GAsteiz - Si Pedro Sánchez traduce en hechos sus buenas palabras durante el pleno celebrado ayer en el Congreso de los Diputados, los documentos del fallido golpe de Estado del 23-F de 1981 o los sucesos de Gasteiz del 3 de marzo de 1976, donde la Policía abatió a disparos a cinco trabajadores, podrían estar a punto de ver la luz y abandonar la sala oscura de los secretos oficiales. El presidente español escenificó ayer un acercamiento al PNV en este debate. La reforma de la Ley franquista de Secretos Oficiales de 1968 propuesta por los jeltzales no acaba de despegar por las prórrogas que han solicitado grupos como el socialista, y el PNV se ha temido todo este tiempo que su iniciativa termine descafeinada por las enmiendas del PP, Ciudadanos y el propio PSOE, que propuso una moratoria de diez años en su aplicación para que ningún documento viera la luz hasta 2030. En ese contexto, el presidente español se abrió a replantear la estrategia y a desclasificar de manera automática los documentos que tengan una antigüedad mínima de 25 años nada más aprobar la reforma, que es exactamente lo que pide el PNV. Sánchez citó de manera expresa que uno de los puntos que está dispuesto a debatir es la “desclasificación automática”.

El asunto lo suscitó ayer en el pleno del Congreso el portavoz jeltzale Aitor Esteban, quien preguntó a Sánchez si no le parece contradictorio hablar de memoria histórica y, al mismo tiempo, dejar en el limbo la reforma de la Ley de Secretos Oficiales. “Déjese de comisiones de la verdad y abramos los archivos, porque sin abrir los archivos es muy difícil que se conozca la verdad”, lanzó. Esteban recriminó a los socialistas que hayan pedido un nuevo aplazamiento de la comisión que tiene que estudiar la propuesta, y pidió también que rectifiquen sus enmiendas. Les afeó, en concreto, que con sus propuestas no se pueda desclasificar ningún documento hasta 2030. Sánchez recogió el guante y lo dejó todo abierto, sin llegar a concretar nada. “Se puede debatir y acordar sobre un plazo más o menos largo, establecer excepciones, la desclasificación automática o los términos del régimen transitorio”, dijo. No obstante, añadió que puede haber excepciones por razones de seguridad.

De momento, solo existe la muestra de voluntad política de Sánchez y una disposición genérica a abordar este debate, que todavía no se ha concretado en hechos. El PSOE ha sido precisamente el grupo que ha pedido una semana más para convocar la comisión de la reforma. Los jeltzales le piden que el encuentro se convoque cuanto antes y que muestre con esa acción concreta su disposición al acuerdo, para que el debate comience a tomar velocidad.

El PNV propone en su reforma, redactada por Mikel Legarda, que las materias secretas se hagan públicas en 25 años, y establecía un plazo de diez para las reservadas. Los expedientes que tengan esa antigüedad a la entrada en vigor de la ley serán publicados automáticamente, lo que afectaría a los documentos del franquismo y la Transición. No obstante, el PSOE propuso dos moratorias: un año para la entrada en vigor de la ley tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y otros diez para revelar el primer secreto. El PP, por su parte, presentó una enmienda genérica que podía servir potencialmente para colocar el cepo a todos los documentos si se argumentaba un “riesgo para la integridad de las personas”.

hasta 1968 El presidente, que quiere prodigarse en gestos con sus socios de investidura, se esforzó en mostrar un tono conciliador con Esteban, y le ofreció como gesto la desclasificación de los archivos militares de la Guerra Civil y la posguerra hasta 1968, una información que lleva días circulando en los medios de comunicación estatales. Los documentos son sobre todo cuadernos de campaña sobre las operaciones de guerra y movimientos de las tropas, pero también se mencionan los batallones de trabajadores y los campos de concentración. Esteban contestó que le parece “muy bien”, pero lo vio insuficiente. “Pueden ir mucho más allá”, animó.

Sánchez quiso dejar claro que la voluntad de los socialistas es reformar la ley, y trató de diferenciar su postura de la mantenida por los partidos de la derecha, PP y Ciudadanos. Lanzó un alegato a favor de la transparencia, aunque se guardó la reserva de las materias que puedan afectar a la seguridad del país. En cualquier caso, sí expresó como criterio general que no comparte que la categoría de secreto oficial deba concederse con el carácter extensivo con el que se ha hecho hasta ahora.