- La Justicia británica rechazó ayer la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, que lo acusa de presunto espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal digital WikiLeaks, al considerar que podría suicidarse durante el proceso en ese país.

Al emitir su dictamen en el tribunal penal londinense de Old Bailey, la jueza Vanessa Baraitser denegó la entrega por motivos de salud después de descartar el resto de los argumentos de la defensa del australiano, de 49 años, que alegó que la petición de Washington tenía “motivaciones políticas” y que su cliente no afrontaría un juicio justo allí.

Baraitser explicó que el testimonio el pasado septiembre de varios psiquiatras la convenció de que el antiguo hacker, que lleva más de una década confinado en el Reino Unido pese a no haber sido condenado por ningún delito, “es un hombre deprimido y a veces desesperado que teme por su futuro”. La magistrada señaló que, ante las probables condiciones de aislamiento que afrontaría en EEUU y sin la red de apoyo con la que cuenta en territorio británico, la Justicia estadounidense “no podría prevenir” que el informático, diagnosticado con síndrome de Asperger, “hallara la manera de suicidarse”. “Por este motivo, he decidido que la extradición sería opresiva en razón del perjuicio mental” que conllevaría, concluyó.

En el banquillo de los acusados, Assange, con traje oscuro y mascarilla, cerró los ojos al escuchar el fallo, mientras que su pareja y madre de dos de sus hijos -nacidos cuando estaba refugiado en la embajada de Ecuador en Londres-, Stella Moris, rompió a llorar.

Baraitser pospuso la sesión hasta mañana, cuando, tras oír los alegatos de la acusación y la defensa, decidirá si le otorga la libertad condicional o lo mantiene provisionalmente en la cárcel londinense de Belmarsh mientras se resuelve el recurso de la Justicia estadounidense contra el dictamen que impide su entrega a ese país.

La Fiscalía británica, en representación de la Administración de EEUU, ya ha indicado que recurrirá el veredicto ante el Tribunal Superior de Londres dentro del plazo previsto de catorce días. El abogado de Assange, Edward Fitzgerald, adelantó que mañana explicará “el impacto negativo” que tendría para su cliente seguir encarcelado, al tiempo que propondrá “un paquete de medidas” de control, que podrían incluir vigilancia domiciliaria o fianza, para garantizar que no existe “riesgo de fuga”.

En una declaración a las puertas del tribunal, Moris pidió ayer al Gobierno del aún presidente de EEUU, Donald Trump, que retire los cargos contra su prometido y desista de recurrir el fallo.

Estados Unidos aspira a procesar a Assange por 17 delitos al amparo de su ley de espionaje y uno por la ley de fraude y abuso informático, sobre todo por la difusión en 2010 y 2011 (aunque ahora amplía el periodo de 2007 a 2015) de registros militares y otros documentos confidenciales. Concretamente, le acusa de haber conspirado con el exsoldado estadounidense Bradley Manning (hoy Chelsea Manning) en 2010, así como con otros hackers entre 2007 y 2015 para obtener y publicar ilegalmente información secreta en su portal. Las revelaciones en WikiLeaks expusieron crímenes de guerra en Irak y Afganistán, archivos sobre las detenciones extrajudiciales en la prisión de Guantánamo y cables diplomáticos que desvelaron abusos de los derechos humanos en todo el mundo.

Detenido inicialmente en 2010 en Londres a instancias de Suecia por un caso de presuntos delitos sexuales hoy archivado, Assange ha pasado más de una década confinado en el Reino Unido, primero bajo arresto domiciliario y en la embajada de Ecuador de 2012 a 2019 (cuando Quito le retiró el asilo político), y actualmente en prisión, a la espera de que termine el actual proceso.