madrid - Cuatro décadas después, el Estado español va a retirar los honores al dictador Francisco Franco, que está enterrado en un monumento imponente con sus propias víctimas. Antes de que acabe el año, su cadáver será retirado del Valle de los Caídos y, por lo tanto, ya no presidirá la mayor fosa común de la Guerra Civil, donde están enterrados 33.866 combatientes de ambos bandos, miles de ellos del frente republicano. Es el gran gesto de la legislatura de Sánchez, con el que pretende pasar a la historia. A pesar de las presiones del PP, los grupos de la ultraderecha y la familia del propio dictador, el Gobierno español dio ayer el paso decisivo para activar el procedimiento a través de un decreto, con el objetivo de poner fin a las peregrinaciones nacionales de los grupos fascistas que han realizado actos de enaltecimiento del régimen en un terreno que ocupan sus propias víctimas. El presidente español lo resumió ayer asegurando que busca devolver la dignidad “a las víctimas y la democracia”. El Gobierno dio un tono de urgencia a su planteamiento, e incluso de ultimátum, asegurando que no se puede esperar más. Si llega el 15 de septiembre sin que la familia haya concretado un lugar para enterrarlo, será el Gobierno español quien lo decida. Es irreversible.

En un primer momento se especuló con que la familia no participara en este proceso por su oposición a la exhumación, pero ayer su nieto Francisco Franco, que ha heredado su nombre, aclaró ayer a Antena 3 que se harán cargo del cuerpo. No obstante, tildó el decreto de “oportunista, cobarde y revanchista”, lo que deja ver su estado de ánimo y la posibilidad de que busquen una vía para ralentizar los trámites en el plazo de alegaciones. Lo que no podrá hacer es recurrir el decreto, porque solo puede hacerse en el Tribunal Constitucional y las únicas facultadas son las instituciones o el propio PP con 50 diputados. El clima entre los grupos ultras se ha caldeado y también se han incrementado las peregrinaciones al Valle. El Gobierno español tratará de evitar momentos de tensión durante la exhumación guardando en secreto los detalles sobre el lugar y la fecha. No se descartan recursos judiciales contra las medidas administrativas de rango inferior al decreto.

Sin embargo, otros obstáculos jurídicos y políticos se van despejando del camino de Sánchez. La Iglesia seguirá asumiendo un perfil bajo. La archidiócesis de Madrid confirmó que “acatará el mandato legal”. En el supuesto de que no fuera así, la vicepresidenta española, Carmen Calvo, puntualizó ayer que tratarían de encarrilarlo en los acuerdos con el Vaticano.

Por otro lado, Sánchez ha dejado muy poco margen al PP para recurrir esta decisión con el argumento de que no hay ninguna urgencia que justifique un decreto. Aunque el Ejecutivo ha activado la vía del decreto, también llevará esta medida al Congreso con un proyecto de ley, un matiz que ha servido otras veces para que el Tribunal Constitucional no pueda tumbar las decisiones adoptadas. Además, aunque hubiera una sentencia favorable al PP, los juristas coinciden en que ya no tendría efectos prácticos una vez exhumado el cadáver.

El Gobierno español introduce con este real decreto un nuevo apartado en la Ley de Memoria Histórica para que en el Valle de los Caídos solo puedan yacer los fallecidos a consecuencia de la Guerra Civil. Por ese mismo motivo, el cadáver de Primo de Rivera no se tocará, porque él sí murió en la guerra, mientras que Franco lo hizo por muerte natural en 1975.

La principal incógnita es la tensión política que pueda provocar la exhumación y el nuevo emplazamiento para el cadáver. El PP dejó de aparentar indiferencia y elevó el tono acusando a Sánchez de “quebrar la convivencia” y “poner en riesgo la transición”, según su portavoz adjunto en el Congreso, Guillermo Mariscal. El partido se propone agitar a la calle para oponerse a los decretos de Sánchez y su actuación en Catalunya. En cuanto al destino del cadáver de Franco, su nieto descartó la opción que parecía más probable: su enterramiento en el mausoleo familiar de El Pardo, donde también reposa su esposa Carmen Polo. A juicio de la familia, es un lugar desprotegido que puede ser profanado. Se da por seguro que las peregrinaciones van a continuar en el nuevo emplazamiento, pero ya no tendrán lugar en el mismo terreno donde reposan las víctimas.

el procedimiento La vicepresidenta Calvo compareció ayer al término del Consejo de Ministros para argumentar la decisión. La urgencia del trámite se explica en los reiterados pronunciamientos de la ONU, y también en el mandato del Congreso de los Diputados del 11 de mayo de 2007, a través de una proposición de ley donde se pedía exhumar a Franco de manera “urgente”. El real decreto será votado por el Congreso en un plazo de treinta días. El Consejo de Ministros retomará los trámites el próximo viernes y, a partir de entonces, empezará a correr el plazo de quince días para que la familia comunique el destino que desea para los restos de Franco. Si no lo hiciera, el Consejo de Ministros buscará una “digna sepultura”. Tras realizar los trámites con el ayuntamiento y la comunidad autónoma correspondientes, se producirá la exhumación, que será secreta para evitar las protestas. Calvo habló ayer de “finales de año”. Además, se anularán los juicios franquistas.

Reforma de la Ley de Memoria Histórica. Se añade un apartado tercero al artículo 16: “En el Valle de los Caídos solo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda”. Este real decreto será convalidado en el Congreso en un plazo de treinta días. La urgencia se justifica en los reiterados pronunciamientos de la ONU y del propio Congreso en mayo de 2017.

15 de septiembre. El real decreto entrará en vigor este fin de semana. En treinta días será votado por el Congreso. El Consejo de Ministros retomará los trámites el próximo viernes con un acuerdo de incoación y, a partir de entonces, se abrirá el plazo de quince días para que la familia se pueda personar y comunique el destino para el cadáver. Si no lo hiciera, el Consejo de Ministros decidirá el lugar, garantizando una “digna sepultura”. El Gobierno español abriría los trámites con el ayuntamiento y la comunidad autónoma correspondientes, para obtener los informes sobre sanidad mortuoria, que deberían emitirse en un mes.