vitoria - Aunque la reforma de la ley que regula la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) ya está encaminada y faltan pocos meses para el inicio de su debate parlamentario, la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, hizo ayer una especie de paréntesis en el proceso de estudio de propuestas y en el avance del nuevo texto para explicar la aplicación de la ley vigente por parte de Lanbide. Artolazabal defendió en el Parlamento Vasco los criterios que guían la actuación de Lanbide a la hora de resolver la compleja casuística de los solicitantes y perceptores de la RGI y reiteró que esos 70 puntos, que son públicos, buscan “proteger a las personas más vulnerables”. También restó importancia a los recursos judiciales presentados contra algunos de esos criterios y anunció que las resoluciones y correcciones realizadas por los jueces y el Ararteko se incorporarán a la nueva ley.
En su comparecencia de ayer Beatriz Artolazabal hizo una revisión del documento que recoge los criterios interpretativos e instrucciones que siguen los empleados de Lanbide a la hora de aplicar la normativa de la RGI y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV). Un documento que, atendiendo a una petición del propio Parlamento Vasco, se hizo público el pasado 6 de abril en la página web de Lanbide (www.lanbide.euskadi.eus) y en el portal de la normativa vasca -Legegunea-. El conjunto de criterios -señaló la consejera- constituye, “un contenido vivo que se adaptará a las necesidades de precisión que se vayan detectando, siempre respetando lo que la Ley establece”. En esta revisión continua también se tienen en cuenta las recomendaciones que realiza el Ararteko. Artolazabal defendió que con la publicación de los criterios de aplicación de la RGI y la PCV, “se ha contribuido y se ayuda a que las personas que tengan derecho a la prestación puedan ejercer sus derechos y conocer las obligaciones que el hecho de ser beneficiarias les exige”.
Las críticas Ante las críticas de algunas parlamentarias que señalaron que los criterios “estaban cargados de prejuicios, chocan con la cruda realidad de las personas perceptoras o son herramientas para hacer una especie de purgas y limitar el acceso a las prestaciones”, Artolazabal negó cualquier intencionalidad de perjudicar al perceptor, defendió el principio de transparencia y el ejercicio de claridad de su publicación y justificó la existencia del documento de criterios porque ni la Ley que regula el Sistema de Garantía de Ingresos ni el reglamento que la desarrolla “pueden recoger toda la casuística que aparece en las oficinas de Lanbide”. La consejera se refirió a la futura reforma de la RGI y expresó su esperanza de que “la nueva ley sea aprobada por amplia mayoría, lleve asociado un nuevo reglamento y no necesite un tercer documento conteniendo los criterios para su aplicación”.
En respuesta a las críticas basadas en los recursos y actuaciones de ciudadanos y colectivos sociales contra los criterios de aplicación de la RGI, Beatriz Artolazabal indicó que “de las 215.000 resoluciones al año que hace Lanbide, en 2016 han sido judicializadas 230, de las que 71 fueron estimadas por los jueces, lo que supone el 30,87% de las recurridas, y 159, el 69,13%, fueron desestimadas”. Esto supone que apenas un 0,1% de las resoluciones basadas en el documento de criterios acabó en los tribunales de Justicia. “Es una cifra que hay que tener en cuenta para demostrar que las cosas no las hacemos tan mal”, manifestó la consejera, quien, pese a estos datos, reconoció que “todo es mejorable”.
Artolazabal, que estuvo acompañada por el viceconsejero de Empleo y Juventud Marcos Muro, y el director de Lanbide Borja Belandia, explicó que tras la publicación del documento denominado Criterios de Lanbide de Renta de Garantía de Ingresos se interpuso un recurso contencioso administrativo contra 24 criterios contenidos en él. Apuntó que la única persona reclamante solicitó, asimismo, como medida cautelar la suspensión de 2 criterios y uno parcialmente vinculado y que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Gasteiz denegó, el pasado 13 de junio, la medida cautelar solicitada por el demandante, manteniéndose su aplicación. Este lunes, 9 de octubre, -señaló la consejera- “se recibió el auto de fecha 29 de septiembre en el cual el Juzgado ha inadmitido el recurso contencioso administrativo”.
La responsable de las políticas sociales del Gobierno Vasco insistió en que las decisiones y medidas que adopta Lanbide se basan en la regulación vigente y recordó que “la propia ley de la que depende este documento de criterios está en periodo de revisión” y que esta modificación de la norma traerá consigo un nuevo reglamento. “Constatamos que la cuestión sobre la reorientación de la gestión de Lanbide es algo que nos preocupa a todos tal y como se lo trasladé en la comparecencia en la que presentamos las propuestas para la mejora de la RGI”, indicó. Las líneas maestras de esta reforma que fueron presentadas a finales de mayo por la consejera, tienen como objetivos fundamentales aumentar la efectividad y la protección que prestan las ayudas sociales, evitar nuevas situaciones de pobreza y exclusión y mejorar los sistemas de control de quienes reciben las prestaciones.
Artolazabal recalcó que “el Gobierno pone un empeño especial en mejorar los indicadores de calidad de Lanbide”. “El hecho de iniciar un proceso para conseguir un certificado de calidad en la tramitación de la RGI, es porque consideramos que el Sistema de Garantía de Ingresos ha de gestionarse aspirando a la mejor eficacia”, concluyó.
