Bruselas - 18 meses dura el pulso entre Polonia y la Comisión Europea por la reforma del poder judicial del Partido Libertad y Justicia (PiS). Ayer lunes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) daba un varapalo al Gobierno de Varsovia fallando que su controvertida ley de jubilación de los jueces es contraria al Derecho comunitario. Polonia ha amenazado en varias ocasiones con “ignorar” la sentencia. En abril de 2018 entró en vigor una nueva ley polaca que establece en 65 los años de retirada de los jueces del Tribunal Supremo, obligando a jubilarse a la mayoría de los 72 magistrados que trabajan en el órgano judicial, salvo si lo decía el presidente polaco. Esta enmienda era una más de las diferentes reformas que el Partido Libertad y Justicia (PiS) estaba llevando a cabo socavando, según la Comisión Europea, la separación de poderes y el Estado de Derecho. Ahora la Justicia europea ha dado un nuevo varapalo a Varsovia estipulando que esta medida es contraria al derecho de la Unión Europea.

Ante la gravedad de la situación, Rosario Silva de Lapuerta, vicepresidenta del Tribunal de Justicia, emitió un auto en octubre instando al país del Este a frenar “inmediatamente” la aplicación de esta ley. Era la primera vez que Luxemurgo acudía a una medida preventiva de esta envergadura antes de la sentencia definitiva, que se hacía pública ayer lunes. La ley “viola los principios de inamovilidad del juez y de independencia judicial”, reza el fallo.

Con un par de fundamentos Dos son los principales sustentos de la sentencia de Luxemburgo. Por un lado, estipula que la relación entre Estados miembros es de confianza mutua en la defensa de los valores comunes: “Esta premisa implica y justifica la existencia de una confianza mutua entre sus órganos jurisdiccionales en el reconocimiento de esos valores en los que se fundamenta la Unión, entre ellos el Estado de Derecho, y, por lo tanto, en el respeto del Derecho de la Unión que los aplica”. Y por el otro, destaca que la ley polaca pone en tela de juicio la independencia judicial y la separación de poderes, un pilar fundamental de la democracia europea.

Desde que el partido polaco de la Ley y la Justicia (PiS) volviera al poder en el año 2015 ha centrado gran parte de sus esfuerzos en reformar el sistema judicial. Algo que le ha empujado a ser el primer país en la historia comunitaria sobre el que se inicia el proceso de aplicación del Artículo 7, un instrumento que en última instancia quita el derecho de voto de un Estado miembro por violación grave de los valores europeos fundamentales.

Varsovia está obsesionada con la idea de que jueces de la era comunista siguen en activo. Así, decidió retirarlos a la fuerza. Su alegato fue que pretendía armonizar la edad de los jueces con la del resto de los trabajadores del país. Pero para la máxima instancia de Justicia europea la ley es “inadecuada” y “desproporcionada”. “La medida no está justificada por un objetivo legítimo y viola el principio de inamovilidad del juez, inherente a su independencia”, concluye la sentencia. Ahora Polonia tiene que ajustar lo dispuesto por Luxemburgo “con la mayor brevedad posible”; aunque el Ejecutivo polaco ha dejado entrever en varias ocasiones que “ignorará” la sentencia.

sanciones De hacer caso omiso, Varsovia podría recibir sanciones. En cualquier caso, el de ayer marca un nuevo revés para el Ejecutivo que dirige Mateusz Morawiecki. La Comisión Europea suma 18 meses de pulso con Polonia por sus ataques al Estado de Derecho, pero durante las conversaciones que ha encabezado Frans Timmermans por parte comunitaria apenas se ha avanzado.

La deriva de Hungría también trae de cabeza al bloque comunitario, que no sabe cómo hacer frente a los enfants terribles que tiene dentro de casa, y a los que se ha sumado recientemente Rumanía o Chequia. Uno de los legados que deja esta legislatura es la defensa del Estado de Derecho, pero la Unión Europea se ha visto escasa de instrumentos para los retos del futuro en esta arena. Bélgica y Alemania han propuesto la creación de un mecanismo preventivo que intercepte las derivas autoritarias de algunos países antes de que sea tarde. Y se habla de condicionar los fondos del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) al respeto del Estado de Derecho.