DONOSTIA. En rueda de prensa celebrada en Donostia, el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno vasco, Jonan Fernández, y el presidente del IVAC-KREI, el profesor y doctor en Medicina Francisco Etxeberria y la doctora en Derecho Laura Pego, que han dirigido esta investigación, junto al doctor en Psicología Carlos María Beristain, han informado del contenido de este documento de 500 páginas encargado por el Ejecutivo Vasco al IVAC, en el marco de su Plan de Paz y Convivencia 20132016 y del Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020.
El médico especialista en medicina legal y forense ha explicado que este trabajo, sobre "un asunto delicado, sensible y complicado", ha sido "el más difícil" que ha afrontado, y ha consistido en "acercarse a los afectados, en nombre del Gobierno Vasco, mirarles a los ojos, preguntarles, y ponerlo en este texto de 500 páginas y muchos anexos", algo que, ha explicado a "todo el mundo le ha parecido pertinente".
Según ha indicado, de una estimación de unos 5.500 casos, finalmente, se han registrado entre 1960 y 2014 un total de 4.113 denuncias, una cifra "inferior a la real porque no se han podido rescatar muchas de las correspondientes a los años 60, 70 y 80". Desde 2014, según ha asegurado, "no ha habido ninguna denuncia de este tipo, para alivio de todos".
Etxeberria ha indicado que el 26% de estos casos corresponderían al periodo de dictadura en España y el 71% durante la democracia. En total, se han reunido 27.000 documentos y se han recopilado más de mil testimonios de personas que han denunciado torturas o malos tratos en audio y vídeo, y a 202 se les ha aplicado el Protocolo de Estambul para la documentación de la tortura.
El forense ha señalado que "no existen palabras suficientes para decir el nivel de sufrimiento" de estas personas. A más de 400 de ellas ha tomado testimonio personalmente.
Además, se han analizado 20 sentencias ratificadas por el Tribunal Supremo (TS) que acreditan torturas sufridas por 31 personas, cuatro de ellas mujeres, y en uno de los casos con resultado de muerte (el del militante de ETA Joxe Arregi en 1981), por las que se condena a 49 miembros de las FSE, de ellos 28 Guardias Civiles y 21 policías nacionales.
A ello, Francisco Etxeberria ha añadido que también se han tenido en cuenta siete sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenan a España entre 2000 y 2011 por no investigar o "no hacerlo con suficiente profundidad", además de denuncias de torturas y malos tratos. Por otro lado, ha indicado que a 202 personas se les ha aplicado el protocolo de Estambul para la documentación de la tortura.
CONCLUSIONES
Entre las conclusiones de esta investigación, ha señalado que la tortura ha sido "más que esporádica", y considera que la incomunicación durante las detenciones "ha favorecido y permitido los abusos". Además, ha recordado que unas 20.000 personas han sido arrestadas por "los mismos hechos" que los casos de malos tratos "documentados" en este informe, por lo que cree que "no está medido suficientemente" el alcance de las torturas y "es evidente que son muchas más".
Además, ha indicado que la autoridad judicial "no ha hecho lo suficiente" y los procesos han sido "tan largos en el tiempo" en los casos que se han presentado denuncias judiciales por torturas, que "las víctimas han quedado doblemente victimizadas", al tener que recordar sus experiencias muchos años más tarde.
También ha criticado "los indultos y ventajas" para quienes han quedado "acreditado que eran torturadores", que "han sido solemnes", y la ausencia de "reparación" para las víctimas de torturas y malos tratos. En este sentido, ha indicado que la Ley Vasca de Abusos Policiales 12/2016, recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, "podría servir para atender" a este colectivo.
PONENCIA DE MEMORIA Y CONVIVENCIA
Jonan Fernández ha señalado que, con el hecho de que esta investigación se traslade a Gogora- Instituto de la Memoria y a la ponencia de memoria y Convivencia del Parlamento vasco, se ha dado "un paso dentro de un proceso que exigirá más pasos", en un "ejercicio necesario para reconocer el pasado, y que la tortura y sus víctimas necesitaron una atención mayor por parte de todos, también por parte del Gobierno Vasco".
En este sentido, ha trasladado el compromiso del Ejecutivo con los derechos humanos, las víctimas de sus vulneraciones y con una convivencia "basada en una memoria crítica del pasado", al tiempo que ha reconocido que "algunas medidas preventivas debieron haberse puesto antes en marcha para ofrecer mayores garantías".
Asimismo, ha apuntado que el Gobierno Vasco va a "seguir impulsando la Ley 12/2016 de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos como la que representa la tortura, y consolidando y mejorando el modelo de prevención de tortura y malos tratos en la Ertzaintza".
Fernández ha incidido que "el encargo de esta investigación constituye una muestra del compromiso con la clarificación de las vulneraciones de derechos humanos y especialmente con el derecho a la verdad de las víctimas". "Todas las víctimas de la tortura y de los malos tratos deben saber que la sociedad vasca y el Gobierno vasco conocen su padecimiento, y reconocen que el daño que sufrieron fue injusto", ha finalizado.
