vitoria - En los últimos meses Carles Puigdemont ha dado sobradas muestras de su capacidad de reinventarse cuantas veces sea necesario. Filias y fobias al margen, a estas alturas nadie puede dudar de su capacidad para marcar el guion de todo lo que rodea a la rocambolesca situación política catalana. El president de la Generalitat cesado por el artículo 155 y ahora candidato a distancia a presidir de nuevo el Govern se ha asentado en el centro del tablero mediático y cada vez que la justicia y el Gobierno español mueven pieza para ponerle en jaque, su respuesta abre el juego de posibilidades hasta lo insólito. Su último movimiento ha sido anunciar su intención de viajar hoy a Dinamarca para participar en un debate organizado por la Universidad de Copenhague. El anuncio ha desconcertado al juez y a la Fiscalía General del Estado, al Gobierno español y también al constitucionalismo y al independentismo catalanes, incluidas las filas de su propio partido, el PDeCAT.
La Fiscalía General del Estado confirmó ayer que pedirá “inmediatamente” que se active la orden internacional de detención contra el candidato de Junts per Catalunya (JxCat) refugiado en Bruselas, si finalmente viaja a Dinamarca.
En un comunicado, el Ministerio Público asegura que está pendiente de confirmación oficial vía policial de los movimientos del “investigado” y que, de producirse esa confirmación, la intención de la Fiscalía es actuar “inmediatamente” y solicitar al magistrado instructor de la causa en el Supremo, Pablo Llarena, que proceda a la activación de la euroorden de detención y entrega, a fin de pedir a la autoridad judicial danesa la detención de Puigdemont.
La Fiscalía no puede hacer otra cosa porque está en su naturaleza y no hacerlo parecería desidia, aun cuando sabe que el juez, seguramente, no va a activar la euroorden por varias razones. Una es formal: se trata de un viaje de ida y vuelta (regresaría el martes) y el juez no tendría margen para poner en marcha el procedimiento para que llegara a tiempo a la justicia danesa antes de que Puigdemont volviera de nuevo a Bruselas.
La segunda razón es de fondo: el juez Llarena no las tiene todas consigo y al igual que dudó de la justicia belga no ve claro que la danesa considere que los supuestos delitos que el Tribunal Supremo español atribuye a Puigdemont sean considerados tales en el país escandinavo. Por idéntica razón decidió paralizar la orden europea internacional de detención cursada por la Audiencia Nacional española a la justicia belga respecto al president cesado y los cuatro consellers que le acompañan en Bruselas. El Supremo acusa a los cinco de Bruselas y al resto de los exmiembros del Govern de rebelión, sedición y malversación. A dos miembros del Gobierno catalán cesado (el exvicepresidente Oriol Junqueras y el exconseller de Interior, Joaquim Forn) los mantiene en prisión, mientras que el resto están en libertad provisional.
La iniciativa de la Fiscalía estuvo precedida de unas manifestaciones del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en las que avanzaba las intenciones del Gobierno español respecto del viaje de Puigdemont a Dinamarca, si es que finalmente se produce. Zoido afirmó que si el Puigdemont consuma su intención, el Estado intentará detenerlo “si se activa la euroorden” por orden de la Fiscalía. El titular de Interior recordó que el expresidente de la Generalitat “está huido de la Justicia española y no va a tener inmunidad por muy parlamentario que haya salido”.
El abogado en España de Puigdemont calificó de “insólito” el anuncio de la Fiscalía sobre el viaje a Dinamarca. “En 34 años de carrera nunca he visto que la Fiscalía haga notas informativas sobre un caso concreto de manera preventiva”, afirmó Jaume Alonso-Cuevillas. El letrado señaló que el viaje a Dinamarca entraña un riesgo de detención “bastante alto, si el Estado español tiene la euroorden preparadísima” y subrayó que “en ninguno de los códigos penales (ni el belga, ni el danés, ni el español) se dan las circunstancias de rebelión”.
No es casualidad que Puigdemont haya elegido la casilla de Dinamarca para su penúltimo movimiento de pieza con el que pretende dar otro golpe de efecto, reactivar la internacionalización del procés catalán, y medir la reacción y los límites de la justicia española. Puede decirse que es un país amigo para el Gobierno catalán desde los tiempos en que lo lideró Artur Mas y luego el propio Puigdemont.
Dinamarca fue de los primeros países en hacer público su apoyo a un “diálogo democrático y pacífico” entre los gobiernos español y catalán, aunque el Ejecutivo del país nórdico ha evitado posicionarse oficialmente para evitar un choque. La declaración fue aprobada por el Parlamento nacional y contó con el apoyo de seis de los ocho grupos parlamentarios de la cámara. Además, en agosto, a pocas semanas del referéndum del 1-O, el Govern inauguró en Copenhague la “embajada” de Catalunya en Dinamarca, que fue puesta en marcha con el objetivo de potenciar las relaciones bilaterales también con Islandia, Noruega, Finlandia y Suecia.
El viaje también podría responder a la necesidad de Puigdemont de poner a cero el contador temporal de su estancia en Bélgica. El próximo día 30 se cumplen tres meses desde que se instaló en Bruselas y, según la normativa de Schengen, está obligado a pasar por el Ayuntamiento donde vaya a residir y pedir el permiso de residencia. Su salida del país y su posterior regreso a Bélgica le evitaría este trámite administrativo y su estancia empezaría de nuevo de cero.
