Barcelona - La anulación del juicio que acabó con el asesinato del president Lluís Companys, un tuit de Pedro Sánchez en catalán hablando de la subida del salario mínimo, la subida del sueldo de los funcionarios y la denominación del aeropuerto de El Prat como Josep Tarradellas -algo que enfadó al Govern por no haberse negociado antes-, y otra batería de medidas, fue la tónica en que se desarrolló el Consejo de Ministros, que parecía más dirigido a lanzar gestos puramente simbólicos. El Consejo de Ministros aprobó ayer la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 900 euros para que entre en vigor en 2019, lo que supone un incremento de 164 euros mensuales, la mayor subida desde 1977 y que supone un aumento del 22,3 %, y que beneficiará a 2,5 millones de trabajadores, el 56,74 % de ellas mujeres.

Asimismo, se autorizó la licitación de contratos para conservación y explotación en carreteras del Estado en Catalunya por más de 85,3 millones de euros, más otros 27,5 millones añadidos para acondicionar el trazado de la N-II entre Tordera (Barcelona) y Maçanet de la Selva (Girona). Tienen el objetivo de realizar los trabajos de servicios de comunicaciones, servicios de vigilancia, atención a accidentes, mantenimiento de los elementos de la carretera, mantenimiento sistemático de las instalaciones de suministro de energía eléctrica, alumbrado, señalización variable y colocación de semáforos. Además, se incluyen las labores de establecimiento de inventarios y reconocimientos de estado, funcionamiento de la carretera, programación, coordinación, seguimiento e información de la ejecución de los trabajos, actuaciones de apoyo a la explotación, estudios de accidentalidad e informes de seguridad vial. También se realizarán los trabajos de desbroce, fresados y reposición del firme, limpieza de cunetas y, en general, todas las labores de conservación ordinaria de las vías a su cargo.

El otro acuerdo alcanzado es el relativo a la licitación del contrato de obras para acondicionar la N-II entre Tordera y Maçanet de la Selva, por 27,5 millones de euros. Actuación que afecta a un tramo de 7,3 kilómetros y que forma parte del Plan N-II, diseñado para mejorar la seguridad de esta carretera, con actuaciones como la rectificación de curvas para conseguir una velocidad de proyecto de 80 kilómetros por hora, la remodelación de las intersecciones existentes y la adaptación de las vías y caminos de servicio para garantizar la accesibilidad a los distintos núcleos de población y propiedades colindantes.

Según la portavoz del Govern, Elsa Artadi, “los problemas y los retos que tiene el aeropuerto de Barcelona no tienen nada que ver con su nombre; hace falta una gestión para poder competir a nivel internacional, poder controlar las tasas aeroportuarias, hacer inversiones”. Por su parte, la consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, valoró como “un gesto que llega tarde” la condena al consejo de guerra que acordó la ejecución de Companys. “Recibimos el anuncio del Consejo de Ministros 40 años tarde. Valoramos el gesto pero es únicamente un gesto”, expresó Capella, para quien el Ejecutivo de Sánchez debe “hacer justicia” con una ley que anule los procedimientos sumarísimos y la sentencia que condenó a muerte al expresident. Razonó la necesidad de presentar un proyecto de Ley que incluya anular estos procedimientos, y recordó que así lo hizo el extitular de Justicia del Govern Carles Mundó aprobando la correspondiente ley: “Catalunya ya hizo lo que tenía que hacer”. - I. Santamaría

Reunión con Ada Colau. Ada Colau afirmó ayer que Pedro Sánchez se comprometió en la reunión que mantuvieron para que Barcelona y el resto de ciudades puedan establecer límites al precio del alquiler. La alcaldesa de la capital catalana explicó que el presidente español se mostró a favor de dotar a las ciudades de esa capacidad después de que se aprobara la prolongación de la duración de los contratos de tres a cinco años. Colau pidió una comisión bilateral Ayuntamiento-Moncloa.