MADRID - Mariano Rajoy lleva cumpliendo una máxima desde que se hizo con el cargo incluso en los momentos personales y de partido más adversos: dejar hacer. El arte de que las cosas se resuelvan por sí solas mientras él aguarda acontecimientos. Desde el rescate económico a los casos de corrupción, pasando por el efervescente mapa electoral. Y, curiosamente, casi siempre se ha topado con el éxito, o al menos con elementos que le salven el cuello. No iba a ser menos con la diatriba catalana. A expensas de si en 48 horas la maquinaria soberanista proclama la declaración unilateral de independencia (DUI), el presidente español ha dado orden de frenar los episodios de represión confiando en una implosión interna en el mundo secesionista ante las presiones de la CUP y ERC para no titubear con la DUI, las diferencias o matices entre miembros del Govern y del PDeCAT o el goteo de empresas que han decidido trasladar su sede social provocando cierta alarma a pie de calle. No es de extrañar entonces que en el seno del independentismo la máxima sea la de Keep calm, mantener la calma, y sobre todo evitar fisuras públicas.

Justo una semana después de la operación contra el 1-0 con unas cargas policiales que coparon las portadas de medio mundo, y que hicieron que el sector rupturista, con gran capacidad comunicativa, se ganara el tanto del relato internacional, Rajoy ha detenido la ofensiva e incluso desde Moncloa se valoraría contar con el president Carles Puigdemont y el vicepresident Oriol Junqueras como interlocutores válidos pero siempre “dentro de la ley”. Tras este freno echado se encuentra también el cambio de criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que el pasado viernes presentó por sorpresa a la jueza un nuevo informe sobre la actuación de los dirigentes de la ANC y Ómnium para ganar tiempo antes de solicitar su encarcelamiento cautelar. Acompañado ello de un discurso más moderado en manifestaciones como las del delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, que por vez primera pidió perdón por las cargas de los agentes en colegios y municipios el día del referéndum, o en las palabras del propio portavoz del Ejecutivo del PP, Iñigo Méndez de Vigo.

El líder del PP, tras muchas jornadas aferrado al A por ellos que podría reportarle una mayoría más amplia en unas hipotéticas elecciones generales, tira ahora de un tacticismo, más que de una estrategia particular, en el que espera que ganen peso las posiciones de gente de la antigua Covergència que apuesta por fijar un plazo transitorio aparcando la unilateralidad. Entre ellas las del conseller Santi Vila, siempre un verso libre, hablando de la “utilidad y consecuencias” de una DUI, y de la prioridad de una “tregua” que “serene los ánimos” entre los gobiernos; las advertencias de Marta Pascal sobre el hecho de que “las prisas pueden estropear el sueño”; y las de Artur Mas diferenciando entre declarar la independencia y hacerla efectiva -más de un medio obvió ayer su rectificación sobre el titular del Financial Times que ponía en su boca que “Catalunya no está preparada para la independencia real”-. Rajoy echa la vista atrás y recuerda las presiones de la CUP cuando hubo que escoger president y aquella incesante negativa anticapitalista para que repitiera Mas, un choque que el presidente español maneja en tanto que el partido que tiene en Anna Gabriel a su líder más visible podría retirar el apoyo al Govern si no hay DUI y provocar una nueva cita con las urnas en Catalunya, pero esta vez para unas autonómicas donde, en verdad, ERC tendría las de ganar. La CUP ha advertido a los posconvergentes de que deben mantenerse “fieles” al mandato recibido y que la declaración sea aplicable con carácter inmediato, es decir, que no tenga un carácter “diferido” de entrada en vigor en tres o seis meses, como se había llegado a especular.

No han sido pocos los condimentos que ha echado al fuego Rajoy en los últimos meses para que reviente el proceso independentista que Puigdemont prometió llevar adelante en la jura de su cargo. Centenares de querellas, procesos en el Tribunal de Cuentas, actuaciones policiales, el decreto ley para la fuga de las empresas, la aplicación oficiosa del artículo 155 de la Constitución y la amenaza de una intervención absoluta de la autonomía, acompañada del discurso del rey Felipe VI tratando de encender el miedo en el seno de la población catalana.

sin un plan b Por muchas apelaciones al diálogo desde cantidad de sectores, Rajoy no contempla un plan B que no sea el de la rendición. El Senado ha informado a sus trabajadores que deben estar disponibles la semana del 16 de octubre, y los datos del asesor popular Pedro Arriola indican que la posición de fuerza contra Catalunya les genera réditos electorales en el Estado que no quieren que caigan en poder de Ciudadanos, abanderado del 155. Entienden en Moncloa que una actitud mediadora con un agente externo ayudando a resolver el entuerto debilitaría la imagen personal de Rajoy. Al parecer, Suiza se ha ofrecido a ello instalada en su marca de neutralidad y aireando que ya mantiene los contactos con ambos bandos, algo que desde Madrid niegan.

Ocurre que el independentismo si algo ha demostrado es haber sabido saltar los baches, como durante el mismo 1-O, o esquivar sus propias contradicciones. Así fue con el ingenioso proceso participativo del 9-N, la gestación posterior de Junts pel Sí, el asentamiento de Puigdemont, y unas bases transversales preparadas para culminar el procés aunque en esta escalada los últimos metros resulten los más duros, entre dudas y nubarrones, y llamadas al pragmatismo. La fuerza de las imágenes del 1-O les obligan a no retroceder, y la desconexión de al menos la mitad de Catalunya es un hecho, Algo que Rajoy tampoco tiene en cuenta.

Freno a la ‘represión’. Moncloa recula al contemplar a Puigdemont y Junqueras como interlocutores “dentro de la ley”; con el nuevo informe sobre los dirigentes de la ANC y Òmnium para ganar tiempo antes de pedir su encarcelamiento cautelar; y con el perdón por las cargas policiales.

Inyección de temor. El decreto ley que permite a las empresas catalanas cambiar su sede social ha provocado alarma ante lo que puede desencadenar la declaración unilateral.

Presión de la CUP y ERC. Ambos partidos han instado al PDeCAT que siga adelante con la vía hacia la independencia aunque en las filas de la antigua Convergència ya han aparecido quienes abogan por una tregua o por dar un plazo de tres o seis meses. Algo que podría llevar a la CUP a forzar elecciones.