- Pedro Sánchez confirmó ayer que el traspaso de las prisiones estará en el calendario que ultima en sus conversaciones con el Gobierno Vasco y que, por lo tanto, existe un compromiso firme para negociar la transferencia a pesar de su complejidad política y del marcaje que están ejerciendo el PP y Ciudadanos sobre su gabinete. “Estamos dispuestos a hablar”, dijo. El presidente español ratificó sus intenciones de manera fugaz en el pleno del Congreso de los Diputados, pero el gesto fue significativo para el Gobierno Vasco, que recibió sus palabras como una confirmación importante sobre sus intenciones en un contexto en el que, además, está siendo sometido a una fuerte presión por parte del PP y de C’s. “Mantiene su compromiso”, valoraron las fuentes consultadas. El partido de Rivera respondió con una petición urgente de comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Sánchez, que además confirmó sus planes sobre el traspaso de prisiones en una respuesta a EH Bildu, aclaró que su gabinete sabe que hay 37 transferencias pendientes y se ratifica en estudiarlas. Fue en ese punto cuando estableció una diferencia entre el traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social (confirmó que se dejará para otra coyuntura política cuando dijo que es un asunto que “queda pendiente”), y las prisiones, donde apuntó claramente que está “dispuesto a hablar”. La diputada Marian Beitialarrangoitia le había recriminado que, siempre que Euskadi y Catalunya plantean el derecho a decidir, se les responde con una apelación a la ley que el propio Estado no cumple con las transferencias, o solo lo hace por conveniencia política cuando necesita los votos vascos para la investidura o aprobar los Presupuestos. Le recordó que los ministros Valerio y Marlaska negaron los traspasos de pensiones y prisiones, pero Sánchez aclaró que el segundo se va a abordar.

En realidad, desde el Gobierno Vasco matizan que no cabía esperar otro pronunciamiento de Sánchez y que lo sorprendente hubiera sido que negara ahora la transferencia cuando el consejero Erkoreka y la ministra Batet habían acordado que apareciera en el calendario de traspasos, pero no ocultan que las declaraciones son positivas y aportan tranquilidad. No añaden más, pero a nadie se le escapa que Sánchez se ha caracterizado por rectificar sus intenciones en otros asuntos, como la presentación de los Presupuestos o la duración de la legislatura; y su ministro Marlaska llegó a decir hace unas semanas que ese traspaso no se iba a abordar, de ahí la relevancia de la confirmación de ayer.

Sánchez evita abrir un frente con el PNV, su socio más leal para dar estabilidad a la legislatura. El presidente español ha transferido por ahora dos líneas de tren y un tramo de autopista y no ha avanzado a la velocidad que deseaban los jeltzales, pero se ha movido a golpe de advertencia del PNV consciente de que su apoyo es crucial. El socialista confirma sus intenciones tras haber lanzado mensajes menos posibilistas en materia de política penitenciaria que no se corresponden con las expectativas abiertas. En el pleno del martes, el PSOE tumbó la reforma legal que pedía el PNV para descontar a los presos las condenas cumplidas en Francia en aplicación de la decisión marco europea, y lo hizo también en un contexto de marcaje del PP y C’s que no parece que le esté haciendo mella, por el contrario, en lo concerniente a la transferencia. En paralelo, Sánchez parece estar recomponiendo la unidad con los partidos catalanes para asegurar la continuidad de la legislatura. El PDeCAT se abre ahora a apoyar el techo de gasto.

cárceles C’s siguió ejerciendo presión con su petición para que comparezca el ministro Marlaska y explique a cambio de qué se va a negociar el traspaso. No es la primera vez que pide su comparecencia, y se suma a las solicitudes ya presentadas por el PP de Casado.

El Gobierno español se comprometió a acordar con el vasco un calendario de transferencias antes de que acabe el año. De momento, los contactos siguen y el principal escollo radica en el orden de los traspasos, porque ambas partes tienen que decidir cuáles son los más sencillos y los que pueden llegar antes, y cuáles son los más complejos. Como es habitual, en todas las competencias hay discrepancias sobre el alcance y la cuantía económica. En el caso de las prisiones, además, hay dificultades políticas.

La transferencia de prisiones aparece en el Estatuto de Gernika y, por lo tanto, es un precepto legal. El Estatuto menciona únicamente la gestión de las prisiones, de manera que la política penitenciaria y los requisitos legales para acceder a beneficios los seguiría fijando el Estado. En cualquier caso, las juntas de tratamiento de las cárceles serían vascas, y los funcionarios que trabajen en ellas podrían realizar lecturas más flexibles sobre la evolución personal de los presos con una visión más apegada a la realidad local. Afectaría a las cárceles de Zaballa, Basauri y Martutene.

Beitialarrangoitia recriminó ayer a Sánchez la cicatería de los gobiernos españoles con los traspasos, y el socialista le respondió con su “defensa del Estado autonómico y el rechazo a las proclamas para devolver sanidad y educación que está lanzando el PP”, y su defensa de los traspasos.

DOS ARTÍCULOS. El Gobierno Vasco pasaría a gestionar las cárceles, aunque tendría que ejecutar la ley penitenciaria estatal. El Estado tiene la competencia sobre el Código Penal y fija los requisitos para acogerse a beneficios penitenciarios, pero las instituciones vascas gestionarían las cárceles, con el margen que ello pueda brindar para propiciar un avance en la reinserción. Los artículos 10.14 y 12.1 del Estatuto son los que concretan que la comunidad autónoma ejecutará la legislación del Estado.

En la actualidad. Las instituciones vascas ya gestionan la seguridad exterior de las cárceles, su sanidad y la educación. El Estatuto recoge que se ejecute desde la comunidad autónoma la política penitenciaria estatal, y es lo que queda pendiente.

ETA. El Estado ha retenido históricamente esta competencia con el argumento de que era una parte esencial de la lucha antiterrorista. Han pasado siete años desde el cese definitivo de la violencia de ETA, que además también está ya disuelta.