- La Coalición de la Esperanza, alianza política de centroizquierda para las elecciones de 2022, pidió ayer al presidente colombiano, Iván Duque, un diálogo “genuino” con los organizadores de las protestas para encontrar soluciones al descontento social que reina desde hace 10 días en las calles del país.

En un comunicado leído antes de la reunión con Presidencia por Humberto de la Calle, precandidato presidencial, la Coalición aseguró que reclamaba al jefe de Estado un “diálogo genuino, concreto y eficaz con el comité del paro”. Puntualizaron que van a la reunión con el jefe de Estado sin el propósito de “sustituir a quienes han enarbolado la bandera de la inconformidad”. Según los líderes políticos, debe ser “con este comité con el que se tramiten las peticiones del paro, sin perjuicio de que el Gobierno pueda dialogar con otros sectores y personas”.

Además de De la Calle, a la reunión con Duque en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, asistieron los precandidatos a la Presidencia Ángela María Robledo, Jorge Enrique Robledo, Juan Fernando Cristo y el senador Antonio Sanguino, entre otros.

La alianza electoral expresó, igualmente, que asisten a la reunión y que esto no responde a cálculos políticos porque, aseguró, resolvió “tomar el camino que dicta nuestra conciencia, anteponiendo genuinos intereses nacionales a las grandes desavenencias que dividen nuestra sociedad”. Añadió que lo que los mueve a sus dirigentes es el “ánimo exclusivo de colaborar con la solución de la actual crisis, sin antecedentes contemporáneos”.

De otro lado, aseguraron que ellos trabajan en propuestas que van desde un plan de emergencia nacional, renta básica para 6,2 millones de hogares pobres y matrícula sin costo para jóvenes universitarios.

La reunión de ayer se produjo en desarrollo de la convocatoria del presidente Duque a los sectores políticos para dialogar y encontrar soluciones al descontento social expresado en diez días de protestas contra su Gobierno, que dejan al menos 24 personas muertas y unos 800 heridos, según la Defensoría del Pueblo.

Duque se reunió desde el jueves con líderes de los partidos aliados de su Gobierno, así como con representantes de universidades, gremios, organizaciones estudiantiles, líderes comunitarios, gobernadores y alcaldes. Sin embargo, no hay fecha aún para la reunión con los dirigentes del Comité del Paro, ni con otras organizaciones sociales que están liderando las protestas pacíficas que llevaron en estos días a decenas de miles de colombianos a las calles. El gobernante colombiano también se reunió el jueves con los representantes de las altas cortes del país, quienes le pidieron que “los delitos que en el marco de la protesta se presentaron contra cualquier ciudadano o servidor público, deben ser investigados, priorizados y sancionados por las autoridades competentes”.

La estatua del fundador de Bogotá, el conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada, fue derribada ayer por indígenas del pedestal en que estaba instalada en el centro de la ciudad, como parte de las protestas.

Con tambores y banderas, y coreando vivas a “las autoridades indígenas de Colombia”, al “pueblo Misak” y a “las mujeres de Bogotá”, un puñado de indígenas llegó hasta el monumento situado en la plazoleta de la Universidad del Rosario, en el centro de Bogotá, para tumbar la estatua.

“A partir de este momento no van a tener en Bogotá a este violador, a este supuesto conquistador”, proclamó uno de los líderes de los indígenas, según se ve en vídeos que circulan en redes sociales.

La Inspección General de la Policía de Colombia informó ayer de que abrió casi medio centenar de investigaciones a nivel interno por un presunto uso de la fuerza por parte de los agentes en el marco de las protestas registradas en el país desde hace diez días.

La campaña Defender la Libertad recibieron al menos 569 denuncias por agresiones y violencia a manos de los agentes. En Colombia los delitos que son cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad en el desarrollo de sus funciones son juzgados ante la Justicia Penal Militar.

La ONU exige que se garantice la paz. Las Naciones Unidas ha exigido se garantice el derecho a la libertad de reunión pacífica y a la protesta. Además condenó cualquier acción violenta, incluso la “sexual”, así como los “actos contra la infraestructura. Para terminar, enfatizó en la importancia de garantizar alimentos y medicina.