MADRID. Se trataría, según ha explicado en rueda de prensa el portavoz de la asociación, Bernardo Soriano, del primer recurso a nivel europeo que se plantea sobre la regulación y el reconocimiento del cannabis y con el que se pretende "saber si desde Estrasburgo se da el amparo para poder plantearlo en España".
Es el último paso que dará esta plataforma para que el tribunal europeo se pronuncie sobre la viabilidad y los requisitos que deben cumplir los clubes de cannabis en España, después de que el pasado jueves el Tribunal Constitucional no interpretase esta cuestión en una sentencia de amparo a cinco miembros de un club de cannabis.
En la sentencia, el Constitucional amparó a estos cinco miembros de la asociación Ebers, condenados por el Supremo, pero no se pronunció sobre la situación de estos clubes, lo que para Soriano "ahonda más en la inseguridad jurídica" y en el desconocimiento de los requisitos que deben cumplir los clubes para operar legalmente.
"Lo que nos interesaba era el fondo de cómo el Estado se puede interponer por encima de la libertad y la libre elección de sus ciudadanos", ha manifestado el portavoz de la organización, quien ha lamentado que se haya desaprovechado la oportunidad de establecer un criterio claro sobre esta cuestión.
Aparte de la sentencia sobre la asociación Ebers, el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse próximamente acerca de dos recursos de otras dos asociaciones de cannabis, Three Monkeys y Pannagh, que Soriano supone que seguirán la misma línea argumental que la de la sentencia de Ebers.
Desde la Plataforma Regulación Responsable se muestran "esperanzados" de que el recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (Francia), que deberán plantear en un plazo de tres meses, suponga una "medida de presión" para modificar las políticas sobre el cannabis en España.
Asimismo, el Tribunal Constitucional anuló el pasado jueves la Ley Foral navarra que regula los clubes de cannabis al considerar que se trata de una materia que tiene incidencia en el ámbito penal y que por tanto su regulación autonómica invade las competencias que el Estado tiene sobre esta cuestión.
En este sentido, Soriano asume que "es complicado" que las comunidades autónomas puedan regular materias de competencia del Estado; por ello apuesta por fomentar la incidencia política y conseguir un pacto a nivel estatal que promueva una "regulación integral" del cannabis.
