Gasteiz - Después de haber llegado a acuerdos en relación al Preámbulo, al Título Preliminar, y al articulado sobre competencias del nuevo Estatuto vasco, ayer PNV y EH Bildu volvieron a encontrarse en la Ponencia de Autogobierno, esta vez en lo relativo a la separación de poderes en Euskadi y la hacienda y patrimonio vascos, pero en este caso con un punto para la discrepancia. El partido soberanista emitió un voto particular en el que plantea que el modelo judicial vasco tenga como techo el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en contra del criterio jeltzale, que faculta al Tribunal Supremo español para unificar doctrina en relación a la legislación dictada por el Estado y de aplicación en Euskadi, “de conformidad con lo pactado en el Concierto Político y la relación bilateral concertada”.

El PNV parte de lo establecido en el Estatuto de Autonomía de 1936 para fijar la potestad de la comunidad en materia de Justicia, un criterio que genera dudas en EH Bildu, según señaló su portavoz, Maddalen Iriarte, por cuanto “no sabemos cómo se reescribe ese marco en el siglo XXI”, y por eso se ha optado por emitir un voto particular. En dicho voto, por otro lado, los soberanistas apuestan por desarrollar en Euskadi las políticas penitenciarias, que se desarrollarán mediante la colaboración entre el Departamento de justicia del Gobierno Vasco y el Poder Judicial del nuevo ente político.

El voto particular también contempla la creación de un Consejo General del Poder Judicial Vasco como órgano de gobierno judicial para completar la autonomía de los tribunales con respecto a España que plantea EH Bildu. “El nuevo estatus debe traer consigo un poder judicial propio no sometido al Tribunal Supremo de Madrid; de esta manera todos los procedimientos empezarían y concluirían aquí”, señaló Iriarte.

Sí coinciden PNV y EH Bildu en designar a la Ertzaintza como policía judicial “a todos los efectos”, en la creación de una Escuela Judicial Vasca, o en diseñar la autonomía organizativa de la Justicia vasca “de conformidad con la tradición foral y la experiencia histórica autonómica”.

Al margen de fijar la última instancia judicial en Madrid o en Euskadi, en el resto del articulado debatido ayer coinciden PNV y EH Bildu, mientras que el resto de formaciones, que ayer no quisieron hacer valoraciones, han enmendado la totalidad del texto, según señaló Iriarte. “En esta ocasión tampoco han querido acordar nada”, censuró la portavoz de EH Bildu.

empoderamiento municipal Además de las inevitables alusiones a la separación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el texto pactado entre jeltzales y soberanistas plantea algunas novedades destacables. Así, en relación a la organización institucional dentro del territorio, el borrador plantea sumar a los poderes locales como un nivel institucional más, en la línea de lo planteado por la Ley Municipal de reciente aprobación. Se mantendrá, en todo caso, “el modelo descentralizado de arquitectura institucional esbozado en el Estatuto de Gernika”.

Además, se plantea “profundizar en un nuevo nivel territorial de ámbito comarcal” y “potenciar las actuales figuras jurídicas de ámbito supramunicipal como mancomunidades, comarcas y cuadrillas”. La idea es, además de mejorar la eficacia y eficiencia del entramado institucional vasco, promover la “cooperación interinstitucional a todos los niveles en la búsqueda del bien común”.

Se reconoce, por otro lado, que “existen posturas distintas” en cuanto al alcance de la competencia en materia tributaria de las diputaciones y Juntas Generales, y sobre los instrumentos de coordinación interna para el gasto y las políticas públicos. Se apuesta por abordar este debate, pero partiendo “del actual modelo de reparto del poder político interno”. Se trata del viejo debate sobre la cesión de parte de la competencia tributaria al Parlamento Vasco por la que apuestan los partidos de izquierdas y una mayor fidelidad al foralismo que caracteriza a PNV o PP.

En relación a la coordinación interinstitucional también se plantea abrir espacios de colaboración “con otros ámbitos territoriales de Euskal Herria”, y la creación de una Comisión Arbitral y de Garantías que dirima los conflictos competenciales entre las instituciones comunes y los territorios históricos, “así como en caso de vulneraciones de los derechos fundamentales regulados en el presente estatus”.

En lo tocante a la participación ciudadana se legitiman los referendos y consultas, y se prevén otras medidas de diversa índole llamadas a establecer “una nueva forma de relacionarse con la ciudadanía, dotando a esta última de potestad para decidir sobre temas de interés general”.

En lo que se refiere al ámbito económico, PNV y EH Bildu pactaron ayer la preservación y blindaje del Concierto y su actualización desde la bilateralidad, así como facultades exclusivas en materia de relaciones laborales o Seguridad Social, aunque manteniendo los actuales mecanismos de cooperación y solidaridad con el Estado español.

También se prevé la creación de una banca pública vasca con capacidad para emitir deuda o contraer crédito para financiar inversiones, y la participación de Euskadi en el Ecofin, el Consejo europeo de Asuntos Económicos y Financieros al que asisten los ministros de finanzas de los miembros de la Unión Europea.