BILBAO. Fuentes jurídicas han informado a Efe de que el fiscal José Perals no ha podido asistir a las declaraciones de los doce jóvenes ante la titular del juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional porque se encontraba en el juicio contra la excúpula de Abengoa, así que nadie ha solicitado prisión ni medidas cautelares para ellos.

Estos doce imputados en la causa, fueron llamados el pasado viernes a declarar ante Lamela -la juez que investiga delitos de sedición en relación con el 1-O en Catalunya- tras haber sido identificados por los investigadores como presuntos autores de los disturbios.

A primera hora de la mañana, medio centenar de jóvenes han acompañado a los investigados a la Audiencia Nacional y han permanecido en los aledaños del tribunal para mostrarles su apoyo hasta que éstos han salido en libertad, momento en el que han empezado a aplaudir.

Como consecuencia de los incidentes del pasado marzo en la capital navarra, tres jóvenes fueron detenidos acusados de participar en los disturbios provocados por Errepresioari Autodefentsa, en los que se arrojaron piedras contra la Policía Nacional, se reventó un cajero y se dañaron comercios y contenedores.

Lamela aceptó la competencia para instruir estos hechos después de que el juzgado de instrucción 4 de Iruñea se inhibiera a favor de la Audiencia Nacional, al considerarlos constitutivos de un delito de terrorismo en concurso con desórdenes públicos, lesiones, daños, incendio y atentado.

Meses antes, la juez había abierto una investigación también por terrorismo a nueve detenidos en Altsasua por la presunta agresión a dos guardias civiles y sus parejas el pasado octubre. En ambos casos, y tras resolver sendos recursos, el Supremo terminó ratificando que los disturbios podrían considerarse de carácter terrorista.

En el auto en el que acordó investigar los incidentes violentos de Iruñea, la juez recordaba que los hechos ocurrieron durante una manifestación no autorizada de Errepresioari Autodefentsa y publicitada en redes sociales y foros afines al movimiento "con la finalidad de subvertir el orden constitucional y alterar la paz pública".

Durante la marcha, un grupo de personas, entre ellos los tres detenidos (Asier P.B., Rubén I.B. y Endika E.M., que se habían desplazado desde Errenteria), que portaba sacos con piedras, material pirotécnico y capuchas para dificultar su identificación, "lanzó múltiples piedras contra la fuerza policial uniformada, así como botellas tras formar barricadas con contenedores volcados".