n enero de 2020, los senadores Tim Kaine (Demócrata, de Virginia) y Todd Young (Republicano, de Indiana) presentaron una resolución conjunta para derogar dos medidas autorizadas por el Congreso: la autorización para el uso de la fuerza militar (AUMF) contra Irak promulgada el 4 de enero de 1991, y la AUMF contra este mismo país del 16 de octubre de 2002. El preámbulo de la resolución de ambos senadores aclaraba que la derogación de las autorizaciones de guerra no afectaría las operaciones militares en curso, la mayor parte de las cuales responden a la AUMF de 2001, aprobada como respuesta a los ataques del 11 de septiembre.

Kaine las ha denominado "autorizaciones zombi" porque permiten hacer la guerra aun después de que ésta haya acabado. Young añadía que el Congreso no ha sabido desempeñar debidamente su función de supervisión constitucional, ya que en virtud de dichas autorizaciones se ha podido hacer la guerra con propósitos completamente desligados de su razón de ser, años o incluso décadas después de que dichos conflictos hubiesen sido "resueltos" (que en este contexto significa "olvidados").

La Resolución del Consejo de Seguridad 678 autorizó el uso de la fuerza contra Irak si Sadam Husein no retiraba sus tropas de Kuwait antes del 15 de enero de 1991. La expulsión de las tropas iraquíes de Kuwait en febrero de 1991 dio lugar a la resolución 687, un alto el fuego temporal que suspendió -pero no dio por terminada- la guerra. Algo parecido ocurrió nueve años más tarde. El 12 de septiembre de 2002 el George Bush se dirigió a la Asamblea General de Naciones Unidas y el Congreso aprobó la autorización para el uso de la fuerza militar contra Irak en octubre de 2002 sin incluir limitación geográfica o temporal alguna. Desde esta perspectiva AUMF significaba llanamente "hagamos la guerra". Como en 1991, alguien se olvidó de declarar oficialmente el fin del conflicto.

Estados Unidos ha declarado cinco guerras que han terminado en virtud de sendos tratados de paz, pero en la abrumadora mayoría de los casos -concretamente en 40 ocasiones- las guerras de la república se han puesto en marcha mediante autorizaciones para el uso de la fuerza militar (AUMF) y la mayoría de ellas nunca fueron derogadas.

El Congreso tiene el poder de declarar la guerra, pero es el presidente, como comandante en jefe de las fuerzas armadas, quien detenta la autoridad legal de utilizar tropas en el extranjero, incluso en ausencia de una aprobación previa del Congreso. No obstante, el presidente no tiene capacidad física de movilizar las tropas, ya que carece de la autoridad para asignar fondos con los que sufragar dichos conflictos, que es una prerrogativa del Congreso. Pero la Constitución no prescribe cómo debe el Congreso declarar la guerra. La práctica indica que, como en el caso de la AUMF contra Irak de 2002, el Congreso debe aprobar una resolución conjunta autorizando el uso de las fuerzas armadas. En aquella ocasión, la resolución fue introducida en la Cámara por Dennis Hastert (Republicano, de Illinois) el 2 de octubre y promulgada por el presidente Bush el 16 de octubre siguiente. El texto de estas resoluciones es por lo general muy vago, como en el caso de la AUMF de 2002, que se limitó a afirmar que "el presidente está autorizado a utilizar las fuerzas armadas de los Estados Unidos según lo considere necesario y apropiado para (1) defender la seguridad nacional de los Estados Unidos contra la continua amenaza que representa Irak; y (2) hacer cumplir todas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con respecto a Irak". Esto permite a los presidentes utilizarlas como un comodín.

Biden votó en favor de la AUMF de 2002 (antes de que Bush la firmara). Pero existen serias dudas sobre su legitimidad y legalidad. Expertos de derecho internacional utilizan el concepto "derecho de legítima defensa preventiva" para excusar esta guerra. Según este principio es lícito y legal (e incluso ocasionalmente pertinente) orquestar "una guerra de agresión defensiva"... La resolución 1441 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, adoptada por unanimidad (15 votos a favor y ninguna abstención o voto en contra) el 8 de noviembre de 2002, utilizó este principio al ofrecer a Saddam Hussein "una última oportunidad para cumplir con sus obligaciones de desarme" o ir a la guerra. Se argumenta que la negativa de Irak otorgó derecho a los Estados Unidos y a sus aliados a "iniciar una guerra de autodefensa preventiva" a fin de protegerse del terrorismo fomentado por Irak. Pero, a pesar de estos severos razonamientos, el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, fue muy rotundo al afirmar que la invasión fue un crimen de guerra.

En nombre de AUMFs como la de 2001, dirigida contra grupos terroristas que dos décadas después de haber sido promulgada ya no existían, las administraciones Bush y Obama continuaron justificando el mantenimiento de tropas en Oriente Medio y la realización de acciones militares en Libia, Pakistán, Siria y Somalia, entre otros lugares. Trump se mostró reticente a la movilización de tropas porque no tenía intereses en la industria armamentística: algo es algo.

Todas estas guerras han demostrado ser letales, inútiles y terriblemente costosas y el problema ahora es cómo dar término a esta tradición belicista. Tal como afirma Charles Stimson para The Heritage Foundation, saber quién tiene la facultad legal de terminar una guerra en la república es tan difícil como saber quién puede autorizarla... La constitución no deja claro si el Congreso tiene capacidad para revocar las AUMF unilateralmente o si requiere el concurso del presidente. El presidente podría impedir que el Congreso pusiera fin a una guerra sin su consentimiento, si bien el Congreso puede impedir que el presidente gaste fondos públicos para jugar a la guerra.

Prácticamente ningún miembro del actual Congreso estaba en activo cuando se aprobó la AUMF de 1991, y muy pocos estaban en el cargo cuando se adoptó la AUMF de 2002: son causas perdidas y olvidadas. El senador Young afirma que la derogación de las dos AUMFs contra Irak por parte del Congreso va a servir para prevenir el uso indebido de autorizaciones vencidas (ligadas a intereses distintos a los de su origen) y para fortalecer la autoridad del legislativo en lo referente a las declaraciones de guerra y las proclamaciones de paz.

Sin embargo, a la luz de la legislación internacional, la guerra sigue siendo legal. Un estudio de la geopolítica y la estrategia militar aplicada por las administraciones norteamericana y europeas en Oriente Medio de las últimas dos décadas muestra qué fácil es declarar la guerra y qué complicado es proclamar la paz. Fundamentalmente, deberíamos haber aprendido qué difícil es saldar una guerra y asentar las bases de una paz social y política sólida y duradera, aún años después de que las causas del conflicto hayan desaparecido. Incluso después de que ya no haya guerra. Pero, sobre todo, ahora sabemos qué absurdo y costoso es el concepto legal de "derecho de legítima defensa preventiva" y cuál es el precio social, cultural, político y económico que todos debemos pagar por la incapacidad de las Naciones Unidas de hacer algo tan básico y propio como declarar la guerra ilegal.