vitoria - Europa avala el informe sobre torturas y malos tratos que ha dado a conocer este lunes el Gobierno Vasco y en el que se documentan 4.113 casos de esta práctica llevada a cabo por las fuerzas de seguridad del Estado español en calabozos y dependencias policiales entre los años 1960 y 2014. En concreto, el secretario ejecutivo del Comité para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas inhumanas y degradantes (CPT), del Consejo de Europa, Jeroen Schokkenbroek, considera que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha hecho un “esfuerzo serio” al investigar exhaustivamente las denuncias de torturas contra la Guardia Civil, la Policía española, la Ertzaintza, algunas policías locales y funcionarios de prisiones en las últimas décadas, desde el tardofranquismo hasta poco después del final de la actividad armada de ETA.
El representante europeo fue recibido por el lehendakari Urkullu, a quien le expresó el valor de “todos los esfuerzos que se realizan para que la verdad salga a la luz, principalmente para revelar lo que ha ocurrido en periodos difíciles y evitar que haya torturas, malos tratos”.
Jeroen Schokkenbroek también estuvo en el Parlamento Vasco invitado por el Ararteko para presentar el informe 2016, elaborado por el Comité Europeo sobre la situación del Estado español. Precisó que no conoce “exactamente” el contenido del estudio, pero explicó que los investigadores que realizaban el informe del comité sí conocían que se estaba realizando. “Nos pareció muy interesante, pero no hemos participado activamente en él”, precisó.
A su juicio, el Gobierno Vasco ha hecho un “esfuerzo serio” y subrayó la importancia de investigar este tipo de prácticas ya que sirvan para avanzar en la solución de los problemas. En este sentido, señaló que el Comité Europeo “acoge todos los esfuerzos que se realizan para que la verdad salga a la luz, principalmente para revelar lo que ha ocurrido en periodos difíciles y evitar que haya torturas”.
El informe ha sido elaborado en los últimos tres años por el Instituto Vasco de Criminologia por encargo de la Secretaría de Paz y Convivencia del Ejecutivo vasco. El trabajo de investigación y análisis ha corrido por cuente del reconocido forense y doctor en Medicina Francisco Etxeberria, la doctora en Derecho Laura Pego y el psicólogo de la Salud Carlos Martín Beristain.
El estudio, de 500 páginas, señala que un 17% de las personas que han denunciado torturas lo han hecho en más de una ocasión, por lo que el número total de personas que aseguran haber recibido malos tratos es de 3.415. Los investigadores concluyen que la cifra de torturados contabilizados es incluso superior a la ofrecida, ya que la “práctica generalizada” de la tortura durante la dictadura determina que el censo de casos es “mucho mayor” al de los 1.081 registrados (el 26% del total), mientras que durante la democracia “existen registros de otras personas que no pudieron ser contactadas”, o que no se atrevieron a denunciarlo, o incluso que trataron de olvidarlo. “No han podido rescatarse muchas de las torturas correspondientes a los años 60, 70 y 80”, asegura el forense Etxeberria.
El Comité para la Prevención de la Tortura realiza una labor de prevención a nivel de Europa para que, cuando se produzca una denuncia, “se ejerza el derecho a que se realice una investigación seria, en profundidad e incluso que entre en asuntos penales cuando lo requiera”.
Schokkenbroek explicó que el CPT analiza acontecimientos que ya han ocurrido y destacó que, “cuando cualquier cuerpo policial sabe que existe una denuncia sobre maltrato o torturas y va a haber una investigación seria, esto tiene un efecto preventivo importante”. En este sentido añadió que su cometido es “indagar en la historia, aunque sea dolorosa porque solo conociendo la historia puedes prevenir que se repitan las mismas cosas”.
detenciones incomunicadas Los investigadores concluyen que la tortura ha sido una práctica policial “más que esporádica” y consideran que la incomunicación durante las detenciones “ha favorecido y permitido los abusos”. Además, recuerda que unas 20.000 personas han sido arrestadas por “los mismos hechos” que los casos de malos tratos “documentados” en el informe, por lo que cree que “no está medido suficientemente” el alcance de las torturas y “es evidente que son muchas más”.
Además, el estudio subraya que la autoridad judicial “no ha hecho lo suficiente” y los procesos han sido “tan largos en el tiempo” en los casos que se han presentado denuncias judiciales por torturas, que “las víctimas han quedado doblemente victimizadas”, al tener que recordar sus experiencias muchos años más tarde. Ante la constatación de la existencia de torturas en Euskadi en el último medio siglo largo, el informe del Gobierno Vasco interpela al español para que ponga en práctica iniciativas de reconocimiento y reparación con los afectados, así como medidas de prevención.
También el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura ha realizado una serie de recomendaciones al Gobierno español para mejorar las condiciones en los centros penitenciarios, en especial pone el foco en la eliminación de la detención incomunicada y en la inmovilización mecánica de internos con fin de castigarles.
