madrid - Pedro Sánchez ejecutó ayer de manera oficial el primer pago, contante y sonante, al PNV por el apoyo a la moción de censura que le llevó hasta La Moncloa. Más allá de la buena música de sus declaraciones en estos dos meses de mandato para avanzar en materia de transferencias pendientes o para desatascar la política penitenciaria con los presos de ETA, el presidente del Gobierno español anunció ayer que la retirada del recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley vasca de víctimas de abusos policiales entre 1978 y 1999 es ya un hecho.
A través de las redes sociales, el lehendakari Iñigo Urkullu reconoció que esta es una “muy buena noticia porque va a permitir reconocer y reparar ya a todas las víctimas”. Añadió que “hay quien, omitiendo o tergiversando el verdadero objetivo de la ley” sigue pidiendo su derogación cuando “se ha echado de menos su voz crítica cada vez que altos mandos policiales del Estado se han jactado de utilizar determinados métodos en los interrogatorios policiales, eso sí, cuidándose de hacerlo solo una vez prescritos los posibles delitos”.
El Gobierno Vasco recibió con satisfacción la iniciativa pero subrayó que todavía no ha sido salvada del todo porque los retoques que se aplicarán a la norma vasca tienen que pasar por el filtro del Parlamento Vasco este próximo otoño. El último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano acordó la retirada del recurso de inconstitucionalidad interpuesto en julio de 2017 por el entonces Gobierno presidido por Mariano Rajoy.
El desbloqueo se produce después de que los Ejecutivos de Urkullu y Sánchez acordarán recientemente retocar algunos preceptos de la Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos de la violencia de motivación política en la CAV entre 1978 y 1999. La norma fue aprobada un año antes en el Parlamento Vasco con los votos a favor del PNV y PSE, la abstención de EH Bildu y el rechazo del PP y UPyD.
La semana pasada los Gobiernos vasco y español alcanzaron un pacto en la comisión técnica bilateral de cooperación para realizar algunas modificaciones en la ley recurrida y salvar así las dudas de constitucionalidad que provocaron la impugnación. Los retoques aún no han sido dados a conocer pero el Ejecutivo de Gasteiz ha avanzado que no afectan al tronco de la norma sino que son de matiz.
La norma no está suspendida en su totalidad, solo cinco de sus artículos. De hecho, desde hace unos meses está vigente y la comisión de valoración trabaja para cubrir los objetivos de la ley. Es precisamente esta comisión la que el Gobierno de Rajoy puso bajo la lupa y recurrió ante el Constitucional. Principalmente porque consideraba que los expertos que la componen se atribuyen la función de un juez y, al valorar la existencia de una vulneración derivada de un exceso policial, señalan la existencia de un delito cometido por algún funcionario público que no ha sido demostrado judicialmente.
El Gobierno Vasco, y ahora el de Sánchez, rechazan que la norma pretenda “identificar responsables y definir culpas o autorías” de torturas o malos tratos policiales. Por el contrario, tal y como señaló ayer el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, los defensores de la iniciativa subrayan que “persigue única y exclusivamente el reconocimiento y la reparación de un determinado colectivo de víctimas de vulneración de derechos humanos”.
El Ejecutivo de Urkullu trabaja con una horquilla de entre 300 y 450 casos que podrían obtener una reparación. Entre ellos, se encuentran los jóvenes Lasa y Zabala, secuestrados, torturados y asesinados por los GAL; y Gla-dys del Estal, fallecida en una protesta antimilitarista. Esta ley da continuidad al decreto activado durante el mandato de Patxi López, que se centró en los abusos sufridos en el franquismo y los primeros años tras la muerte del dictador (1960-1978).
Los retoques realizados tendrán que ser aprobados por el Parlamento Vasco. Erkoreka desveló ayer en declaraciones a Europa Press que el Gobierno Vasco ya ha iniciado los contactos con los grupos parlamentarios para promover la reforma legal que tendrá lugar cuando el legislativo vasco regrese al trabajo. En este sentido, confió en que EH Bildu facilite los retoques, aunque sea con su abstención. Elkarrekin Podemos condiciona su apoyo a los cambios en la Ley a que estos no perjudiquen a las víctimas y los apoyará en la medida en que se compruebe que “no desvirtúan su contenido y alcance”. El PP se opone radicalmente a la ley.
La retirada del recurso no asegura que la el recorrido en los tribunales haya terminado porque la semana pasada el Sindicato Unificado de Polía (SUP) recurrió la comisión de valoración y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, aunque no ha entrado al fondo, admitió a trámite la impugnación, lo que podría reavivar la vía judicial.
