitza y que incluye aportaciones de los morados como un aumento del 4% en la RGI y una rebaja del 10% en las haurreskolas- ha aclarado de rebote el horizonte electoral de 2020 en Euskadi. Con las elecciones autonómicas fijadas según el calendario natural en septiembre, la estabilidad en las Cuentas, tras la prórroga obligada en 2018 al no alcanzarse un acuerdo con EH Bildu, descarta un posible adelanto electoral.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, tiene dos opciones sobre la mesa: celebrar los comicios en junio o julio, lo que en la práctica no supondría un adelanto como tal, o situarlos en octubre, dada la incomodidad que supone septiembre por tener que disolver el Parlamento en pleno verano y ante la expectativa de una precampaña con los ciudadanos con la cabeza puesta en las vacaciones. Todo dependerá en gran medida de las opciones de avanzar en los traspasos de competencias pendientes si se apuran los plazos al límite. En la conversación telefónica que mantuvieron Sánchez y Urkullu el día 17, el primero se comprometió en firme con el calendario de transferencias. Mientras, las encuestas anticipan una mayoría absoluta de PNV y PSE.

La nota discordante de Vox

Hundido Ciudadanos tras las elecciones generales del 10N, Vox ha tocado techo al sustituir a la formación naranja como tercera fuerza en el Congreso con 52 diputados. Ello anticipa una legislatura convulsa por la naturaleza victimista y antisistema de la extrema derecha, empeñada en demoler consensos básicos como la lucha contra la violencia de género.

Desde el minuto uno, el presidente de Vox, Santiago Abascal, presumió de la prerrogativa de la que disponen ahora de recurrir leyes al Tribunal Constitucional -hacen falta más de 50 diputados para ello-, lo que puede afectar a leyes vascas como la del nuevo estatus. También habrá que prestar especial atención a la relación de amor-odio que mantienen con el PP: los votos de Vox son necesarios para garantizar la gobernabilidad en comunidades como Andalucía, Madrid y Murcia, y consistorios como Madrid, Zaragoza o Palencia, lo que obliga a los de Pablo Casado a hacer equilibrios cuando opta por exhibir un perfil más moderado.

La formación ultra se ha anotado una primera victoria al entrar en la Mesa del Congreso con una vicepresidencia. Pese al cordón sanitario que los partidos de izquierdas trataron de levantar contra Vox, finalmente esta formación logró sortearlo principalmente por el afán del PSOE de amarrar la vicepresidencia primera. La aritmética final, seis puestos de la Mesa para PSOE y Podemos, y solo tres para PP y Vox, favorece por ahora a la izquierda, a la espera de las desavenencias que puedan separar a los de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Por su parte, Ciudadanos se la juega este año tras su histórica debacle del 10N, donde perdió 47 diputados y 2,5 millones de votos. Lejos quedan, por tanto, los 57 escaños que logró en los comicios de abril, cuando le pisaba los talones al PP. El líder eterno de la formación, Albert Rivera, asumió en primera persona el descalabro y abandonó el cargo y la política.

Ello dio pie a un proceso de renovación no exento de sobresaltos: el Consejo General del partido fijó para el 15 de marzo la asamblea general extraordinaria en la que se renovará la cúpula. Hasta entonces guiará el destino de C's una gestora continuista, en la que diez de sus 16 miembros ya estaban en la dirección de Rivera. Los reproches subidos de tono entre el sector critico y el oficial marcaron a su vez el Consejo General: "vamos a la desaparición", se pudo escuchar.

En este turbulento panorama, la portavoz naranja en el Congreso, Inés Arrimadas, ya ha expresado su disposición a asumir las riendas, lo que se da por supuesto pese a optar por la fórmula de un proceso de primarias. También ha exhibido un perfil menos beligerante y más posibilista con su propuesta a Sánchez de un acuerdo a tres con el PP para salvar la investidura, lo que al final no fructificó.

Camino de entrada y salida de prisión

Las puertas de la cárcel se empezarán a abrir en breve para algunos de los presos del procés. Es el caso de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que el 14 de enero podrán solicitar salidas temporales del centro penitenciario tras cumplir más de dos años de los nueve años a los que fueron condenados. Se trata del cuarto de condena necesario para pedir estos permisos ordinarios, tal y como contempla el régimen de segundo grado que concedieron a los nueve reclusos las juntas de tratamiento de las tres cárceles catalanas en las que están internos.

