madrid/barcelona - El conflicto que mantienen el Gobierno español y el Govern se cobró ayer sus primeras bajas en lo que a dirigentes encarcelados se refiere, y lo hizo nada menos que en las figuras de los principales líderes sociales del movimiento independentista catalán, los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Ambos ingresaron anoche en la prisión de Soto del Real por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela y a petición de la Fiscalía, que reclamó prisión incondicional sin fianza, tras declarar bajo la acusación de sedición por los hechos que tuvieron lugar el 20 y 21 de septiembre en Barcelona.
El día 20 del mes pasado, decenas de miles de personas se congregaron frente a la Conselleria de Economía en Barcelona mientras estaba siendo registrada por la Guardia Civil y la secretaria judicial después de la detención de 14 miembros del Govern. Ello provocó que la comitiva judicial no pudiera abandonar el inmueble hasta la madrugada siguiente y solo después de que el juez que ordenó la operación llamara al major de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, para que posibilitara dicha salida. En dicha protesta ciudadana tuvieron un papel destacado Sànchez y Cuixart, incluso subidos, megáfono en mano, en vehículos de la Guardia Civil que fueron asediados por la multitud. La magistrada les considera los “principales promotores y directores” de dichas movilizaciones, en las que afirma que “apelaron a la resistencia” con el fin de “impedir la aplicación de la ley”.
“Cobra especial importancia el papel que los dos investigados tuvieron en los hechos, participando activamente en la convocatoria de las concentraciones, alzándose además como sus principales promotores y directores, manteniéndose al frente de las mismas durante todo el día, llevando la iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles, alentando y dirigiendo la acción de los congregados”, explica la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 en el auto de prisión. A la hora de adoptar esta decisión, la juez destacó el “riesgo de fuga” derivado de “la gravedad del delito de sedición”, que lleva aparejadas penas de entre ocho y quince años de cárcel.
Lamela también destacó que existe riesgo de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas, justo al contrario que en el caso de los otros dos acusados de sedición que también declararon ayer en la AN por los mismos hechos, Trapero y la intendente de los Mossos Teresa Laplana, que fueron puestos en libertad con medidas cautelares. Respecto a los líderes de la ANC y Òmnium, la magistrada lleva sus conclusiones más allá de los hechos de finales del mes pasado y destaca que la incitación a la movilización se prolongó hasta el referéndum del 1-O con “llamadas a los participantes animándoles a permanecer en los colegios electorales y presentar resistencia a las actuaciones policiales”.
Caceroladas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart han jugado un papel nuclear en el proceso soberanista catalán, y como principales dinamizadores sociales a través de las asociaciones que presiden, han participado en todos los pasos que ha adoptado el Govern que preside Carles Puigdemont en un nivel de importancia prácticamente equivalente al de los partidos soberanistas. La noticia de su ingreso en prisión fue respondida con caceroladas espontáneas desde los balcones en diversos municipios catalanes, al tiempo que las dos asociaciones convocaron concentraciones frente a los centros de trabajo y los ayuntamientos hoy a las 12.00 y a las 19.00 horas.
De este modo, tras las condenas de inhabilitación y multas al expresident catalán Artur Mas y los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau por la consulta del 9-N de 2014, Sànchez y Cuixart se han convertido en los primeros en ser enviados a prisión por los procedimientos judiciales abiertos en relación con el proceso soberanista impulsado desde 2012. Sus abogados consideraron “grave”, “triste” y “precipitada” esta decisión puesto que “da la sensación se les está castigando por otras conductas” distintas a las de septiembre.
En su auto, la jueza asegura que los hechos acaecidos el mes pasado en la Ciudad Condal “no constituyeron una protesta ciudadana aislada o convocada pacíficamente”, sino que “se enmarcan dentro de una compleja estrategia con la que desde hace tiempo vienen colaborando los investigados, en ejecución de la hoja de ruta diseñada a obtener la independencia”. Los letrados de los encarcelados agregaron que sus defendidos son circunstancialmente presidentes de dos entidades, por lo “que vendrán muchos más”.
