bruselas - Carles Puigdemont y seis de los consellers del Ejecutivo cesado por Mariano Rajoy proclamaron ayer desde Bruselas que harán frente al artículo 155 de la Constitución, aunque descartaron la idea de ofrecer resistencia en la propia Catalunya, desarrollando su labor en el Palau, para no poner en peligro a los funcionarios y trabajadores, y evitar brotes de violencia entre la ciudadanía en la calle, dijeron. Aunque esto no deja de ser una manera de aceptar la intervención por parte del Gobierno español de la declaración independentista, Puigdemont se agarró a las elecciones del 21 de diciembre convocadas por el presidente español como un bastión pasa defender la república, apostando por ganar de manera contundente e instando a Rajoy a que acepte el resultado de las urnas.

Consciente de la “querella política” que de prosperar podría suponer hasta 500 años de prisión en global para el president y sus consellers, amén del pago de fianzas multimillonarias, con la puesta en escena en suelo belga Puigdemont denunció “el grave déficit democrático que se da en el Estado” y que le llevó a reclamar a las instituciones europeas “que proteja los valores de la UE”. Desde allí entiende que pueden coordinar los trabajos para evitar que el 155 “desmonte las instituciones y el autogobierno” en Catalunya” y, de mientras, preparar unos comicios que afronta como “plebiscito democrático” y no como meras elecciones autonómicas. Sin embargo, con el paso de las horas se fue desvaneciendo la idea de un gobierno en el exilio. Consellers comenzaron a volar de regreso a Catalunya a última hora de la noche y, al cierre de esta edición, se desconocía si el president está también ya de regreso en suelo catalán. “Yo voy a aceptar los resultados, pero ¿los va a aceptar el Gobierno español si no le son favorables?”, se preguntó el jefe del Govern, sugiriendo que el Ejecutivo español debería validar la secesión si se produce una mayoría de votos favorables a la ruptura.

En el club de prensa, un salón abarrotado por medios catalanes, españoles e internaciones, y con manifestantes por la unidad de España en el exterior; Puigdemont aseguró que fue en la noche del viernes cuando decidió instalarse por unanimidad en Bruselas “ante una serie de hechos contrastados que indican que el Gobierno español contempla una ofensiva contra los funcionarios y el Govern, que incluye una querella política y un problema político gigantesco que el Ejecutivo no quiere afrontar con diálogo político, sino con represión”. Además de ahondar en la condena de la violencia del 1-O, censuró a Madrid por “amparar [los actos violentos] de la extrema derecha” y precisó que no quería obligar a los funcionarios “a tomar partido” aunque instó a su equipo gubernamental, a los sindicatos y a los funcionarios a “luchar” para impedir la puesta en funcionamiento del 155.

A los cinco consejeros que se hallaban desde el lunes con Puigdemont -Joaquim Forn (PDeCAT), Meritxell Borràs (PDeCAT), Antoni Comín (independiente), Dolors Bassa (ERC) y Meritxell Serret (ERC)-, se unió la de Educación, Clara Ponsatí. En un discurso donde intercaló el catalán, castellano, inglés y francés, indicó que el resto del Govern seguirá en Catalunya como “miembros legítimos” del Ejecutivo catalán. “Nunca hemos abandonado al gobierno. Es más, vamos a seguir trabajando”, adelantó, criticando a Rajoy por buscar “meterme en la cárcel” por cumplir con su programa electoral.

Afirmó Puigdemont que en Bélgica han tenido una agenda “estrictamente europea”, más allá de contratar los servicios de Paul Beckaert, abogado experto en derechos humanos que impidió la extradición de la miembro de ETA Natividad Jauregi; pero que su objetivo no ha sido el de “escapar de la justicia”, centrado como está en tomar las elecciones en las que ha optado por participar “como un reto democrático”, una decisión que tiene como precio “asumible” ralentizar “la construcción de la república”.

“Si nos hubiéramos quedado” en Catalunya dando “una cierta resistencia”, habría habido “una reacción de enorme violencia por parte del Gobierno español”, pero “no quiero exponer a la población de Catalunya a otra jornada de violencia” como la del día del referéndum”, explicó. “Impedir el 155 es mantener fuerte y vivo el Govern legítimo de Catalunya”, dijo, por ello “asumimos el plebiscito” porque “estamos convencidos de que votando es como se resuelven los problemas”, destacó en clara alusión al ejercicio del referéndum.

“PAZ Y DIÁLOGO” “Quiero un compromiso claro por parte del Estado de que respetará el resultado. Es imprescindible saberlo porque, si no, habrá dos tipos de votantes en Catalunya, los de primera y los de segunda clase”, reclamó, mientras repetía una y otra vez sus esfuerzos por “la paz y el diálogo”. Ahora resta saber si las fuerzas soberanistas concurrirán por separado en esa cita o repitiendo una lista semejante a la de Junts pel Sí, a expensas también de que la CUP defina su posicionamiento. Puigdemont se entrevistó con dirigentes flamencos favorables a la autodeterminación.