Una decisión que se adoptó sin unanimidad y que generó polémica ante la expectativa de algunas defensas de que a los reclusos les fuera concedido el tercer grado, que permite salir de la cárcel y regresar solo para dormir. Tal y como ha sucedido con Oriol Pujol e Iñaki Urdangarin, el segundo grado permite salir del penal 36 días al año por motivos de trabajo o voluntariados que puedan realizar en el exterior. Además del inminente caso de los Jordis, los exconsellers Joaquim Forn y Josep Rull también podrán acogerse a este régimen en enero y octubre, respectivamente. La decisión de las juntas de tratamiento no es definitiva, ya que se trata de una propuesta sobre la que deberá pronunciarse ahora la Conselleria de Justicia, en manos de ERC, dado que Catalunya tiene transferida la competencia de prisiones.

En el caso del exvicepresident Oriol Junqueras, condenado a la pena más alta, 13 años de prisión, la previsión era que tenía esperar hasta enero de 2021 para acceder a permisos ordinarios. La sentencia del tribunal europeo que reconoce su inmunidad ha tenido un primer efecto inmediato en el expresident Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín, ambos residentes en Waterloo: tardaron apenas 24 horas en acudir a recoger sus actas como eurodiputados una vez el presidente del Parlamento Europeo les levantó el veto como consecuencia del fallo sobre el líder de ERC. Mientras su defensa les recomienda no regresar aún a España por "prudencia", Puigdemont y Comín ya esperan participar en el pleno de la Eurocámara del próximo 13 de enero.

A la espera precisamente del fallo del tribunal europeo sobre su inmunidad, la sala de primera instancia de Bruselas aplazó hasta el 3 de febrero la vista por la euroorden contra el expresident y sus antiguos compañeros de gabinete huidos. La figura de Puigdemont se ha acrecentado y pugnará por su cuota de protagonismo con la gobernabilidad en el Estado como telón de fondo, dada su oposición a facilitar la misma.

El campo de pruebas navarro

El gobierno de coalición que Pedro Sánchez trata de sacar adelante con Unidas Podemos ha tenido su ensayo en el Ejecutivo de Nafarroa, liderado por María Chivite (PSN) de la mano de Geroa Bai, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezquerra tras el acuerdo a cuatro suscrito. Dada su situación en minoría, Chivite seguirá obligada a mirar este año a la bancada de la oposición, ocupada por dos partidos antagónicos, EH Bildu y Navarra Suma (UPN, PP y C's).

Rebasados ya sus primeros 100 días en el cargo, la presidenta socialista, que tiene que hacer frente a una presión especialmente intensa de la caverna mediática, se ha acercado en ocasiones a NA+, como en su rechazo a las referencias a la comunidad foral en la ponencia de nuevo estatus del Parlamento Vasco, que aún está tramitándose; y en otras a la izquierda abertzale, partido que de hecho posibilitó su investidura con su abstención. Es el caso de la negociación de los presupuestos, en la que la propia Chivite ha admitido una mayor cercanía con EH Bildu. El debate de enmiendas en el Parlamento comenzará el 10 de enero.

Memoria y autogobierno

El debate en la Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco proseguirá en enero con la comparecencia de los cinco expertos designados por los distintos grupos para explicar, a puerta cerrada, los criterios que les han llevado a emitir tres propuestas diferentes de nuevo estatus y las razones por las que no ha sido posible el consenso.

El documento que logró el mayor grado de acuerdo es el suscrito por PNV, PSE y Elkarrekin Podemos, aunque con discrepancias sobre todo en torno al derecho a decidir. Son precisamente estos tres partidos los que han impulsado la comparecencia de los expertos para tratar de superar las diferencias que no han podido resolver, pese a que ello dificulta que la reforma culmine en la presente legislatura. EH Bildu y PP, cuyos juristas presentaron sus propias propuestas, se oponían a prorrogar el debate.

Por su parte, en la próxima primavera llegará a ocho centros educativos vascos Herenegun, la unidad didáctica que busca trasladar la historia de la violencia en Euskadi a los alumnos de cuarto curso de la ESO y segundo de Bachiller. Lo hará tras los 36 cambios realizados después de las críticas de Covite y el PP. No se descartan nuevas revisiones una vez la prueba piloto llegue a su fin.

Dichos cambios consistían sobre todo en un incremento de los testimonios de víctimas de ETA en el contenido audiovisual. Ello no evitó que se reprodujeran los ataques a este material por "justificar la existencia de ETA" y abonar "la teoría del conflicto", según el PP. El secretario general de Derechos Humanos, Jonan Fernández, defendió en cambio que el mismo no plantea "ninguna duda sobre la deslegitimación de la violencia".

Los presos, problema perenne

La manifestación en favor de los derechos de los presos del 11 de enero en Bilbao volverá a situar el foco sobre una situación que se eterniza tras el fin de ETA. La entidad organizadora, Sare -que reivindicará el fin del alejamiento, la vuelta a casa de los presos con enfermedades graves y la situación de los "niños de la mochila" y las reclusas-, pidió a los partidos de la CAV y Nafarroa que incluyan esta reivindicación en "un acuerdo amplio" para la investidura de Pedro Sánchez.