barcelona - Tan solo hora y media después del fallo de la Justicia europea otorgando la razón a Oriol Junqueras respecto a su inmunidad y su condición de eurodiputado, llegó la reacción por parte de los tribunales españoles, en este caso relativa al Quim Torra. Así, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anunció que condena al president a una inhabilitación de año y medio por la causa de los lazos amarillos en los edificios públicos, que Torra se negó a retirar durante la campaña de las generales del pasado abril. De cualquier manera, la sentencia del TSJC no tiene efectos inmediatos y no aparta de momento al jefe del Govern de su cargo, ya que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, pero sí añade otro elemento de inestabilidad al terremoto que han provocado las últimas novedades judiciales.

Quim Torra recurrirá y se aferra al cargo, asegurando que no permitirá que ningún tribunal le inhabilite, a la par que anuncia que se someterá a una votación en el Parlament para que su liderazgo al frente de la Generalitat se vea refrendado por los grupos de la Cámara. De cualquier manera, la condena al president pone en tela de juicio la legislatura catalana y se abren ya las quinielas electorales de cara a un posible adelanto de las catalanas, que en todo caso está en manos de Torra.

Respecto a la sentencia del alto tribunal catalán, se condena al president por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos y por su "recalcitrante y reiterada actitud desobediente" al no acatar las resoluciones. En la misma línea, el fallo atribuye a Torra una "voluntad consciente y una disposición inequívoca" de contravenir los mandatos del órgano electoral. Por todo ello, le condena a 18 meses de inhabilitación, a una multa de 30.000 euros y a asumir las costas del juicio. Se trata de dos meses menos de suspensión de cargo público de los que reclamaba la Fiscalía.

La causa por desobediencia que ha culminado en condena deriva de una querella que presentó la Fiscalía, después de que la Junta Electoral Central le comunicara que el president había desoído su orden de retirar los símbolos de apoyo de los independentistas presos. En un primer momento, fue Ciudadanos quien denunció ante la Junta que las fachadas de los principales edificios públicos de la Generalitat exhibían pancartas y eslóganes a favor de los independentistas presos, lo que motivó la orden para que Torra las retirara.

La condena de inhabilitación -que impediría al actual president de la Generalitat ejercer su cargo, así como cualquier oficio público de carácter local, autonómico, estatal o europeo- no es todavía firme ni supone ninguna actuación inmediata, dado que cabe recurso ante el Tribunal Supremo. Por tanto, el jefe del Govern no prevé por el momento renunciar e incluso se comprometió ayer a someterse a una votación sobre su continuidad en el Parlament. "A mí no me inhabilita ningún tribunal", zanjó poco después de conocerse el fallo sobre su persona.

En una declaración institucional en el Palau de la Generalitat frente a los consellers de su Govern, el president anunció su intención de recurrir al Supremo la pena de inhabilitación por desobediencia, pero a la par se rebeló contra los tribunales españoles, que considera que carecen de autoridad para apartarle de su cargo. De cualquier forma, Quim Torra prevé someterse a una votación en el Parlament para evidenciar que sigue contando con el respaldo de la mayoría del hemiciclo. En esta línea, considera "necesario" que la Cámara reafirme su figura frente a las decisiones judiciales.

"Mi condena es su condena", añadió el líder catalán, replicando las palabras que pronunció ante el TSJC en una causa en la que aseguró haber defendido la libertad de expresión de todos los ciudadanos por deber y obligación. Asimismo, cargó contra el tribunal que ha emitido el dictamen formado por "tres personas desprovistas de las más elemental imparcialidad, en un proceso lleno de irregularidades, impulsado por una Fiscalía convertida en garante de los intereses del Gobierno español, que pretende cambiar a un presidente escogido por los representantes de millones de catalanes".

multitud de escenarios Pese a que la sentencia del TSJC no aparta por el momento de su cargo a Torra, éste sí queda a expensas de un recurso ante el Supremo que tiene pocos visos de resolverse a su favor. Por tanto, se abren ahora multitud de escenarios respecto a una legislatura catalana que debería acabar en diciembre de 2021, pero que parece que no se prolongará por largo tiempo. Así, cobra fuerza la hipótesis de un adelanto electoral a lo largo del próximo semestre, aunque dependerá de lo que ocurra finalmente con la investidura de Pedro Sánchez. Otras voces apuntan a un posible regreso de Carles Puigdemont -si viera confirmada su inmunidad- para volver a asumir la presidencia de la Generalitat.