gasteiz - La sentencia del caso De Miguel ha entrado de lleno en el terreno de la disputa política. Los partidos de la oposición, algunos con mayor intensidad que otros, coincidieron ayer en agitar esta sentencia para exigir responsabilidades políticas al lehendakari Urkullu. Cuando estalló el caso de corrupción en 2010, era el presidente de la ejecutiva del PNV, y ahora lidera el Gobierno Vasco, lo que convierte esta sentencia en una herramienta de presión clave en puertas de las elecciones. Aunque el fallo judicial afirma que los acusados actuaron para su "enriquecimiento personal" y no del partido, el caramelo que supone esta sentencia para la oposición en puertas de las elecciones autonómicas de 2020 propició que se situara ayer en el centro del debate. Los discursos más duros llegaron desde el PP y EH Bildu, que coincidieron en implicar al PNV y no ver los hechos como un caso aislado. El PP llegó a deslizar que los socialistas deberían presentar una moción de censura contra el lehendakari, y la coalición abertzale dijo que nadie se cree que la cúpula del PNV no estuviera al corriente de lo que se cocía en Araba con el cobro de comisiones en la trama del ex diputado foral Alfredo de Miguel.

A la noche, en declaraciones a la prensa en su visita al Palacio Europa de Gasteiz, el lehendakari reprochó a PP y EH Bildu que "parece que los extremos se tocan, algunos de ellos, además, jamás han hecho su autocrítica con respecto a su propio pasado". Volvió a destacar que la sentencia no señala al PNV y que, en este momento, como lehendakari, no tiene "ninguna responsabilidad más que ante la sociedad". Se centró en tratar de evitar que estos comportamientos se repitan. El presidente de la ejecutiva jeltzale, Andoni Ortuzar, volvió a salir a la palestra en sendas entrevistas en Onda Vasca y Radio Euskadi para proyectar que no se esconde. Tras reafirmarse en la petición de perdón que había hecho pública un día antes, quiso sin embargo parar los pies a las críticas del PP y la izquierda abertzale al rechazar "lecciones" de un partido al que le estalló el caso Gürtel, o de un sector social y político que calló o amparó actuaciones como la petición del impuesto revolucionario, en alusión a la extorsión de ETA sobre colectivos como los empresarios.

"Que EH Bildu no se ponga en la presidencia del tribunal inquisitorial porque, si aquí ha habido corrupción, es la del impuesto revolucionario, del que se ha beneficiado activa y pasivamente. Lecciones de ellos, no", lanzó. Al PP le aclaró las diferencias entre los casos De Miguel y Gürtel. El PP se benefició del dinero de la trama y no hizo autocrítica, mientras que el PNV no vio ni un euro y "asumió su responsabilidad desde el primer día; se exigió el carné a los implicados (lo hizo Urkullu) y hubo un cambio de los estatutos en el partido" para dar respuestas más rápidas. En el plano cuantitativo, Ortuzar dejó caer que el quebranto a las arcas públicas en el caso que afecta al PNV es de 146.000 euros, mientras que las informaciones que apuntaban a la financiación irregular de la sede del PP en Bilbao esbozaban cantidades que "desbordan" por mucho ese dinero. "No quiero entrar en el y tú más, pero pido mesura en las declaraciones", aclaró.

Esta sentencia supone un escollo en el camino del PNV y va a presidir el debate político en los próximos días. Pero el caso lleva coleando diez años y hasta la fecha no ha pasado factura a los jeltzales. Ahora llega en puertas de las elecciones autonómicas de 2020, pero la situación quizás hubiera sido más peliaguda si el lehendakari hubiera convocado un adelanto para el mes de marzo, algo que ya quedó claro que no va a hacer porque tiene los Presupuestos encarrilados por el pacto con Podemos y Equo. Las elecciones serán en junio o en octubre. El lehendakari se enfrenta a la posibilidad de que la oposición lance una ofensiva parlamentaria con este asunto, sobre todo en lo que se refiere a la conformación de una Oficina Anticorrupción vasca, preguntas para su respuesta en pleno, o iniciativas para criticar su actuación. Lo que parece inviable es una moción de censura que lo desaloje de Ajuria Enea. El PSE ha tenido una reacción muy medida y no ha dado muestras de querer romper el acuerdo de gobierno con el PNV. Además, los jeltzales serán importantes en la investidura y la gobernabilidad del socialista Pedro Sánchez en Madrid. Este escenario dejaría la moción de censura en manos del PP, EH Bildu y Elkarrekin Podemos, que tendrían que sumar sus votos en torno a un candidato alternativo.

Podemos acaba de firmar un pacto presupuestario con Urkullu. Ha tenido una reacción crítica a la sentencia, pero se centra en exigir medidas de control. No obstante, en Gasteiz, donde también acaba de pactar las Cuentas con PNV y PSE, pide frenar la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano por esta trama. Por otro lado, la suma entre el PP y la izquierda abertzale sería impensable con el discurso actual de los populares a nivel estatal, donde Casado utiliza el diálogo de Bildu con el PSOE en Nafarroa y Madrid para atacar a Sánchez.

críticas Por ello, el PP solo lanzó la idea de la moción de censura como algo retórico. Las fuentes del partido consultadas aclaran que la sugerencia de que los socialistas presenten una moción es solo una "metáfora" para reflejar que se contradicen y que fueron más duros al desalojar a Mariano Rajoy de La Moncloa. El presidente del PP de Araba, Iñaki Oyarzábal, aseguró que, si Urkullu "fuera coherente, debería presentar su dimisión hoy mismo". "Estamos ante una trama de partido, a beneficio del partido, que buscaba crear una red clientelar a beneficio de esas siglas", dijo, para añadir que "el lehendakari miente cuando dice que el PNV nunca supo nada" y dijo que, si el partido no está señalado en la sentencia, es porque legalmente no era posible porque el Código Penal no lo contemplaba. Al PSE le dijo que, "si fuera coherente, tendría que estar presentando una moción de censura". Desde Bildu, Otegi dijo a ETB que en Euskadi "también hay corrupción y se lo llevan crudo". Habló de "redes de corrupción" en Osakidetza, y recriminó a Ortuzar que "saque el espantajo de ETA". Bildu opina que nadie puede creer que esa red funcionara de manera "autónoma sin que nadie tuviera conocimiento".