El Reino Unido considera que el Protocolo para Irlanda del Norte, que el primer ministro británico, Boris Johnson, acordó con la Unión Europea (UE) tras intensas negociaciones, provoca demasiados problemas.

Tras 18 meses en vigor, el Gobierno británico rechazó poner en marcha buena parte de los controles previstos, aplazados "sine die", y amenaza ahora con reescribirlo unilateralmente.

Bruselas propuso suavizar su aplicación y reducir hasta un 80 % las inspecciones aduaneras, pero descarta modificar el texto, como exige Londres. Ante esa negativa, el Ejecutivo británico prepara una ley que una vez aprobada -la tramitación puede tardar hasta un año- le otorgará competencias para evitar cumplir amplias partes del acuerdo.

Estos son los principales problemas que percibe el Reino Unido en el Protocolo norirlandés y las medidas que le permitirá adoptar su proyecto legislativo:

Movimiento de mercancías

La salida británica del bloque europeo planteaba un dilema envenenado: cómo controlar la entrada de mercancías a la UE desde un tercer país como el Reino Unido y respetar al mismo tiempo los acuerdos de paz de 1998, que vetan cualquier aduana entre Irlanda del Norte y al República de Irlanda, la nueva frontera terrestre de la Unión.

La solución fue mantener al Úlster integrado en el mercado comunitario para bienes. Ese plan traslada los controles al paso marítimo entre Irlanda del Norte y la isla de Gran Bretaña.

Londres considera que esa medida parte en dos su propio mercado interno, crea demasiada burocracia e incrementa los costes para las empresas.

-¿Qué propondrá la nueva ley?

El Gobierno británico quiere crear un sistema que identifique de antemano qué mercancías están destinadas al consumo en Irlanda del Norte y cuáles viajarán hacia la Unión Europea. Propone someter a controles solamente las segundas.

Para lograrlo, aspira a poner en marcha un sistema tecnológico de información compartida en tiempo real que facilite tanto a Londres como a Bruselas controlar que se cumplen los requisitos aduaneros.

Estándares europeos o británicos

Con Irlanda del Norte integrada en el mercado único, sus empresas deben cumplir los mismos estándares de producción que el resto de sus competidores en la UE.

Apenas un año y medio después del Brexit, el Reino Unido y la Unión comparten aún gran parte de esos estándares, pero a medida que pase el tiempo, Londres puede aprobar sus propias normas y firmar acuerdos comerciales con terceros países que se alejen de la normativa europea.

Para la ministra de Exteriores británica, Liz Truss, la obligación de cumplir esos estándares significa que los productores norirlandeses afrontan "onerosas restricciones".

- ¿Qué propondrá la nueva ley?

La legislación "eliminará las barreras regulatorias a los productos elaborados en el Reino Unido que se venden en Irlanda del Norte".

Según esos planes, el Gobierno creará un "régimen regulatorio dual" que permitirá a los productores "elegir entre los estándares británicos y los europeos".

Límites a las ayudas estatales

Bajo el argumento de que las empresas norirlandesas deben competir en igualdad de condiciones con el resto del mercado europeo, el protocolo exige al Gobierno británico consultar con Bruselas antes de aplicar ciertos subsidios estatales en la región.

Para Londres, esa condición impide a los norirlandeses "beneficiarse por completo" de ayudas y medidas económicas que solo se podrían aplicar en Inglaterra, Escocia y Gales. Evita, según el ejemplo que ha esgrimido Truss, que pueda aplicarse una reducción del IVA a los paneles solares.

- ¿Qué propondrá la nueva ley?

La ministra de Exteriores ha sido tajante en ese punto: "La ley otorgará la capacidad al Gobierno de tomar decisiones sobre fiscalidad y políticas de gasto en todo el Reino Unido".

Competencias de los tribunales europeos

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es la última instancia para dimir disputas comerciales en Irlanda del Norte.

El Reino Unido argumenta que es insólito en tratados internacionales que los magistrados de una de las partes tengan la potestad única para resolver conflictos.

Londres defiende crear un comité de arbitraje conjunto. Algunos expertos sugieren que Bruselas podría llegar a aceptar esa posibilidad, aunque querría mantener un último poder de veto para el TJUE.

- ¿Qué propondrá la nueva ley?

La legislación que el Gobierno llevará al Parlamento durante las próximas semanas aspira a "poner el protocolo en línea con las normas internacionales".

El Ejecutivo ha asegurado al mismo tiempo que quiere "proteger" el mercado europeo e impondrá "multas robustas" a las empresas que traten de "aprovecharse del nuevo sistema".