madrid - El Tribunal Supremo ha dado luz verde a una de las promesas estrella del Gobierno de Pedro Sánchez, la exhumación de Franco del Valle de los Caídos para llevarle al cementerio de El Pardo, algo que el Ejecutivo quiere abordar “cuanto antes” para alejarlo “lo más posible” de la campaña electoral. En plena precampaña para las próximas elecciones generales del 10 de noviembre, seis magistrados de la sección cuarta de lo Contencioso desestimaron ayer por unanimidad la totalidad del recurso de la familia del dictador contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de marzo que fijaba para el pasado 10 de junio la exhumación. A la espera de saber el contenido de la sentencia, que se conocerá en los próximos días, fuentes jurídicas explicaron que entre el tribunal ha primado el “interés general frente al particular”.
En poco más de una hora los jueces llegaron a la unanimidad y acordaron desestimar el recurso de los Franco, que rechazaban enterrar los restos en Mingorrubio y apostaban por la cripta de la catedral madrileña, donde la hija del dictador, Carmen Franco, compró en 1987 una sepultura a perpetuidad con espacio para varios cuerpos. Sin embargo, los jueces Avalan, por tanto, no solo sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos, sino también llevarlos al cementerio de El Pardo-Mingorrubio, lugar elegido por el Gobierno Sánchez por cuestiones de seguridad.
EL Juez YUSTY Sin embargo, aun queda un escollo judicial para este traslado: la licencia de obras para levantar la losa de la tumba de Franco en la basílica de Cuelgamuros está suspendida provisionalmente por un juez de Madrid. El titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Madrid, José Yusty Basterreche, a quien la Abogacía del Estado intentó recusar sin éxito por publicar en 2007 un artículo contra la Ley de Memoria Histórica, atendió en febrero la medida cautelarísima que pidió un particular en una demanda contra el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial por motivos de seguridad.
El juez aunque se definió como “un profano en la materia”, dijo que “no hace falta ser arquitecto, ni ingeniero ni maestro de obras para percatarse” de que la exhumación es “algo complicado” y que existe un “riesgo evidente” para los operarios, sin olvidar que el movimiento de la losa “puede desestabilizar el conjunto”.
Aunque, según fuentes consultadas por Efe, este procedimiento -que atiende a una cuestión meramente técnica- no está necesariamente condicionado por el fallo del Supremo, está por ver si el alto tribunal hace alguna referencia a él en su sentencia, que invite al juez a desbloquear la exhumación, dado que los magistrados sí que han abordado esta cuestión. Por el momento, la Abogacía tiene previsto presentar un informe que contradiga al presentado por el particular en la vista de medidas cautelares, en la que aún no se ha fijado fecha y cuyo fallo sí que es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia.
la familia, al constitucional Mientras, la familia del dictador, que según su abogado, entiende que la exhumación está más cerca que ayer, “van a ir hasta el final” y recurrirán ante el Tribunal Constitucional (TC) “con todas las armas que nos concede la ley” porque entienden que se ha producido una vulneración de sus derechos al tratarse de “una sentencia contra una familia”, que debe ser “la primera del planeta que no puede a enterrar a su abuelo donde quiere”.
El abogado avanzó que lo más probable es que solicite al TC que paralice la ejecución de la sentencia, aunque antes tiene que conocer su contenido, especialmente si los jueces permiten a la familia elegir un lugar alternativo, como así solicitó su letrado en caso de no hacerlo en La Almudena. Si el recurso ante el TC decae, ha dicho, les queda Estrasburgo.
Por el contrario, para el Ejecutivo la decisión supone una “gran victoria de la democracia española”, según indicó Pedro Sánchez en Twitter, donde señaló que “la determinación de reparar el sufrimiento de las víctimas del franquismo guió siempre la acción del Gobierno”. - DNA