madrid/barcelona - Siempre hay una puerta más que abrir. Si con el pulso de Catalunya hemos descubierto que Madrid ha recurrido a estrategias y soflamas de sobra conocidas en Euskadi (adoctrinamiento educativo, mediático, etc), el Ejecutivo del PP vuelve a retorcer las expectativas elevando el nivel de las exigencias. Ya no basta con que Carles Puigdemont convoque elecciones, algo que sopesa, para que Mariano Rajoy retire la aplicación del artículo 155 de la Constitución; ahora el president tendría que hacer una rectificación plena y desandar el camino del procés hasta la casilla de salida. El precepto está en marcha tras arrancar la comisión mixta de estudio en el Senado y en el pleno del viernes se aprobarán, con toda probabilidad, las medidas que adoptó el gabinete popular con el visto bueno del PSOE y Ciudadanos. Por el camino el president tiene la ocasión de explicarse en la Cámara alta pero no se lo ponen fácil. Y eso que desde Ferraz, el partido de Pedro Sánchez considera que bastaría con la llamada a las urnas para que la autonomía catalana no sea intervenida, o, como dice el soberanismo, “secuestrada” por el Estado.
Antes de la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros del pasado sábado, el unionismo reclamaba la convocatoria de comicios autonómicos, que no constituyentes, para no darle al play al citado artículo; la otra vía consistía en negar de forma explícita que se hubiera declarado la secesión unilateral en el discurso del Jefe del Govern del 10 de octubre. Sin embargo, con el botón pulsado, unas elecciones en el horizonte ya no son suficientes para restar de contenido a las medidas del Gobierno español, cuya intención es hacerse con el control de la Generalitat, incluido el derecho a veto sobre el Parlament.
Rajoy ha ordenado a sus ministros trasladar un mensaje unitario y férreo, sin posibilidad a interpretaciones, y así se fueron pronunciando en las últimas horas el titular de Justicia, Rafael Catalá; la responsable de Sanidad, Dolors Montserrat; el de Fomento, Íñigo de la Serna; y el de Interior, Juan Ignacio Zoido; además de Pablo Casado, Javier Maroto y otros dirigentes. Frenar el 155 pasa por elecciones y que haya lo que sustantivan como “rectificación”. “Con una convocatoria de elecciones no se arreglan las cosas. El president de la Generalitat debe aclarar si ha declarado o no la independencia, cumplir las leyes y respetar las sentencias de los tribunales”, se explayó Catalá en Las mañanas de RNE. En paralelo, en Los desayunos de TVE, De la Serna matizó que “aunque sería un paso importante, no implica que el origen del 155 se vaya a restaurar. Eso el Senado lo tiene que considerar”. El exalcalde de Gasteiz añadió que Puigdemont “tendría que darle la vuelta a la tortilla a todo lo que ha dicho y hecho los últimos meses”. Y finalmente Casado remató ante los medios: “Unas elecciones anticipadas no paralizan el 155. Puigdemont ya ha tenido suficientes oportunidades para renunciar a la declaración de independencia y volver a la legalidad”. Catalá, Maroto y Montserrat coincidieron en afear al president las peticiones de diálogo tras no haber participado este año en la conferencia de presidentes o que no acudiera a la reunión financiera. “Que abandone el idioma de los jeroglíficos”, le exigía Maroto. “Que deje de retorcer las instituciones” y el “juego de trileros”, añadía el portavoz de los populares. Como si ya fuera demasiado tarde. “Ha tenido oportunidades para volver a la legalidad y ya las ha desaprovechado y despreciado todas”, consideró Zoido. Y, para colmo, el siempre polémico Rafael Hernando iba más allá exigiendo al president que “pida perdón” a todos los españoles. Tintes de discurso bélico reconocible. “Los que se han mantenido al margen de la ley tienen que pedir perdón al pueblo catalán y al resto del pueblo español por el daño hecho”, requería, aventurando que “llegarán las responsabilidades civiles y penales”.
El independentismo estima, según el portavoz del Govern, Jordi Turull, que se persigue su “capitulación completa” en términos de rendición, aunque desde Madrid se hable de “restablecer la legalidad”. Y mientras Ciudadanos sigue a pies juntillas el repertorio del PP, el PSOE se distancia porque es consciente de los efectos en una parte de su electorado y, sobre todo, en el PSC. “Si se convocan elecciones en el marco constitucional y dentro de la legalidad no tendría razón de ser la puesta en marcha del 155”, sostuvo la portavoz, Margarita Robles. Pero para Rajoy queda atrás la opción de “adaptar” las medidas o “modificarlas”, como habían dicho inicialmente la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el propio Catalá. Solo queda que obliguen al independentismo a despojarse de sus ideales. O ilegalizar sus programas electorales.
