Me voy cuando quiera y cuando quiera te olvido promete la canción Amor temporero del grupo de rock navarro Marea. El problema es que ninguno de esos dos juramentos son ya creíbles para muchas mujeres marroquíes que bregan como jornaleras en los huertos de Huelva, la California de Europa como les gusta decir a los lugareños -en la recogida de la fresa principalmente-, pero también de frambuesas, moras y arándanos. Y es que, tal y como denuncian ONG, sindicatos y plataformas sociales como Mujeres 24H, Women’s Link Worldwide y la Caravana Abriendo Fronteras, muchas de esas mujeres temporeras tienen que entregar el pasaporte cuando llegan a su destino y, además, no reciben el salario hasta poco tiempo antes de finalizar la temporada de recolecta.

Esto supone que muchas de las 20.000 mujeres, siempre mujeres, que cada año entran a España desde Marruecos de forma legal -mediante la Contratación en Origen por Contingente- no se puedan mover de la finca. Ni tampoco cambiar de patrón si están descontentas. Han sido contratadas para ejecutar unas tareas rechazadas a menudo por personas desempleadas del entorno debido a su dureza, precariedad e inestabilidad. Ellas lo hacen apretadas por la necesidad familiar. Por un futuro. Siete horas doblando el lomo a seis euros la hora, más o menos... Con suerte no tienen que pagarse los guantes para recoger la fresa, pero sí el autobús diario al campo de trabajo desde el lugar donde duermen.

En Lepe se localiza uno de esos campamentos de chabolas donde sobreviven muchas de esas mujeres. “No hay luz, ni agua ni recogida de basuras”, describen varias de las activistas vascas de la Caravana Abriendo Fronteras que hace unos días visitaron ese asentamiento, de los que hay una docena en toda la provincia de Huelva. La única fuente de agua proviene de un punto en el muro del cementerio y la recogen con bidones agrícolas, según cuenta Cristina García de Andoin. A su lado, José Antonio Brazo, del Sindicato Andaluz de Trabajadores, certifica lo que ven: “Les dicen que tienen alojamiento, casa pagada con luz y con agua, pero cuando llegan se encuentran que todo son mentiras”.

Sabe de lo que habla. Llevan desde 2006 denunciando lo que todo el mundo allí conoce y calla. Hasta 4.000 chabolas han llegado a contar. “Les prometen tres meses de contrato y este año, por ejemplo, ha habido gente que ha trabajado siete días? Y no han venido de vacaciones, que esta gente ha venido a trabajar? Les ha costado más el venir que lo que han ganado”, resume el sindicalista. Porque antes de emprender su viaje a España han tenido que apoquinar por el pasaporte, el visado, el certificado médico, el del registro civil para demostrar que están casadas y tienen hijos? Sí. Así, la parte contratante se asegura que volverán al año siguiente. Por necesidad y por responsabilidad familiar. Sin embargo, la consecuencia directa y real para muchas de esas mujeres es que no pueden volver a su país porque no han ganado ni ahorrado el dinero suficiente para poder reembolsar el préstamo que tuvieron que contratar en origen para entrar en España a la vendimia del oro rojo.

DAR MAYOR VISIBILIDAD “Hemos viajado para conocer de cerca lo que ocurre, reforzar el trabajo de las personas y organizaciones sociales que tratan de cambiar esta situación y tratar de que esto tenga un eco más allá de la provincia de Huelva, porque al fin y al cabo, el 90% de las fresas y frutos rojos que comemos en Euskadi proceden de allí”, expresaba García de Andoin. Y todo eso, teniendo en cuenta que tienen un contrato en firme en virtud al acuerdo entre los gobiernos de España y Marruecos -la nombrada Contratación en Origen por Contingente- ideado para regularizar los flujos migratorios en la frontera sur estatal y que esas personas migrantes no ocupen empleos estables en España.

Un simple barniz legal para disimular los defectos de un sistema que no acaba de ser corregido por las autoridades de un lado y de otro, ni siquiera después de que el año pasado las denuncias por abusos sexuales sobre una decena de mujeres temporeras pusieran el foco mediático sobre los campos onubenses de los que en ese 2018 fueron arrancadas 230.000 toneladas de fresas, 19.000 de frambuesas, 38.000 de arándanos y casi 2.000 de moras. La facturación en esa campaña, según distintas fuentes consultadas, superó los 437 millones de euros.

La sombra de la precariedad -y no solo laboral- es alargada, sobre todo en los campamentos de chabolas que jaspean la periferia de Palos de la Frontera, Moguer, Lucena del Puerto, Mazagón, Lepe? García de Andoin, la activista de la Caravana Abriendo Fronteras, los ha visto y los ha visitado. “Las condiciones de vida en las fincas y en los asentamientos en la provincia de Huelva, la explotación laboral en las tareas agrícolas y la violencia sexual sobre las mujeres migrantes temporeras han sido uno de los motivos por los que Caravana Abriendo Fronteras -formada por 300 integrantes, un centenar de los cuales salieron desde Bilbao- ha viajado este verano a Huelva, enfatizaba García de Andoin.

Allí ha tenido la oportunidad de conocer y escuchar a Jadiya Aniani, de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, que habla abiertamente incluso de “condiciones de esclavitud”. También insistía en la denuncia de la precariedad y ponía nombres y apellidos a los presuntos responsables: “En este proceso hay tres partes implicadas: el Estado marroquí, que no se preocupa por los derechos ya que le supone una carga menos; el Estado español, cuya única preocupación es asegurarse que las trabajadoras regresan a Marruecos, y la patronal española, cuya única preocupación es el beneficio que presiona sobre los salarios”.

POBREZA, MIEDO? A la pregunta de por qué no denuncian las mujeres temporeras marroquíes esos episodios de vulnerabilidad, Aniani responde con una verdad de Perogrullo: “Esencialmente porque estas mujeres no tienen otra fuente de ingresos y aguantan lo que sea porque suelen tener personas dependientes a su cargo; y tienen miedo de hablar y que no se les quiera volver a contratar”. Precisamente por ese motivo, desde el anonimato una temporera confirma que “pedimos préstamos en Marruecos y vendimos nuestras cosas para hacernos el pasaporte y venir a trabajar. Al llegar nos encontramos que había poco trabajo. Ni siquiera hemos repuesto el dinero que hemos pedido en Marruecos”.

María Viadero, de la Caravana Abriendo Fronteras, lo resumía así: “Nos encontramos ante un triple delito: racismo, machismo y abusos laborales y sexuales”. Unas palabras que, en otro tono, eran asumidas también en cierto modo por la asociación Women’s Link Worldwide cuando una de sus portavoces indicaba que “es positivo que exista un modelo que facilite que las mujeres marroquíes puedan venir a trabajar a España dentro de un marco legal, pero no puede ser a costa de vulnerar sus derechos y jugar con sus expectativas vitales”.

Pero el relato no es exclusivo de Huelva. Ahí están los campos de ajo de Cuenca, la lucha sindical en la navarra Huerta de Peralta, las temporeras del tomate en Vittoria-Sicilia, y en el norte de Italia con la uva?