- El presidente de EEUU, Donald Trump, lleva días alentando a sus simpatizantes a pasar un día entero en los colegios electorales observando a los votantes en las elecciones del 3 de noviembre, listos para llamar a abogados en cuanto perciban alguna de las irregularidades que el mandatario lleva denunciando desde hace meses, y que hasta este momento no ha refrendado ningún tribunal.

El llamado ejército de Trump no es una iniciativa ilegal, pero la campaña demócrata ha avisado de que estos observadores no pueden interferir el proceso de votación ni pueden forzar unilateralmente la paralización de una mesa.

Aunque el candidato demócrata, Joe Biden, también ha alentado a la observación silenciosa, se da la circunstancia de que la figura del observador es bastante insólita dentro del Partido Republicano que Trump representa. De hecho, al partido se le prohibió durante los años 80 que desplegara observadores en los colegios electorales después de que un tribunal dictaminara que los voluntarios republicanos estaban efectuando “campañas de acoso sistemático” contra los votantes. Otro fallo judicial, esta vez de 2018, suspendió esta sentencia.

Uno de los abogados de la campaña de Trump, Justin Clark, celebró el levantamiento de la sentencia. “En 2020, tenemos una oportunidad de activar un programa de operaciones sólido”, avisó.

Ante la posibilidad de incidentes violentos generados por simpatizantes de Trump, el Departamento de Justicia planea ubicar a funcionarios en un centro de mando en la sede del FBI para coordinar la respuesta federal a cualquier disturbio en las votaciones.

Un informe del Giffords Law Center advertía de la probabilidad de que “un número significativo de personas llevara armas a los lugares de votación con el pretexto de prevenir el fraude electoral” que denuncia el presidente. “En 2020, la presencia de individuos armados airados por las afirmaciones falsas sobre el fraude electoral supone un riesgo real para la seguridad”, según el informe. Solo 11 estados prohíben las armas en los lugares de votación.

Tanto la campaña de Trump como el Comité Nacional Republicano han rechazado que el despliegue de observadores tenga como objetivo la intimidación del votante y que, en su lugar, se dedicarán a proteger los derechos de los votantes.