- “Esperamos contar con el apoyo suficiente para poner en marcha unas medidas positivas” para los funcionarios públicos, los profesionales de la educación y la salud, y los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Así lo afirmó ayer el lehendakari, Iñigo Urkullu, en referencia a la Ley de acompañamiento presupuestaria, que el Consejo de Gobierno aprobará hoy para paliar la falta de Presupuestos y aplicar algunas de las medidas contempladas en el proyecto de cuentas para este año. Dicha ley de acompañamiento presupuestaria pasará a continuación por el trámite parlamentario, por lo que el Gobierno vasco se está afanando en la negociación con el resto de grupos de cara a lograr los apoyos necesarios para su aprobación. En este contexto, PP y EH Bildu marcaron ayer el listón de sus exigencias, cada uno por sus propios motivos, al tiempo que Podemos Euskadi expresó serias reticencias a esta iniciativa.

El presidente del PP de la CAV, Alfonso Alonso, afirmó que la principal “discrepancia” se encuentra en “la política que el PNV quiere hacer con la RGI”. Explicó que no ve “razonable” incrementar estas ayudas por encima de la subida salarial de los funcionarios, por lo no apoyará el proyecto de ley que pasará hoy por el Consejo de Gobierno. En una rueda de prensa celebrada tras mantener un encuentro en Gasteiz con responsables de la Asociación de venezolanos en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, Alonso censuró que Lakua “pretende que los que cobran ayudas sociales vean subidas sus percepciones más que los funcionarios, que los profesores y más que todo el mundo”, lo que consideró que “no es razonable”. Recomendó por ello al gabinete Urkullu que “tome en serio” a su partido y cambie el paso porque “no puede pretender aprobar políticas de EH Bildu con el voto del PP”.

La previsión es que el Ejecutivo vasco traslade el proyecto de ley a la Mesa del Parlamento hoy mismo, por lo que EH Bildu anunció que propondrá en este órgano la tramitación por separado de las medidas que incluye, por valorar que “no tienen relación entre sí”. La representante de la formación abertzale en la Mesa de la Cámara, Eva Blanco, aseguró que “al tratarse de un proyecto de ley que incluye cuestiones muy diferentes entre sí, tramitarlo y votarlo en bloque dificultaría el debate e incluso la posibilidad de acuerdo”. Avanzó, por tanto, una negociación dura, como ya lo fue la de los presupuestos de este año, que terminó además de forma infructuosa y abocó a la prórroga.

Desde Podemos Euskadi, su secretario de Comunicación, Andeka Larrea, señaló que la principal preocupación del PNV con la presentación de la Ley de acompañamiento presupuestario es “salvar” el Gobierno y no “las necesidades” de los ciudadanos. Criticó además que los jeltzales “comparten objetivos y modelo económico con el PP de Casado”, por lo que, a su juicio, el “plan A” del Gobierno Vasco siempre fue la prórroga presupuestaria para después pactar con el PP.

Facilitar el proyecto Un panorama muy diferente describió el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka. Explicó que el proyecto de ley incluye un incremento salarial del 2,25% para los funcionarios, un aumento “algo mayor” para la RGI y “equiparar” las retribuciones de los trabajadores de la red de enseñanza concertada con los empleados públicos, tal y como reclamó el PP.

Añadió que se prevé incorporar la subida de salario a los funcionarios en la nómina de febrero, con efecto retroactivo desde el 1 de enero, por lo que el trámite de aprobación de esta medida en el Parlamento Vasco debe llevarse a cabo “con celeridad”. Lanzó por ello un mensaje claro al resto de grupos: “Se puede votar a favor de este decreto o abstenerse, pero no en contra”.