bilbao - El nuevo estatus de autogobierno está a punto de entrar en la sala de operaciones para que los juristas designados por los grupos ejerzan de cirujanos y reconviertan las propuestas de los partidos en un texto articulado, con forma jurídica. PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PSE y PP volverán a reunirse el miércoles de la próxima semana en la Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco para acordar los términos del encargo a los expertos y abrir el plazo de ocho meses para sus deliberaciones. En ese contexto, fuentes socialistas consultadas por DNA desean que los juristas reciban una encomienda amplia y no se ciñan en exclusiva a las bases pactadas por PNV y EH Bildu, sino que tengan en cuenta votos particulares como el suyo.
En el PSE se toman lo que suceda el miércoles como una primera demostración de la voluntad del PNV para ampliar el acuerdo. Recuerdan las apelaciones al pacto del lehendakari y del presidente de la ejecutiva jeltzale, Andoni Ortuzar, y creen que el miércoles tendrán una oportunidad para aclarar que el acuerdo con la izquierda abertzale no es un dogma de fe. En cualquier caso, evitan volcar todas las expectativas y la presión en este grupo de juristas, y aclaran que la fase decisiva vendrá después, cuando el texto vuelva al Parlamento y se abra otra negociación entre los grupos a través de las enmiendas.
Las bases del estatus las han pactado los dos partidos abertzales, con la única incorporación de Elkarrekin Podemos en el apartado social. En ese acuerdo se incluyen propuestas como el blindaje de varias competencias para evitar las injerencias del Estado (por ejemplo, en la educación), un sistema de Concierto Político para resolver las discrepancias en una mesa bilateral en lugar de acudir a los tribunales de manera sistemática, la nacionalidad vasca, y la consulta habilitante antes de acudir al Congreso de los Diputados para reflejar el apoyo social al nuevo estatus y forzar al Estado a negociar. El PNV invoca los derechos históricos para actualizar el autogobierno en esta clave.
El PSE, por el contrario, cree que nada de esto puede realizarse sin una reforma previa de la Constitución española y, en el caso de la nacionalidad vasca, se opone frontalmente al concepto porque cree que abre la puerta a discriminar a parte de la sociedad. Presentó un voto particular con ese argumento, aunque intentó transmitir que ha entrado en el debate proponiendo que se asuma la competencia de inmigración para gestionar los permisos de trabajo, y un órgano de cooperación con el Estado que funciona en otras comunidades.
Los socialistas aseguran que el jurista que propongan (algunas fuentes apuntan que será el catedrático Alberto López Basaguren, aunque desde el PSE no lo confirman oficialmente) no podrá ceñirse a la propuesta que ha planteado Idoia Mendia ni hacer una labor de partido, sino que tendrá que atenerse al mandato que reciba el miércoles por parte de la ponencia. De ahí que confíen en que la encomienda que reciban sea amplia y la labor de los juristas no quede encorsetada a la propuesta de PNV y EH Bildu. Las mismas fuentes reconocen que el texto de los dos partidos aber-tzales es una propuesta mayoritaria y que, por ello, tiene legitimidad, y tampoco pretenden que la iniciativa socialista sea el eje del debate porque son conscientes de que tienen nueve escaños sobre un total de 75, pero piden que se tengan en cuenta los votos discrepantes.
Desde el PNV no quisieron anticipar su posición y se remitieron a lo que decida la ponencia el próximo miércoles. Fuentes parlamentarias de EH Bildu tampoco avanzaron su planteamiento. La mecánica de trabajo pactada en la ponencia supone que los juristas recibirán toda la documentación: las bases pactadas por PNV y EH Bildu, y los votos particulares. No obstante, existe un matiz político relevante entre recibir todos los documentos, y tener el mandato claro de incorporar las propuestas socialistas y de Podemos en el articulado. En EH Bildu también se remiten al miércoles.
después de las elecciones El PNV se está viendo sometido a una presión importante desde todos los flancos. La izquierda abertzale le pide públicamente que defienda el acuerdo de bases, y el socialismo y Elkarrekin Podemos le reclaman que rectifique. La dirección jeltzale es consciente de que necesita más apoyos para superar con éxito el examen del Congreso de los Diputados, pero de momento ha pactado solo con la izquierda aber-tzale porque el debate se encuentra en una fase muy preliminar y, además, no ha visto ninguna posibilidad de negociar con el socialismo y no veía sentido a plantearse cesiones en ese contexto.
La secretaria general del PSE, Idoia Mendia, volvió a defender ayer en Radio Euskadi que el PSE “se ha movido” y ha entrado en la reforma estatutaria aunque defiende una modificación previa de la Constitución española. Mendia confió en que el grupo de juristas tenga una “visión coral” de lo que se ha discutido en la ponencia. A su juicio, existen tres caminos: “la propuesta del todo o nada” de PNV y EH Bildu, la “nada” del PP, y el planteamiento del PSE, que “trata de encontrar las cuestiones comunes, que entren en el marco de la Constitución, que sean viables y útiles”.
Todo apunta a que el plazo que se dará a los juristas será de ocho meses. De este modo, el documento se presentaría después de las elecciones municipales y forales de mayo. Se va a evitar que la campaña electoral dinamite el debate y haga añicos la propuesta de los expertos. Algunas fuentes coinciden en que no sería muy prudente presentar el texto antes de los comicios, aunque desde el PSE aseguran que no están jugando con los plazos para evitar estas coincidencias.
