bARCELONA - El Govern de Carles Puigdemont está lidiando en las últimas horas con las presiones que le llegan desde la ANC y la CUP para que pise el acelerador y haga efectiva la declaración unilateral de independencia de Catalunya. Aunque también han surgido tensiones dentro del propio Ejecutivo catalán y la situación es muy delicada, el planteamiento por ahora consiste en mantener los criterios que fijó el president en el pleno del Parlament del martes: dejar en suspenso la declaración de independencia de manera indefinida y sin fecha límite para dar una nueva oportunidad al diálogo con el Estado español, proyectar al mundo un perfil moderado y negociador, y ganar tiempo para que surja algún tipo de mediación internacional. En principio, el Govern prefiere mantener este criterio como mínimo hasta el lunes a las 10.00 horas, cuando vence el primer plazo establecido por el Gobierno español para que aclare si proclamó la independencia y rectifique. Quiere agotar los plazos y rumiar la respuesta, probablemente incidiendo en la misma idea: hay declaración pero está suspendida. El jueves vencerá el último plazo y se prevé que el presidente español, Mariano Rajoy, rechace su respuesta y active el artículo 155 de la Constitución para forzar unas elecciones en Catalunya. A partir de ahí, todo es imprevisible.
Sectores del soberanismo creen que el mero amago de aplicar el 155 se tendría que haber respondido ya con la declaración de independencia. Se preguntan para qué esperar una negociación que creen que no va a llegar, y piden ir de inmediato al choque con el Estado para provocar que suspenda la autonomía, y que esa situación excepcional y límite atraiga la atención de la Unión Europea. Quieren que la decisión se tome ya, o que se fije un plazo claro en el calendario. El Govern se resiste a hacerlo para no proyectar que está dando un ultimátum, provocar una suspensión de la autonomía o agravar la fuga de empresas. También recela de un salto al vacío con una declaración de independencia que no vaya a tener el reconocimiento de las instituciones internacionales y dañe la imagen del procés. El escenario es endiablado porque, por otro lado, recibe presiones internas y no tiene ningún enganche ni propuesta de diálogo de Madrid o del mundo (ayer recibió el portazo de la Unión Europea) a la que aferrarse para justificar el parón.
El president mantuvo ayer contactos en el Palau de la Generalitat con sus consellers y representantes de Junts pel Sí, la CUP, ANC y Òmnium. Algunas voces discordantes han sido las de la portavoz de Junts pel Sí y miembro de ERC, Marta Rovira; el parlamentario Antoni Castellà (de la corriente Demòcrates dentro de Junts pel Sí), y la consellera de Enseñanza, Clara Ponsatí. Los acontecimientos del lunes van a poner a prueba al Govern y podrían provocar un vuelco. La Audiencia Nacional ha citado a declarar al major de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, y a los líderes de la ANC y Òmnium, acusados de un delito de sedición penado con la cárcel. En los corrillos de Madrid ha comenzado a circular la previsión de que alguno de ellos va a ser detenido de inmediato. Ese mismo día, el president debe enviar la respuesta al requerimiento de Moncloa, y es posible que Rajoy prepare el terreno para aplicar el 155.
Si se confirman las previsiones más pesimistas del soberanismo sobre el 155 y las detenciones, Puigdemont va a recibir presiones para que active la independencia, con el argumento de que el Estado no quiere dialogar. Hoy mismo se va a producir otro hito clave. La CUP ha convocado su Consejo Político para decidir si abandona los escaños del Parlament mientras la independencia esté suspendida. Sin sus diez parlamentarios, el soberanismo quedaría representado únicamente por Junts pel Sí y perdería su mayoría absoluta de 72 votos sobre 135. Paradójicamente, su abandono podría arrojar al Govern en brazos de Sí que es Pot y su apuesta por un referéndum legal y pactado, lo que supondría enterrar definitivamente la vía unilateral y la independencia. La CUP, quizás consciente de ello, quiso aclarar ayer que no pretende hacer caer al Govern ni detener el procés.
La CUP hizo pública ayer una carta dirigida al president en la que pide que proclame la república catalana antes de que Madrid aplique el artículo 155. Cree que el requerimiento de Rajoy es una amenaza que debe tener respuesta, y que no hay indicios de que prospere una mediación internacional. Ayer mismo, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, abandonó su silencio para descartar de plano cualquier intervención, y se alineó con Rajoy al rechazar la independencia catalana con el argumento de que otros países seguirán su estela y la gestión de la Unión Europea se va a complicar.
La CUP pide tomar decisiones ya. “Si pretenden seguir aplicando, ahora ya con requisitos formales cumplimentados, las previsiones del artículo 155 de la Constitución española y nos quieren seguir amenazando y amordazando, que lo hagan con la República ya proclamada”, dice en su carta. En una entrevista concedida a Radio Euskadi, la diputada de la CUP, Mireia Boya, pidió al president que, en su respuesta a Madrid, “no busque más subterfugios ni ambigüedades, sino que diga claramente que el referéndum fue lo que fue, se ganó y, por tanto, hay que proclamar la república catalana”.
Desde la ANC, su presidente, Jordi Sànchez, que tendrá que declarar el lunes en la Audiencia Nacional, opinó ayer que el Estado “decidirá con mucha probabilidad dinamitar las instituciones de la Generalitat”. El colectivo ha pedido que el Parlament levante la suspensión de la declaración de independencia en vista de que el Estado no quiere negociar.
Desde Demòcrates, el parlamentario Antoni Castellà dijo en una entrevista concedida a Europa Press que, si de él dependiera, convocaría con carácter inmediato el Parlament para levantar la suspensión. “Aunque pueda parecer contradictorio, el ejercicio del conflicto que supone la declaración de independencia fuerza a la comunidad internacional a intervenir si el Estado no se aviene a negociar”, defendió.
DIALOGAR El portavoz de ERC, Sergi Sabriá, salió en defensa del criterio del Govern y consideró que es “normal” que haya voces críticas por la cerrazón del Estado. “Aun así, la oportunidad de diálogo debemos dárnosla unos días más”, dijo en Onda Vasca. A su juicio, el Govern debe responder a Madrid asegurando que la independencia está “declarada y firmada”, pero insistiendo en “dar una oportunidad al diálogo”. Madrid avisó ayer de que esa respuesta no es válida y apuntó al 155.
