neümunster - La Justicia alemana dio ayer un vuelco a la causa que se sigue contra los impulsores del procés catalán y decretó la puesta en libertad bajo fianza de 75.000 euros de Carles Puigdemont mientras estudia su entrega a España por malversación de fondos públicos. La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein descartó el delito de rebelión por el que el juez del Supremo español Pablo Llarena ha encarcelado a los consellers que acudieron a declarar ante el alto tribunal, una acusación que acumuló críticas de juristas de prestigio y que la propia Audiencia Nacional puso en tela de juicio en el mismo día de ayer.
La juez Carmen Lamela ha procesado a la cúpula de los Mossos que lideraba Josep Lluís Trapero por sedición y pertenencia a banda criminal en relación al asedio a la Conselleria de Economía en Barcelona el 20 y 21 de septiembre y por el referéndum del 1 de octubre. Descarta sin embargo el delito de rebelión porque no aprecia que concurriera “el elemento de la violencia” en el 20 de septiembre y el 1-O, cuando una “masa de personas” se concentró “de forma tumultuosa”.
En el caso del tribunal alemán, la sala primera de lo penal considera que la imputación del delito de rebelión es “inadmisible por motivos jurídicos”, pues “los actos que se le imputan no serían punibles en Alemania según la legislación vigente aquí”, informa Efe. Alegan los magistrados que el delito de “alta traición”, equiparable en el código penal alemán al de rebelión, no puede aplicarse porque no se cumple el requisito de la “violencia”. Ese es precisamente el debate en España, donde el controvertido auto de Llarena comparaba la actuación de los procesados a la de los golpistas del 23-F.
En un caso similar, el Tribunal Supremo alemán determinó que para cumplir con el concepto de violencia “no basta con que se amenace con ella o que se use” para inducir a los órganos del Estado a actuar, sino que es necesario también que esa violencia tenga la capacidad de “doblegar la voluntad de esos órganos constitucionales”. “Este no es el caso”, destaca la Audiencia.
A su juicio, aunque es cierto que se pueden achacar a Puigdemont, como promotor y defensor del referéndum independentista, los actos de violencia registrados durante la jornada electoral, “por su naturaleza, extensión y efecto” estos actos no tenían la capacidad de “someter al Gobierno a una presión tal que se hubiera visto obligado a capitular ante las exigencias de los violentos”.
El varapalo hacia el juez Llarena y hacia el propio Gobierno de Mariano Rajoy, que había prescindido de la política para delegar en un Supremo agarrado a la tesis de la violencia independentista, es mayúsculo. Se produce además a una semana de que la Justicia escocesa se pronuncie en torno a la extradición de la exconsejera de Enseñanza Clara Ponsatí, y con Marta Rovira, número 2 de ERC; y Anna Gabriel, exportavoz parlamentaria de la CUP, en Suiza. Todo ello en mitad de una tormenta perfecta para el PP, con uno de sus valores en alza hasta hace escasos días, Cristina Cifuentes, investigada por la Justicia por falsificar, presuntamente, un título universitario.
Por otro lado, respecto a la acusación de malversación de fondos públicos de acuerdo al Código Penal español, la Audiencia considera que puede ser admisible, pero avisa de que será necesario aclarar más hechos y solicitar información adicional.
El expresident fue detenido el pasado 25 de marzo, cuando atravesaba Alemania para regresar a su exilio belga procedente de Finlandia. Su arresto en virtud de la euroorden cursada por la Justicia española complicaba mucho las cosas, de entrada, a Puigdemont. En Bélgica contaba con una legislación más confusa con respecto al delito de rebelión, más acotado en Alemania.
no hay persecución política Sin embargo, la interpretación en torno al delito de rebelión de los jueces de Schleswig-Holstein ha sido contraria al criterio de la fiscalía regional, que tras examinar la euroorden emitida por el Tribunal Supremo español pidió que Puigdemont siguiera encarcelado por el riesgo de fuga. En todo caso, los magistrados aseguran que el expresident no corre riesgo de persecución política, como alegaban sus defensores para rechazar su extradición.
Fuentes cercanas al expresident explicaban ayer que ofrecerá hoy una rueda de prensa, toda vez que la maquinaria para recaudar los 75.000 euros se puso en marcha nada más conocer la decisión de los jueces. En todo caso, Puigdemont deberá permanecer en Alemania mientras se resuelve su posible extradición, un trámite que puede durar varias semanas e incluso meses.
