madrid - David Marjaliza, Francisco Correa, Álvaro Pérez, El Bigotes; Pablo Crespo, Ricardo Costa y ahora también Francisco Granados. El exconsejero madrileño, imputado en el caso Púnica, se sumó ayer a esa lista de empresarios y exdirigentes del PP que han decidido tirar de la manta. De este modo, en una comparecencia a petición propia, Granados relató ante el juez que en las elecciones autonómicas de 2007 y 2011, y con Esperanza Aguirre como cabeza de cartel del PP, se utilizaron fondos de una caja b, algo de lo que, según él, tenían conocimiento la propia Aguirre, su sucesor al frente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y la actual presidente madrileña, Cristina Cifuentes.

La acusación contra Cifuentes fue la principal novedad que aportó la declaración de Granados, por cuanto desde hace varios meses en los círculos próximos al PP madrileño se daba por hecho que, o bien Granados o bien Ignacio González, iban a acabar involucrando a Esperanza Aguirre en la financiación irregular los populares madrileños. Así, en lo que se refiere a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Granados señaló que Cifuentes, además de mantener una relación sentimental con Ignacio González, cuando se celebraron las campañas financiadas de forma irregular era la secretaria de Política Territorial del PP madrileño y conocía perfectamente esas supuestas prácticas de financiación irregular en el partido.

Aguirre, máxima responsable Granados apuntó de este modo a Cifuentes como una de las personas que formaba parte del grupo de poder de González y que ambos controlaron ambas campañas. Cifuentes se encargaba del control parlamentario y González del político, según la declaración de Granados. “Soy consciente de que ha habido una campaña paralela de refuerzo a la campaña de Esperanza Aguirre a la Comunidad de Madrid, no del PP de Madrid, sino de Esperanza Aguirre en concreto, que se ha llevado fuera del ámbito del gerente regional del partido y fuera del ámbito del partido”, declaró a la prensa a la salida del interrogatorio.

Asimismo, durante su declaración, Granados señaló a Esperanza Aguirre como la persona que mandaba en la Comunidad de Madrid. Ella e Ignacio González eran quienes se encargaban de los nombramientos de los altos cargos en la Administración. Además, aseguró ante el juez que no había asunto que fuese al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que no fuera controlado por Aguirre y González.

De esta manera, Granados acusó a Aguirre de ser la persona que estaba detrás de las decisiones que tomaba Eduardo Larraz, ex consejero delegado de la empresa pública Arpegio e imputado por cobrar comisiones de constructores a cambio de contratos públicos. Arpegio es la sociedad que se encargaba del suelo madrileño y es la empresa que vertebraba parte de esta trama de corrupción.

Granados señaló en concreto a dos empresas como las sociedades de las que salía el dinero público para financiar la campaña de Aguirre. Se trata del Canal de Isabel II y la Agencia de Informática y Telecomunicaciones, de las que advirtió que eran las sociedades públicas que más gastaban en publicidad. Atendiendo a la versión dada por Granados, parte de las partidas destinadas a publicidad se usaban para financiar actos del partido.

Sin embargo, y pese a lo concreto de sus acusaciones, el exconsejero madrileño no pudo aportar ante el juez ningún documento que respaldara su declaración. “Yo salgo y entro en los sitios con lo puesto. Yo no me llevo ningún papel para luego sacarlo cuando interesa. No tengo ningún documento, pero todo lo que he dicho hoy se puede comprobar”, advirtió a los periodistas, a quienes señaló que no había solicitado la comparecencia para acusar a nadie, sino para defenderse. “He venido aquí a defenderme y a explicar cómo ha funcionado el Gobierno de Esperanza Aguirre. No he venido aquí a acusar a nadie de nada”, señaló.

Querella de cifuentes La reacción de la presidenta madrileña fue inmediata y a través de un abogado particular, no de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid, anunció la presentación de una querella contra Granados por “un cúmulo de falsedades y un grave atentado contra su honor y su imagen”. Según explicaron fuentes del Ejecutivo regional, Cifuentes tomó esa decisión tras conocer las declaraciones efectuadas por Granados ante el juez del caso Púnica. Así, la presidenta madrileña anunció que ejercerá ante los tribunales “cuantas acciones civiles y penales le correspondan, por lo que constituye un cúmulo de falsedades y un grave atentado contra su honor y su imagen”.

Antes de conocer los términos de la declaración de Granados ante el juez, Cifuentes había afirmado que le daba “exactamente igual” lo que fuera a decir el exconsejero, “un presunto delincuente” que en su estrategia de defensa “quiere involucrar a todo el mundo” con el fin de “poder librarse” de una condena. “Lo único que quiero respecto a Francisco Granados o a cualquier otra persona de mi partido o de cualquier otro partido que haya estado o esté en un procedimiento de corrupción es que la Justicia actúe cuanto antes, con total contundencia y con rapidez para que se deriven las responsabilidades”, aseguró.

La presidenta madrileña defendió su trayectoria política y personal, liderando la “tolerancia cero frente a la corrupción en el día a día”. “Soy una persona transparente, mi declaración de bienes está ahí, no tengo nada, vivo de una determinada manera y no tengo absolutamente nada que ocultar”, manifestó.

Además, Cifuentes insistió en que ella no había tenido responsabilidades de gestión, ni en el PP ni en ningún Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, hasta hace dos años, porque a pesar de haber sido diputada durante años no ha pertenecido “a ningún Gobierno: ni de Esperanza Aguirre, ni de Ignacio González, ni de Alberto Ruiz-Gallardón ni de nadie”. Tras asumir la responsabilidad por lo hecho durante su etapa como presidenta de la gestora y luego como presidenta del PP de Madrid, también asumió las consecuencias de lo realizado durante su etapa al frente del Gobierno de Madrid. “Lo que hayan hecho los demás, si está mal que lo paguen ante la justicia, yo voy a ser la primera que va a estar detrás de eso”, aseveró.