Vitoria - La Renta de Garantía de Ingresos (RGI), tabla de salvación para más de 50.000 personas que se asoman al abismo de la exclusión en Euskadi, volverá a resonar con fuerza tras el verano. La abstención del PP ha permitido que el proyecto de modificación de la normativa vuelva a ser debatido en la Cámara rescatando del cajón una propuesta que ha estado un año en barbecho por falta de consenso y que, en la medida que convierte ahora a los populares en interlocutores válidos, puede traer consigo un previsible recorte a la baja del plan inicial presentado por el Gobierno Vasco.

La singularidad y pertinencia de esta ayuda queda fuera de toda duda. Se trata de la principal prestación económica mensual que existe en Euskadi para atender a las necesidades más básicas, cuya normativa requiere adaptarse a los nuevos tiempos tras una década de andadura durante la cual se han operado vertiginosos cambios sociales.

Atendiendo a los últimos datos, el incremento del número de afiliados a la Seguridad Social, con un total de 326.094 cotizantes en Gipuzkoa, ha colocado al territorio en una senda de crecimiento con una cifras que no se registraban desde la antesala de la crisis. Ese viento de cola favorable después de tanta tormenta ha provocado que el número de solicitantes de RGI acuse un paulatino descenso. Es algo que viene ocurriendo en el territorio durante los últimos tres años. Abril se cerró, por ejemplo, con 12.820 demandantes de una ayuda que, según el número de personas de la unidad convivencial, puede variar entre los 667,05 y los 1.033, 2 euros.

Y la tendencia continúa a la baja. El mes de mayo registró en Euskadi 53.901 titulares de RGI, una cuarta parte de ellos pensionistas, colocando al número de beneficiarios a niveles de 2012.

El problema, en todo caso, se sigue llamando eventualidad, la eterna compañera. Nueve de cada diez nuevos empleos son temporales, lo que provoca que el crecimiento se siga sosteniendo sobre pies de barro, convirtiendo a la RGI en un asidero al que se aferra un 20% de titulares con trabajo precario, que necesitan complementar sus ingresos familiares con esta prestación.

Siendo complejo llegar a fin de mes, aún lo es más para el núcleo principal de beneficiarios (42,6%), que recurren a la ayuda por encontrarse en situación de desempleo y con serias dificultades para montarse a un tren que se les escapó hace tiempo.

Una situación de la que no escapan tampoco los más jóvenes. Son 3.057 los guipuzcoanos de 18 a 34 años que reciben la RGI, de un total de 12.600 jóvenes vascos de esta misma franja de edad. Así, Gipuzkoa cuenta todavía con 26.500 personas en paro y 35.000 en situación de pobreza, tal y como admitió la semana pasada durante la sesión de investidura el propio diputado geneneral de Gipuzkoa, Markel Olano.

intento de bloqueo La legislatura autonómica iniciará tras el verano con este telón de fondo su última fase temporal, a un año vista de elecciones salvo un eventual adelanto electoral, en un contexto de intento de bloqueo de la acción de gobierno y con una Cámara que ha aceptado tomar en consideración la aceptación de la tramitación para debatir sobre esta proposición de ley presentada por los dos partidos que sustentan al Gobierno Vasco (PNV y PSE) pero que no tienen mayoría en la Cámara vasca, y cuentan con la oposición de EH Bildu, al que ELA le sigue haciendo serio marcaje, y Elkarrekin Podemos, que también trata de ganar su propio espacio.

La izquierda abertzale ya ha marcado sus líneas rojas. Pide al Gobierno Vasco que no negocie la reforma con la “derecha xenófoba” del PP. De hacerlo se abre “un camino muy peligroso”, por lo que ha solicitado un proceso de negociación “serio y sincero” con el resto de la oposición que permita dar respuesta a las situaciones de pobreza y precariedad.

La abstención del PP permite que la reforma de la ley que regula las ayudas sociales vuelva al debate parlamentario, pero eso no quiere decir que estén dipuestos a firmar un cheque en blanco. Su idea es exigir una “garantía social” a los perceptores de la RGI para que, “igual que hacen los trabajadores”, las personas que cobran ayudas “tengan que fichar cuando van a recibir una formación continuada” y sea obligatorio que se comprometan a esa formación presencial orientada al empleo.

De la correlación de fuerzas actual, con el PP dispuesto a fijar su postura, es previsible una reforma que puede traer consigo una merma de derechos y una propuesta más restrictiva a la original. Fue esta misma formación la que comenzó a cuestionar seriamente las ayudas hace cuatro años, cuando el parlamentario del PP y por aquel entonces alcalde de Gasteiz, Javier Maroto abanderó un discurso percibido por un amplio sector de la sociedad como populista y xenófobo. “Hay gente que por la mañana va a Lanbide y por la noche delinque”, aseguraba por aquel entonces, convencido de que “los datos” ponían de manifiesto que la solidaridad de los vascos “no llegaba” a quienes la necesitaban. “La gente vive de forma fraudulenta y abusiva de la RGI. Existe una mala gestión de Lanbide y hay especialistas en fraudes y abusos”, aireaba.

Ahora los tiempos han cambiado. Además de ya no existir tanta necesidad de contener el gasto, la sospecha de cobros indebidos y fraudes que condicionaron a diario el debate público ha dado paso a un periodo de calma, justo en el momento en el que se ha decidido sacar del cajón una reforma que parecía definitivamente relegada.

Dentro de la amplia batería de medidas que puso sobre la mesa el plan del Ejecutivo, con 15 propuestas y cinco cambios normativos, se puede decir que había “una cal y otra de arena”. Así, una de las mejoras más reseñables del texto fue dotar de más progresividad a la prestación, especialmente en relación al número de hijos. Pero se desvinculaba definitivamente el sistema del Salario Mínimo Interprofesional, limitando además a una sola la prestación por vivienda, incluso a pesar de que quienes compartan el piso no sean familia o pareja y estén en situación de necesidad.