MADRID - Cuando la ministra Montero dejó caer que no habría una segunda vuelta en septiembre y que la investidura de Pedro Sánchez debería quedar solucionada en julio, detrás de sus palabras había más que un órdago a Unidas Podemos o un farol. Votar la investidura en septiembre complicaría la abstención de los soberanistas catalanes de ERC y JxCat, porque en esas fechas el independentismo vivirá momentos de gran tensión emocional por la celebración de la Diada del 11 de septiembre y la posible sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés y el referéndum del 1 de octubre. Portavoces del PNV como Koldo Mediavilla e Itxaso Atutxa también han señalado este riesgo. El Supremo calcula que la sentencia se conocerá en septiembre u octubre. La fecha límite que se ha marcado es el 16 de octubre, porque en ese momento se cumplirán dos años de la prisión preventiva de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y tendría que emitir un auto motivado para prorrogar esa situación. El Supremo quiere ahorrarse ese trance y, por tanto, quiere hacer pública la sentencia antes del 16 de octubre.

Pero, al mismo tiempo, el juez Marchena tampoco quiere que la sentencia coincida con momentos políticos relevantes como la investidura, cuyo plazo límite expira el 23 de septiembre. No es una certeza que la sentencia llegue en puertas de la investidura, pero no se descarta y es una opción que se baraja en corrillos políticos. Aunque parece que ERC tiene bastante clara la abstención y los presos de JxCat están presionando en la misma dirección, las elevadas condenas que se prevén complicarían el escenario. Además, el Parlament tendría que debatir entonces la respuesta a la sentencia, que oscila entre un adelanto electoral en Catalunya que agravaría la pugna entre ERC y JxCat, y una declaración más o menos simbólica en el Parlament. Algunos colectivos presionan con la declaración de independencia. Catalunya lleva meses especulando con la respuesta que se debe dar al fallo judicial. No es descabellado que sea un debate que marque la Diada, con movilizaciones potentes del independentismo y con la presión que puedan ejercer colectivos como la ANC, que pide una declaración unilateral de independencia. La Diada, el 11 de septiembre, tendrá lugar por lo tanto sí o sí antes de que expire el plazo de la investidura, el 23 de septiembre. De ahí el riesgo. El ambiente político se va a caldear.

El burukide Koldo Mediavilla se hacía eco de esta posibilidad en el artículo publicado en este periódico el sábado, donde aseguraba que el PSOE había llegado a la conclusión de que los esfuerzos deben centrarse en julio. La presidenta de la ejecutiva vizcaína, Itxaso Atutxa, reiteró anteayer en Onda Vasca que septiembre será un mes “muy difícil, especialmente para las fuerzas catalanas”. - M. Vázquez