barcelona - Carles Puigdemont y cinco miembros del Govern que suspendió el pasado viernes el Gobierno español tras la declaración de la República catalana se desplazaron ayer a Bélgica a pedir, según avanzaban ayer algunos medios, asilo político mientras conocían que podrían acabar en prisión tras ser acusados de rebelión, sedición y malversación, en tanto que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, presentó dos querellas ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional por delitos que conllevan hasta 30 años de cárcel. El viaje fue, curiosamente, confirmado por Interior, que se refiere ya al president simplemente como “señor Puigdemont”, asegurando que no les “preocupa” porque lo que ayer interesaba es que el Jefe del Govern no acudiera al Palau de la Generalitat. Los consellers que acompañaron a Puigdemont son quienes han venido ocupando las carteras de Gobernación, Meritxell Borràs; Salud, Antoni Comín; Interior, Joaquim Forn; Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa: y Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Meritxell Serret; y lo hicieron solo un día después de que el secretario de Estado de Asilo y Migración belga, Theo Francken (del partido nacionalista flamenco N-VA), provocase una polémica en el Gobierno de su país al abrir la puerta a la concesión de asilo al president.

Quien sí permaneció en el palacio presidencial fue el vicepresident Oriol Junqueras, que acudió a la reunión de la dirección de ERC, así como el conseller de Territori, Josep Rull, que entró a trabajar a su despacho habitual antes de asistir a la reunión del PDeCAT, y es que ambas formaciones asintieron en la idea de concurrir a las elecciones del 21-D convocadas por Mariano Rajoy. Todo apunta a que Puigdemont, que hoy prevé comparecer ante la prensa, se reunirá con “abogados y responsables políticos” en Bruselas, y ayer lo hizo con el abogado especializado en derechos humanos Paul Beckaert, que evitó la extradición a España de la miembro de ETA Natividad Jauregi, localizada en Gante después de 34 años a la fuga. “Si necesita defensa jurídica, seré yo quien le represente”, admitió en declaraciones a La Vanguardia.

Los políticos soberanistas fueron todos en coche hasta Marsella y de ahí en avión hasta Bruselas. El delegado de la Generalitat en esa ciudad, Amadeu Altafaj, organizó este trayecto a pesar de haber acatado su cese. Lluís Llach, diputado de Junts pel Sí, dejó claro en su perfil de Twitter que Puigdemont es un “exiliado”. “El exilio del muy honorable presidente de la República es una denuncia contra “Ñ” [España] ante los estamentos europeos, internacionales y nos mantiene la dignidad del 1 de octubre”, escribió en esa red social, mientras que el propio Jefe del Govern, éste en Instagram, colgó una fotografía en la que sugería que se hallaba en el interior del Palau. Acompañando a la imagen, escribió un escueto “bon dia”, una forma de jugar al despiste que congregó a multitud de periodistas.

El abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, declaró que había tenido la ocasión de comer con él el domingo y que le notó “afectado” aunque también “sereno” y “consciente de los riesgos que ha asumido”. Desde el PP, su número dos, Fernando Martínez Maillo daba por sentado el viaje a Bruselas como fruto de la “desesperación” por no poder acudir a su despacho en la Generalitat. “Que vaya a Bruselas, sede de las instituciones europeas, donde uno de los grandes valores es la defensa del Estado de derecho, de la legalidad, es una contradicción. Para eso que se quede en casa”, ahondó Maillo. “Puigdemont tiene libertad de movimientos para ir a Bruselas... y volver”, matizó luego.

detenido si no declara Transformado en expatriado judicial, a Puigdemont le conviene pisar Madrid en cuanto le llamen a declarar porque la Fiscalía ya le ha advertido de que, en caso contrario, solicitará su detención. Algo que aún no ha sucedido ya que buscan aplicar la ley con equilibrio a tenor de las consecuencias que pueda tener en la calle. Entre tanto, fue el independentista flamenco Theo Francken quien sugirió que “Puigdemont puede solicitar asilo político” en Bélgica, algo que tuvo que rebajar el primer ministro belga Charles Michel asegurando que “no está en absoluto en el orden del día” de su Gobierno. “Pido a Theo Francken que no eche leña al fuego”, apuntó, reiterando además su llamamiento al diálogo entre las autoridades españolas y catalanas.

El comisario general belga para los refugiados, Dirk Van den Bulcke, afirmó que para que Bélgica conceda asilo a otro ciudadano europeo deben existir “señales serias de persecución” o de que corre riesgos en el país de origen”. Bélgica es uno de los pocos países europeos que prevé un procedimiento de asilo para ciudadanos de otros Estados miembros, que deben presentar su solicitud en la Oficina de Extranjería. Minorías gitanas de Eslovaquia y Rumanía han recurrido a ello pero, de las 220 peticiones entre 2013 y 2014, sólo ese último año respondió afirmativamente a diez de ellas.

Secretario de Estado de Asilo y Migración de Bélgica. El miembro del partido independentista flamenco N-VA había escrito en su cuenta de Twitter que “el presidente Puigdemont puede solicitar asilo político” en Bélgica, aunque su manifestación levantó gran polémica en el seno del gobierno de su país, y tuvo que ser corregido.

El máximo dirigente de Bélgica tuvo que salir a desmentir al partido que sostiene su gobierno pidiendo a “Francken que no eche más al fuego” en el asunto catalán, y haciendo un llamamiento al diálogo entre las autoridades españolas y catalanas. Además, el comisario general para los refugiados, Dirk Van den Bulcke, afirmó que para conceder el asilo deben existir “señales serias de persecución” o de que “corre riesgos en el país de origen”.