Desde hace meses se ha hecho evidente que Euskadi se sitúa geográficamente en medio de la ruta que recorren miles de inmigrantes -subsaharianos, magrebies e incluso de algunos países asiáticos- desde el norte de África hasta países europeos como Francia, Bélgica o Alemania. Debido a esta posición en el mapa, Euskadi está sufriendo el aumento de la presión migratoria y los problemas derivados de ella. Una situación que se reproduce en otros lugares y a la que Europa no ha sabido dar solución. Por este motivo, el lehendakari Iñigo Urkullu ha remitido una carta al presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, en la que pide “una reflexión en profundidad” de las instituciones democráticas de Europa, y “una estrategia compartida que incluya iniciativas a corto, medio y largo plazo” en política migratoria.
En la carta Urkullu reivindica “un programa de acción que identifique la situación actual y la evolución prevista, que calcule las necesidades y recursos disponibles, planteando un compromiso colectivo de la comunidad internacional para actuar en los países de origen de las personas migrantes”.
“Euskadi -subraya el lehendakari- está dispuesto a secundar este esfuerzo compartido para definir y desarrollar una estrategia que ofrezca soluciones eficaces a la realidad migratoria en sus diversas expresiones, sea migración regular o irregular, en tránsito, menores no acompañados... Demostremos conjuntamente nuestra capacidad política para generar una actitud humana y social, un programa de actuación institucional que evite el sufrimiento de tantas personas y familias en el continente de África”.
Además de la propuesta dirigida a la Comisión Europea, el Gobierno Vasco ha pedido a los distintos estados que “los procedimientos en la gestión fronteriza de migrantes en tránsito -competencia de los gobiernos estatales- respeten la legalidad, las garantías y derechos humanos de las personas afectadas”. A través de una nota, el Gobierno Vasco señaló que no le consta que se estén produciendo devoluciones en caliente en la muga, sino que “la policía francesa está realizando devoluciones de inmigrantes a la Policía Nacional española por los procedimientos establecidos en los acuerdos bilaterales en materia de Extranjería entre Francia y España”.
Desde Lehendakaritza recordaron ayer que “esta realidad de devoluciones de migrantes de policía a policía y su seguimiento desborda las competencias del ámbito autonómico vasco” y afirmaron que “el Gobierno Vasco, junto al resto de instituciones vascas, en el marco de sus competencias, está trabajando para ofrecer una respuesta humanitaria y justa tanto para los migrantes en tránsito, como para aquellos que decidan quedarse en nuestro país”.
El Gobierno Vasco afirmó que “desde 2015 con el inicio de la crisis humanitaria en el Mediterráneo, ha mantenido una interlocución ininterrumpida tanto con el ejecutivo de Mariano Rajoy como con el de Pedro Sánchez. El objetivo de esta relación, desde el punto de vista del Gobierno Vasco, ha sido mejorar la coordinación interinstitucional y modificar las políticas públicas en materia de migración y refugio, de modo que los gobierno autonómicos y locales puedan desempeñar un papel decisorio en su gestión y desarrollo”.
Protocolo estatal En este sentido, el Gobierno español puntualizó ayer que ya no existe la “misma situación de excepcionalidad” que se dio con la llegada a Valencia del buque Aquarius con 629 personas rescatadas en el mar a bordo y por eso aplicará a partir de ahora el mismo protocolo a todos los inmigrantes que lleguen a las costas españolas, ya sean rescatados por Salvamento Marítimo o por una ONG.
Así se hará con las 87 personas que desembarcarán hoy en el puerto de Algeciras (Cádiz) tras haber sido rescatadas en aguas del Mediterráneo hace una semana por un barco de la organización humanitaria Proactiva Open Arms, según fuentes del Ministerio del Interior. De esta forma, estos inmigrantes y otros que puedan llegar, “sea a través de Salvamento Marítimo o de una ONG”, no van a recibir ningún estatus especial, sino que se les va a aplicar “el protocolo normal y establecido” para cualquier persona que entre de manera irregular, aunque las fuentes consultadas apuntan a que se estudiará “caso por caso”. En principio estos inmigrantes serán trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Roque, donde solo podrán estar un máximo de 72 horas, mientras la policía procede a las labores de identificación.
No obstante, está prevista la presencia de un equipo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) porque en su mayoría proceden de Sudán del Sur y probablemente soliciten el asilo.
Ante esta situación, la Red Española de Inmigración lamentó que al grupo de 87 inmigrantes rescatados por Proactiva Open Arms no se les dé “los mismos permisos de acogida” que a los del Aquarius. En un comunicado, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado expresó su preocupación “por el cambio de rumbo que ha manifestado el Gobierno y que parece plegarse a la voluntad del Ministerio del Interior”.
