gasteiz - El PNV ha traducido en mecanismos concretos su apuesta por una relación de igual a igual con el Estado español. Para los jeltzales, es el concepto más importante del nuevo estatus por encima del número de competencias que pueda gestionar la comunidad autónoma: para el PNV, la clave no es la cantidad, sino la calidad de ese autogobierno y su blindaje para evitar que las leyes básicas estatales vacíen de contenido la autonomía educativa o sanitaria. En el documento redactado por el PNV, pactado con EH Bildu y aprobado ayer en la Ponencia de Autogobierno, se detalla el mecanismo del Concierto Político, un concepto que se identifica claramente con el lenguaje jeltzale y del propio lehendakari Urkullu, y que supone trasladar al ámbito político la relación bilateral en materia financiera que ya existe con el Concierto Económico.
Se propone crear una Comisión Mixta de Concierto Político que reúna a ambos gobiernos para resolver los conflictos por la vía del pacto y sin recurrir de manera sistemática a la vía judicial, donde el Estado, además, tiene la sartén por el mango por la composición del Tribunal Constitucional y su facultad para pedir la suspensión cautelar de las leyes. Cuando surja una discrepancia sobre la aplicación de una ley, las normas estatales no podrán entrar en vigor en suelo vasco sin un acuerdo previo en esa comisión. El Tribunal Constitucional no se suprime, pero tendría una intervención de ultimísima instancia. Además, el documento pide crear una sala paritaria especial en el tribunal, con miembros designados en igual proporción por la comunidad autónoma y el Estado, para garantizar su imparcialidad.
Este planteamiento supone un cambio de modelo y va a la raíz de la principal debilidad del autogobierno. El Estado puede aprobar leyes básicas de aplicación en todo el territorio por razones económicas o apelando al interés general, y en ocasiones lo ha hecho de manera extensiva, sin reservar un mínimo espacio a las autonomías para regular materias como la sanidad de manera más garantista. Además, cuando el Estado cree que una norma autonómica se extralimita, puede pedir su suspensión cautelar al Tribunal Constitucional mientras decide sobre el fondo del asunto, una prerrogativa que no tienen los territorios. A todo ello se suma el descrédito de este órgano judicial en Euskadi y Catalunya por el sistema de elección de la mayoría de sus integrantes, que deja su composición en manos de los partidos estatales.
No hubo sorpresas en la reunión de la Ponencia de Autogobierno celebrada ayer en el Parlamento Vasco, y el capítulo de las competencias se cerró de nuevo con un acuerdo entre el PNV y EH Bildu. Aunque Elkarrekin Podemos se dio una semana de margen para intentar un acercamiento a los jeltzales, la coalición morada volvió a descolgarse de los acuerdos sobre el nuevo estatus. El documento plantea una relación confederal, transferir todas las competencias que recoge el Estatuto de Gernika y, en la línea con lo adelantado por este periódico, introduce una cláusula a favor de la comunidad autónoma para que todas las materias que no hayan sido expresamente reservadas al Estado formen parte del fondo de poder vasco. Además, con independencia de quién tenga una competencia, la comunidad autónoma siempre se encargaría de ejecutar la normativa. Se recoge también la competencia para regular consultas ciudadanas o referéndums; y un catálogo de competencias exclusivas, libres de las injerencias del Estado, en materias como la educación, la sanidad, la lengua vasca, el empleo público y la justicia, con una política penitenciaria propia.
Para blindar el autogobierno, se propone el Concierto Político como mecanismo de seguimiento. Sobre todo, tendría carácter “preventivo”. Ante cualquier conflicto competencial, intervendrá en primera instancia la Comisión Mixta. El acuerdo será “requisito imprescindible para que cada norma en cuestión adquiera vigencia” en la comunidad autónoma. El Tribunal Constitucional solo intervendrá en “última instancia”. El documento apuesta por reconducir su “modelo y funcionamiento a parámetros que garanticen la imparcialidad y objetividad” con una sala paritaria especial.
Por otra parte, se insinúa una apuesta por un límite de déficit y deuda diferenciado para la comunidad autónoma por su singularidad foral. Se apuesta por un régimen de aplicación del artículo 135 de la Constitución española concordante con el Concierto Económico y la nueva relación bilateral que se pretende instaurar.
La percha jurídica para alcanzar esta relación de igual a igual con el Estado serían los derechos históricos que permiten actualizar el autogobierno. El PSE no lo comparte y cree que es necesario modificar antes la Constitución española. Elkarrekin Podemos tampoco se está sumando a los jeltzales y EH Bildu. En la última semana ha tratado de acercarse al PNV para explorar un acuerdo, que hubiera sido el primero de carácter transversal en este debate. La coalición morada quitó hierro a lo sucedido y no descartó acuerdos en el futuro. Ayer asumió por primera vez la redacción de un documento de síntesis para someterlo al debate en la ponencia. Lo hizo con el asunto donde se mueve con mayor comodidad, los derechos de la ciudadanía.
acuerdo El portavoz del PNV, Joseba Egibar, reconoció que existe margen para ampliar los acuerdos, y que su partido aspira al mayor grado de consenso posible. Desde EH Bildu, Maddalen Iriarte apostó por lograr acuerdos “más amplios”, aunque aclaró que tampoco le da vértigo un pacto únicamente entre abertzales. Por parte de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez aseguró que se ha producido “un intento de acercamiento sincero” al PNV. En cualquier caso, pidió no “dramatizar” porque aún hay opciones de llegar a acuerdos.
