París - Los funcionarios, que representan cerca de una quinta parte de los trabajadores franceses, tensaron ayer la lucha social contra las reformas económicas del presidente, Emmanuel Macron, en una jornada de huelga que aunó, por primera vez en diez años, a todos los sindicatos de los empleados públicos. Después de las protestas con desigual seguimiento y la huelga general de septiembre, el paro y las manifestaciones de ayer, que unieron a las nueve centrales sindicales del funcionariado, plasman el creciente malestar por las medidas de ahorro del Gobierno francés, instalado hace solo cinco meses. La huelga, que convocó a 5,5 millones de trabajadores del Estado, locales y regionales y de los hospitales, perturbó los servicios públicos, sobre todo el de los transportes y la enseñanza.
Un 30% de los vuelos en los principales aeropuertos franceses fueron cancelados ayer por la huelga de funcionarios públicos, informó la dirección general de aviación civil (DGAC). Un portavoz del organismo explicó que las cancelaciones afectaron tanto a las partidas como a las llegadas de vuelos nacionales e internacionales. “La jornada está siendo de acuerdo a nuestras previsiones. La situación está controlada, porque ya habíamos recomendado (el viernes) a las compañías aéreas que cancelasen el 30% de sus rutas”, señaló el citado portavoz. Las anulaciones de vuelos afectaron a los aeropuertos parisinos de Charles de Gaulle y Orly, el de Beauvais (afueras de París), Lyon, Niza, Marsella, Toulouse, Burdeos y Nantes. También hubo retrasos en los aeropuertos de Lille, Marsella y Estrasburgo.
Un 17,5% de los profesores de la enseñanza pública, según el Ministerio francés de Educación, secundaron la huelga, un porcentaje que de acuerdo con los sindicatos se elevó a entre el 35% y el 50%. El seguimiento se acercó al 20% entre los docentes de educación primaria, mientras que en la secundaria se quedó en el 15%, según los datos de participación facilitados por las autoridades. Sin embargo, la central SNUIpp-FSU, la primera en el sector, aseguró que se quedaron en sus casas uno de cada dos profesores de primaria y uno de cada tres de secundaria. Nueve institutos públicos en París fueron escenario de protestas a cargo de estudiantes, que bloquearon las entradas con contenedores. En la manifestación de París, las autoridades calcularon una participación de 26.000 personas, mientras el sindicato CGT habló de 70 protestas en toda Francia con unos 400.000 asistentes.
La supresión de 120.000 puestos de trabajo hasta 2022, la discriminación fiscal en la subida de impuestos respecto al sector privado y el endurecimiento de los accesos a las bajas laborales son algunos de los puntos de protesta de los sindicatos. “En total, los funcionarios perderán entre el 4% y el 5% por año de su poder adquisitivo si se aplica todo lo anunciado a los sindicatos”, dijo el secretario general del sindicato UNSA, Luc Bérille, quien asistió a la manifestación de París.
Macron no se echará atrás El dirigente explicó que aguardarán a la próxima semana, cuando tendrán una reunión con el ministro de Hacienda, Gérald Darmanin, para saber si adoptan nuevas medidas de presión. El ministro, sin embargo, ya dio a entender que el Ejecutivo de Macron no se echará atrás en sus medidas de ahorro, cuyo fin es reducir el déficit del país por debajo del 3% del PIB, como pide Bruselas. “El Gobierno escucha, recibe a los sindicatos que se manifiestan y que tienen todo el derecho a declararse en huelga, pero la mayoría (parlamentaria) ha sido elegida para aplicar el programa del presidente de la República, especialmente el de transformación de los servicios público”, señaló en una alocución en la Asamblea (Cámara baja) Darmanin. En torno a un 20 % de los empleados franceses trabajan en las administraciones públicas, por delante de la media de los países de la OCDE (en torno al 15 %), y su remuneración absorbió en 2014 el 5,7% del PIB.
Fabrice Loiseau, uno de los miles de manifestantes que desfilaron entre la plaza de la República y la de Nación en París, portaba una pancarta en la que demandaba la defensa de los empleos públicos para responder a las necesidades de la población. “Macron dijo (durante la campaña electoral) que nuestro poder adquisitivo subiría”, se quejó Loiseau, funcionario en la Corte de Apelación de París. La marcha parisina, que transcurrió con leves incidentes entre manifestantes y policía, contó con líderes sindicales como Philippe Martínez, de la CGT, que lidera el combate contra la reforma laboral de Macron, que, frente a la lucha de los funcionarios, no ha unido a todos los sindicatos en la misma causa. Los funcionarios “son normalmente tratados como una especie de holgazanes aprovechados. Eso es lo que más les duele, y con razón”, declaró a la prensa Martínez.