egún el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, su agencia ha colaborado con el Departamento de Defensa, el de Aduanas y Protección Fronteriza y con las autoridades mexicanas para efectuar el trasladado a 8.000 de los inmigrantes a diversas partes de México. Un total de 2.400 personas han sido repatriadas a Haití, país con el que se ha acordado un pago de unos 5,5 millones de dólares (unos 4,7 millones de euros) para el cuidado de estas personas. El resto, unos 5.000 emigrantes, han sido llevados a instalaciones en diversos lugares de los Estados Unidos "para garantizar que estas personas sean custodiadas y procesadas rápidamente y de acuerdo con la ley".
A algunos de estos últimos se les dará entrada en el país. De hecho, cientos de miles de extranjeros trabajan legalmente en la república. Se emiten unas 140.000 tarjetas de residencia de empleo anualmente. En 2020, Estados Unidos otorgó cerca de 125.000 visas H1B para trabajadores altamente calificados (dos de ellas a profesores de nuestro Centro de Estudios Vascos), y más de 275.000 visas para trabajadores temporales. Más de dos tercios de ellos fueron admitidos en virtud de criterios de reunificación familiar.
Los inmigrantes constituyen un segmento demográfico significativo. Se estima que la población indocumentada en los Estados Unidos es de unos 11 millones de personas, cantidad que se ha estabilizado desde que llegó a su punto máximo antes de la crisis de 2008. Aproximadamente dos tercios de los inmigrantes indocumentados han vivido en los Estados Unidos durante más de una década, y muchos son padres de menores nacidos en el país. En 2019, comprendían casi el 14% del total o 45 millones de personas de un total aproximado de 328 millones de habitantes. Pero los inmigrantes y sus hijos nacidos en la república representan aproximadamente el 26% de la población y en 2020 constituían el 17% de la fuerza laboral del país según la Oficina de Estadísticas Laborales.
Una encuesta de Gallup de 2020 informa que el 77% de los encuestados considera que la inmigración es algo bueno para el país y, sin embargo, la última reforma integral aprobada en el Congreso sobre esta materia fue la del presidente Reagan en 1986. Entonces el gobierno otorgó amnistía a unos tres millones de indocumentados.
La administración de Biden tiene que regirse por las políticas en materia fronterizas de la era Trump que, con la excusa de la pandemia, permite a las autoridades fronterizas expulsar rápidamente a los inmigrantes sin facilitar su permanencia en el país. En julio de 2021, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza registró 212.000 encuentros con inmigrantes ilegales en la frontera con México, la cifra mensual más alta en dos décadas. Más de 70.000 migrantes llegaron desde Panamá entre enero y septiembre de 2021, casi la mitad de ellos procedentes de Haití. Se calcula que hay 30.000 haitianos en Colombia intentando alcanzar el Río Grande, y se calcula que 80.000 migrantes cruzarán Panamá camino de los Estados Unidos para fines de año.
Biden ha revertido muchas de las políticas restrictivas de la era Trump. Se han reducido las extradiciones, se ha levantado la suspensión del procesamiento de permisos de residencia y, se ha detenido la construcción del muro. Su administración también ha multiplicado la emisión de tarjetas de estatus de protección temporal (TPS) y está realizando esfuerzos para acelerar la reunificación de las familias emigrantes, incluido el restablecimiento del Programa de Menores en Centroamérica (CAM). La administración ha tratado de abordar las causas subyacentes de la crisis migratoria prometiendo 4.000 millones de dólares en ayudas a los países centroamericanos.
No obstante, la afluencia histórica de migrantes en la frontera con México amenaza con desestabilizar los esfuerzos de la administración Biden. Y el Partido Republicano está utilizando esta cuestión para generar odio, turbación e irritación social.
Hay dos alternativas políticas frente a este tema, la roja ("seguridad fronteriza y expulsión") y la azul ("selección y apertura progresiva a la inmigración").
Un buen ejemplo de la alternativa roja es el gobernador de Texas, Greg Abbott, un vigoroso republicano, que solicitó el lunes la declaración del estado de emergencia debido al sunami migratorio declarando que "la oleada abrumadora de personas que intentan cruzar ilegalmente la frontera entre Texas y México en el condado de Val Verde... plantea riesgos mortales para los residentes del condado". ¿Su idea? Construir barreras de acero de millas de largo con vehículos policiales "para disuadir a los inmigrantes". Bajo el lema de "Texas no necesita el permiso de nadie para proteger a Texas", su estado está respondiendo a la crisis "con el plan fronterizo más sólido y completo que jamás haya visto la nación": arrestar y detener a cuantos inmigrantes encuentren a su paso y construir un muro fronterizo financiado por donaciones particulares cuya recaudación alcanza ya 54 millones de dólares.
En opinión de Abbott, el problema no es la inmigración (su origen, causas y consecuencias para las personas desplazadas y sus familias) sino la llegada de inmigrantes. Entienden que se trata de una epidemia, una influencia negativa para "la población estadounidense".
Frente a esta forma tan llana de entender la humanidad y los fenómenos migratorios, Nicole Phillips, directora legal del Haitian Bridge Alliance, defiende que es preciso detener las repatriaciones de inmediato y dar entrada a un mayor número de inmigrantes que no deben regresar al lugar de donde huyeron. Sobre esta base, el plan sobre reforma migratoria del Partido Demócrata tienen cinco pilares básicos: 1) Proporcionar una hoja de ruta hacia la ciudadanía a millones de indocumentados y otorgar la residencia permanente a aproximadamente 8 millones de personas; 2) revertir las prohibiciones y políticas discriminatorias que niegan protección a determinados grupos humanos en virtud de religión, género, orientación sexual o identidad de género; 3) aprobar la Ley DREAM, legislación que permite a jóvenes de otros países pedir la residencia permanente y, en última instancia, la ciudadanía; 4) reformar el Servicio de Inmigración y Naturalización para brindar mejores servicios y reducir la acumulación de solicitudes de ciudadanía de casi dos años a tres meses y, 5) proteger a los inmigrantes de la explotación por parte de sus empleadores dentro del país.
Hay una razón más, de menos calado humano, que ha convertido el debate político en una pendencia electoral. Hoy en día, la población hispana constituye el 14,4% del total, y se espera que para el 2050 constituirá el 24% de la población del país, y entre un 60% y un 75% de ellos han votado al Partido Demócrata. Para muchos es una ecuación: "Cuanto más Hispanoamérica se vuelve USA, más Democrática se vuelve América".
El asesor legal del Senado sobre la interpretación de las reglas permanentes y los procedimientos parlamentarios rechazó el domingo pasado el plan de reforma migratoria demócrata como "no procedente". El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, busca ahora otras opciones para que se apruebe la nueva ley sobre inmigración, pero el elefante rojo hará lo posible por derribar la aprobación de leyes sobre inmigración y hará lo indecible por detener y criminalizar la naturalización de los "demócratas importados".
