barcelona - Catalunya vivió ayer otra jornada de vértigo y confusión. Fue un día para olvidar dentro de las filas soberanistas, que acabaron enfrentadas por el aplazamiento de la investidura, mientras cientos de personas rompían el cordón policial y se concentraban en las inmediaciones del Parlament para reivindicar a Puigdemont. Finalmente, no hubo sesión de investidura para proclamar a Carles Puidemont, y la votación quedó aplazada sin fecha en una jornada en la que el presidente del Parlament, Roger Torrent, de ERC, no vio garantías para el propio candidato, sobre el que pesa una orden de busca y captura en territorio estatal. Torrent disipó los rumores sobre un aspirante alternativo y avisó de que solo propondrá a Puigdemont e irá “hasta el final” para defender sus derechos, lo que supuso un aviso en toda regla al Gobierno español, que espera de él que se inmole políticamente traicionando la disciplina dentro de las filas soberanistas; pero, al mismo tiempo, no quiso dar un paso en falso y aplazó la investidura hasta que existan garantías. Presentó su decisión como una forma de procurar el amparo que le había pedido Puigdemont, porque nadie le puede asegurar ahora una investidura efectiva y con garantías. No convenció a JxCat, que mostró su indignación y presionó hasta última hora para celebrar el pleno a las 15.00, y amagó con sumarse a la CUP para ocupar los escaños del Parlament, aunque al final no lo hizo. Puigdemont, por su parte, dijo por la noche en un vídeo colgado en Twitter desde Bruselas que “no hay otro candidato posible”, y pidió unidad. La política catalana se asoma al bloqueo.

Torrent evitó incurrir en un delito de desobediencia con una investidura en cualquiera de los formatos vetados por el Tribunal Constitucional: una votación a distancia desde Bruselas, o presencial sin permiso del juez Llarena, un desenlace que, además, lo hubiera puesto a él y a buena parte de la bancada soberanista a los pies de los caballos, incluidos los diputados de JxCat que se encuentran en libertad bajo fianza y están sometidos a una estrecha vigilancia por si reinciden en la vía unilateral, como Josep Rull y Jordi Turull; u otros de ERC, como Carme Forcadell y Raül Romeva.

A primera hora de la mañana, sin que trascendiera el paradero de Puigdemont, Torrent anunció el aplazamiento (y no la desconvocatoria) de la investidura, lo que provocó la incomprensión e indignación de JxCat. Según filtraron algunos medios catalanes a primera hora de la mañana, existía un principio de acuerdo que no descartaba una investidura con el candidato ausente, para que Puigdemont no se arriesgase a ser detenido con un regreso a Catalunya. En ámbitos próximos a JxCat se deslizó que el artículo 83 del reglamento del Parlament abre la vía a que un diputado con derecho a utilizar la palabra sea sustituido por otro del mismo grupo. Mientras tanto, Puigdemont ultimaba su discurso en Bruselas.

Torrent anunció el aplazamiento para garantizar la “inmunidad” del candidato, y para que pueda ser proclamado “de forma efectiva y sin injerencias”. Además, avisó de que no propondrá otro. “No fue una decisión aleatoria ni personal, y no propondré a ningún otro candidato”, zanjó. Poco después, el Tribunal Constitucional se reafirmaba por unanimidad en sus medidas cautelares y solo permitirá una investidura presencial y con permiso del juez Llarena. La decisión de Torrent llegó después de que Puigdemont le trasladara toda la presión y le pidiese amparo parlamentario para no ser detenido. Torrent buscará consejo en los servicios jurídicos. “Sabe que no es solo mi obligación, sino que es lo que me mueve, y me he comprometido personalmente a garantizar su inmunidad”, dijo, para añadir después que, “a tenor de la petición de Puigdemont y para dar tiempo a las alegaciones, el Pleno queda pospuesto, en ningún caso desconvocado”.

La pugna soterrada por la viabilidad de la investidura estalló ayer en toda su crudeza y derivó en una crisis de confianza. JxCat valoró que Torrent cerrara filas con Puigdemont, pero le echó en cara que aplazara la sesión, y llegó a decir que lo hizo por su cuenta y riesgo, sin avisar. Torrent, por su parte, aseguró haber llamado cinco veces a Puigdemont, aunque él no le cogió el teléfono. ERC se quejó también de que JxCat solo envió de madrugada unos apuntes mínimos del discurso de investidura, sin confirmar si el candidato estaría en Barcelona o en Bruselas.

JxCat presionó para celebrar el pleno y dijo que se quedaría en el Parlament “toda la tarde”. “Si el Pleno tiene que ser más tarde, hagámoslo más tarde. Estamos aquí, tenemos los votos y estamos todos dispuestos a investir y dar nuestra confianza a Carles Puigdemont”, dijo la portavoz, Elsa Artadi. La CUP decidió entrar en el hemiciclo para hacer constar su protesta con el puño en alto, aunque finalmente JxCat no se sumó.

La fractura en el soberanismo abre un escenario de incertidumbre. Se desconoce cuáles serán los próximos pasos y si podrán reconducir este enfrentamiento para intentar la investidura en diez días, la prórroga que contempla en Parlament. El procés ha demostrado que todo en la política catalana puede cambiar en cuestión de minutos, de manera que no se descarta que la situación se reconduzca, aunque algunos sectores lo fían todo a una temprana sentencia del TC que ayude a fijar la fotografía.

A esta hora, solo se esbozan tres escenarios: desobediencia, regreso de Puigdemont y encarcelamiento para ser investido con un permiso penitenciario, o un muy complicado cambio de aspirante. El mero aplazamiento de la investidura se interpretó en JxCat, la CUP y los comités de defensa de la república como un paso atrás ante el Estado y tensionó la calle, lo que anticipa lo complicado que sería insinuar otra candidatura a corto plazo. Puigdemont tampoco dio ninguna señal de retirarse.

los plazos Existe un intenso debate jurídico sobre los plazos. La cuenta atrás de dos meses para convocar elecciones empieza a correr cuando se produce una primera investidura fallida. Hay discrepancias sobre su significado: puede referirse a una votación que acabe con el rechazo al candidato, o simplemente a suspender una jornada porque no es posible la proclamación, aunque no haya votación, como ayer en el Parlament. Según esa tesis, quedarían por delante dos meses para solucionarlo y, en caso de fracaso, las elecciones tendrían lugar entre 40 y 60 días después, en mayo. El soberanismo no quiere ir a elecciones porque pondría en riesgo su mayoría absoluta y retrasaría la formación de Govern y el fin del artículo 155 hasta septiembre.