san fernando de henares - Su relato se había hecho esperar más de 500 días y, por fin, ayer, los ocho jóvenes de Altsasu que se enfrentan a entre 12 y 62 años de prisión, pudieron dar las explicaciones pertinentes, las que tendrán que desmontar las acusaciones si quieren una condena por delitos de terrorismo, odio o ambos, puesto que no hay que olvidar que en un proceso penal la presunción de inocencia prevalece y, por tanto, deberán ser las pruebas las que enerven dicho derecho en caso de que la sentencia sea condenatoria. El búnker que tiene como sede la Audiencia Nacional en un polígono industrial de San Fernando de Henares albergó ayer la primera de las diez sesiones previstas por el juicio de Altsasu. Los ocho procesados, que solo respondieron a las preguntas de sus respectivos abogados/as, ratificaron ayer que no pegaron a nadie ese día y que ni mucho menos pudieron concertar y organizar organizar una acción para agredir a unos guardias civiles durante las ferias de octubre de 2016 en Altsasu -de hecho varios de ellos dijeron que ni se encontraban en el bar Koxka o sus inmediaciones cuando ocurrieron los hechos-. Solo uno de ellos, Jokin Unamuno, dijo reconocer a los guardias en el bar y el resto declaró que ignoraban su condición de agentes y que si acaso solo conocían a una de las mujeres porque vive y estudió en Altsasu y la vieron en una ambulancia. Lejos de situarse en cualquier dinámica o conflictiva o de hostigamiento al Instituto Armado, la mayoría de los encausados se declaró apolíticos, pacíficos y sin ningún sentimiento de animadversión a la Guardia Civil, cuerpo que en un informe que les encargó la jueza instructora Carmen Lamela les relaciona con la dinámica Alde Hemendik (Que se vayan) y el movimiento Ospa (Fuera), que realizaba actos en Altsasu reclamando la salida de la Guardia Civil de Nafarroa. Varios de los encausados, que entre sí manifestaron no formar parte de un grupo común sino que proceden de tres cuadrillas distintas -algunos solo tienen relación de vista y que ni siquiera tenían el teléfono del resto- dijeron no haber pertenecido jamás al movimiento Ospa y se situaron lejos de cualquier reivindicación política. Aquellos a los que la Fiscalía considera líderes de Ospa y de concertar la agresión, Jokin Unamuno y Adur Ramírez de Alda, aseguraron que Ospa es un movimiento popular, con una asamblea abierta en el que han participado de manera esporádica. Ninguno de los ahora acusados había sido citado nunca judicialmente en relación con Ospa, ni como investigado ni como testigo, en las diligencias ya archivadas por esa campaña.

En cuanto a la noche en la que se produjeron los hechos juzgados, los acusados aportaron su versión, que refleja las grandes lagunas de esa tesis acusatoria. El informe del Ministerio Público habla de un concierto de intereses entre al menos dos de los acusados que siguen en prisión, Adur Ramírez y Jokin Unamuno, por lo que según esa teoría el primero avisó al segundo por teléfono para avisarle de que había guardias en el bar. Ambos explicaron ayer esa conversación telefónica. Unamuno dijo que había recibido al menos siete llamadas de Ramírez de Alda, pero “hablar, hablar, solo hablé una vez”, porque estaba en el bar y había mucho ruido. Le cortaba y me alejaba. “Él estaba en casa y me avisaba de que la hermana de un amigo, que era al que le habíamos hecho esa noche una cena de despedida entre la cuadrilla (Adur y Jokin son de la misma) porque se iba a Praga, no sabía dónde estaba y tenía que volar al día siguiente de Bilbao”.

Su abogado le insistió en que las acusaciones entienden que esas llamadas eran preparatorias de una agresión. “Para nada, además entre que hablé con Adur y el momento de los hechos pasó más de una hora”. Ramírez de Alda, otro de los acusados en prisión y que se enfrenta a 50 años de cárcel, dijo haberse enterado de todo a la mañana siguiente, ya en casa.