Bilbao - El ministro del Interior tuvo que salir ayer al paso de la intensa presión que está ejerciendo el PP sobre él después de que anunciara el fin de la política de alejamiento de los presos de ETA. En plena ofensiva del PP, que incluye una petición para que comparezca en el Congreso de los Diputados, Fernando Grande-Marlaska no rectificó y volvió a defender el fin del alejamiento porque la organización ya está disuelta y no hay que volver a “políticas de atrás”. “¿Para qué volver atrás si hemos vencido a ETA?”, recalcó. Hizo una defensa cerrada de su planteamiento, y exigió al PP que deje de utilizar este asunto y a las víctimas dentro de la batalla política. Sin embargo, en una muestra de lo complicado que le resulta este debate al Gobierno español por la presión del PP y determinados colectivos de víctimas, también quiso justificarse por si se hubiera producido un “error de comunicación” y aclaró que los movimientos se producirán con arreglo a la ley y en contacto con los damnificados, lo que apunta a movimientos a cuentagotas.

Siete años después del cese definitivo de la violencia y con ETA ya disuelta, el PP confirmó ayer que está dispuesto a utilizar la política aplicada a los presos como un elemento de desgaste contra el Gobierno español de Pedro Sánchez. Y lo hace, incluso, a pesar de que los acercamientos han sido muy tímidos, no llegan a una veintena, y solo dos presos han tenido como destino cárceles vascas porque se habían desmarcado de ETA y se encontraban ya en tercer grado.

El PP habla de acercamientos masivos y de una traición a las víctimas, y ha redoblado su marcaje después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, diera públicamente por finiquitada la política de alejamientos. En ese contexto, el propio ministro tuvo que salir ayer al paso de las críticas, y aprovechó su visita a Donostia para reafirmarse en lo dicho los últimos días y responder al PP que debe dejar este asunto al margen de la pugna partidista y no utilizar a las víctimas. Repitió que, una vez disuelta ETA, no hay que volver “a políticas de atrás”, aunque está por ver cómo lo concreta porque su apuesta por enterrar el alejamiento tampoco ha tenido una aplicación práctica masiva.

Tuvo rápida respuesta por parte del líder del PP alavés, Iñaki Oyarzábal, quien avisó en la cadena Ser de que su partido no tiene intención de “facilitar la vida penitenciaria” a los presos si no se arrepienten ni colaboran con la justicia para esclarecer los 300 atentados sin resolver, con lo que intenta hacer bandera del discurso de determinados colectivos de víctimas y coloca requisitos que no exige la ley. Al contrario de lo que sucede con la concesión de beneficios penitenciarios como la progresión de grado, los permisos de salida o la libertad condicional, que llevan aparejados una serie de condiciones sobre las señales de reinserción que dé el preso y su deseo de reparar el daño causado a las víctimas, el acercamiento o el alejamiento de los reclusos es una decisión política y solo depende de la voluntad del Gobierno de turno.

la posición de los ‘populares’ El PP está ejerciendo un marcaje estrecho sobre Sánchez, y hoy mismo la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados tendrá que decidir sobre una batería de comparecencias de los populares, que incluye la petición de que Marlaska explique la política de acercamientos. Esta estrategia de presión del PP se extiende a la negociación de la transferencia de prisiones con el Gobierno vasco, a la que también se opone. En general, rechaza todos los traspasos, aunque sean una obligación legal por el Estatuto de Gernika. El propio expresidente Rajoy apalabró algunas de ellas con el PNV antes de la moción de censura, como las autopistas. El PP, y también Ciudadanos, piden que la comisión de Política Territorial y Función Pública cite a la ministra Meritxell Batet para que rinda cuentas por el calendario con 33 traspasos para la comunidad autónoma, incluida la transferencia de la gestión de las prisiones.

Al Gobierno español se le está haciendo muy cuesta arriba gestionar todo lo relacionado con la política penitenciaria y la transferencia, que no en vano ha quedado relegada a los últimos puestos del calendario, y se sitúa el horizonte del acuerdo en enero de 2020. Al PP, no obstante, se le están presentando algunas contradicciones en el discurso, porque en paralelo está pidiendo la puesta en libertad del exministro Zaplana, gravemente enfermo de leucemia. En el pasado, el expresidente Aznar realizó acercamientos con ETA aún activa.

el ministro se defiende Marlaska tuvo que salir al paso de las críticas del PP, que han ido a más después de que diera por acabada la política de alejamientos una vez disuelta ETA. El ministro no rectificó, pero trató de justificarse asegurando que serán las juntas de tratamiento de las cárceles quienes decidan si “procede una progresión de grado o si proceden los traslados, pero con los parámetros legales y siempre con transparencia e informando a las víctimas del terrorismo”. “Si ha habido un error de comunicación, no nos importa reconocerlo. No hacemos nada de mala fe”, dijo.

Marlaska defendió que el alejamiento fue una política que “procedió en el momento y tuvo su resultado”, pero que la situación ha cambiado porque ETA “ha sido vencida”. Por ello, pidió “no volver a políticas de atrás y estar en las presentes”. Al PP le pidió también que “no se utilice a las víctimas del terrorismo, que son patrimonio de todos los demócratas”. Sus declaraciones las realizó en compañía del candidato socialista a la alcaldía de Donostia, Ernesto Gasco, y el secretario general de los socialistas, Eneko Andueza.

Desde el PP, Iñaki Oyarzábal le respondió en la Cadena Ser que “es imposible no abordar este tema desde una perspectiva política, porque los presos de ETA y la actividad terrorista de ETA han marcado la política de Euskadi durante muchísimos años”. De esa forma se zafaba de las acusaciones de utilizar políticamente el terrorismo y las víctimas, y dejaba ver que el marcaje al Gobierno español va a continuar. “El PP está absolutamente en contra de facilitar la vida penitenciaria a los presos de ETA que se niegan a arrepentirse y a colaborar. Tenemos todavía 300 asesinatos sin resolver y todos esos presos tendrían que estar colaborando con la justicia para resolverlos”, dijo. El PP utiliza este flanco como elemento de desgaste contra Sánchez, presentando la política penitenciaria como una cesión al PNV con tal de seguir a toda costa en La Moncloa.