Con el inicio del nuevo año político, vamos, una vez acabada la época de inactividad parlamentaria en Vitoria-Gasteiz, como es lógico, los diferentes líderes de las formaciones políticas vascas han ido dibujando cual puede ser el devenir de los próximos meses.

Y ahora que las grandes líneas ideológicas han muerto en favor de “lo que interesa a la gente”, “la estabilidad institucional” o, “es lo que quiere el mercado”, que cada cual elija el slogan que le sea más cercano, una de las cuestiones más repetidas ha sido la del futuro de la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco.

Ponencia, por cierto, que lleva ya varias legislaturas en marcha, y que según declaraba Lander Martínez de Podemos, puede fracasar. Otra vez, añadiría yo, porque como digo, lleva años sin dar frutos.

Suele decirse en tono más o menos jocoso que si no se quiere resolver un problema lo mejor es organizar una comisión, pues bien, quien dice comisión dice ponencia y en este caso no es un chiste.

Por más que unos y otros se empeñen en dilatar la cuestión, debe quedar claro que si al debate se incorpora el derecho a decidir, a día de hoy en Euskadi, esa ponencia está llamada al fracaso.

Como ya hemos podido comprobar en Cataluña hay dos cuestiones que, con la actual conformación parlamentaria en la Cortes Generales no tienen remedio, como son la de que la unilateralidad de la periferia se combate con desmedida represión político judicial por parte del centro y que la vía de la negociación en relación con el sujeto soberano está muerta.

Así pues, una legislatura más, no cabe esperar de esa ponencia de autogobierno otra cosa que la de convertirse en un campo de batalla político dialéctico tanto entre soberanistas entre sí, como entre soberanistas y unionistas.

De hecho, mañana mismo, la izquierda abertzale ha anunciado una propuesta en relación al derecho a decidir, que, intuyo, y sin entrar a intentar adivinar su contenido, será utilizada como arma arrojadiza, no tanto con respecto a Madrid, como con respecto a quien mantiene la Lehendakaritza, se quiera o no, con quien afirma que la soberanía española es única, el derecho a decidir es un invento nacionalista y que ambas cuestiones son innegociables.

Así pues, es fácil que el vaticinio de Lander Martínez sea cierto, si bien él y su grupo también serán responsables del mismo, ya que la ponencia no es un ente vivo y por lo tanto su fracaso lo es también, y sobre todo, el de sus componentes.

Sin embargo, como a nadie le gusta que le señalen como el responsable de ningún fracaso, como ya ocurrió la pasada legislatura, se intentará encontrar alguna fórmula que permita salir del atolladero sin darle herramientas al rival político para afirmar que no se cree en el derecho a decidir y al mismo tiempo no suponga una defensa tan radical del mismo que incomode al socio de gobierno, que, como bien es sabido, la gente y los mercados quieren estabilidad institucional y las aventuras secesionistas solo conducen a la quiebra de esos deseos populares.

Y para muestra las 35 horas de los funcionarios y la Ley del Fracking, tan anuladas por el Supremo como obedecidas por parte del Gobierno Vasco, aunque sea a regañadientes.