barcelona - “El Gobierno español ha utilizado todo tipo de mecanismos que no emplea ninguna otra democracia”, censuró ayer el vicepresident de la Generalitat y conseller de Economía, Oriol Junqueras, a raíz del decreto pergeñado desde Madrid para facilitar el traslado expreso del domicilio social de las empresas catalanas fuera de Catalunya, postura que, entre otros, criticó también la Asociación para la Defensa de Usuarios de Bancos y Cajas (ADICAE), para quien “los políticos y algunos sectores están sembrando confusión y alarma social” intencionadamente con el objetivo de infundir “miedo” ante la posible declaración unilateral de independencia.
En Catalunya hay 608.981 empresas -de los 3,3 millones que suma el total estatal-, la mayoría son micropymes (579.588), aunque también pymes (23.934), medianas (4.247) y grandes (1.212), y por supuesto han salido a la luz los grandes nombres, aquellos que pueden reportar mayor eco mediático, plasmando un goteo de deserciones. Después de que Banc Sabadell decidiera formalmente mover su histórica sede social de Sabadell a Alicante, fue CaixaBank quien se planteó un horizonte similar, en su caso dejando la capital catalana para asentarse en Valencia. A su vez, la junta de accionistas de Banco Mediolanum acordó desplazarse a la ciudad del Turia para garantizar los intereses de sus clientes, mantener la normalidad y asegurar “un marco estable” para el desarrollo de su actividad bajo la supervisión del BCE, aunque en realidad el cambio de sede social no supondrá el traslado de los centros operativos del banco ni de sus empleados, que seguirán en la capital catalana. En paralelo, la operadora de telecomunicaciones Eurona decidió irse a Rivas-Vaciamadrid (Madrid), informó la compañía al Mercado Alternativo Bursátil (MAB), donde cotiza. La empresa, que tiene una capitalización bursátil de 58 millones de euros, sigue los pasos de la biotecnológica Oryzon, que anunció el cambio de su domicilio social de Cornellà de Llobregat a la capital española con el objetivo de “optimizar sus operaciones y la relación con sus inversores”. Dogi subió un 20% en bolsa tras airear su traslado. La firma textil, fundada en 1954 por la familia Domènech, busca “optimizar sus operaciones y la relación con sus inversores”.
A la mudanza de Klockner, empresa distribuidora de material de medicina dental, se unió una de las más relevantes, la de Gas Natural, peso pesado del Ibex, que pondrá rumbo a Madrid. El accionista principal de Gas Natural, que cuenta con Isidre Fainé como presidente y Rafael Villaseca como consejero delegado, es Criteria Caixa (holding de CaixaBank), con un 24,4% del accionariado. Le siguen Repsol, con el 20%, y el fondo americano Global Infraestructure Partners (GIP), con otro 20%. En los últimos resultados disponibles, la compañía ganó 550 millones de euros en el primer semestre del año y cerró con un Ebitda de 2.176 millones de euros. La compañía está ligada a Catalunya desde su origen. Surgió en 1843 bajo el nombre de Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas (SCAG) y según reza en su portal “brindó el primer servicio público implantado en Barcelona”, llevando luz a sus calles.
Asimismo, el consejo de administración de Service Point Solutions también analizó esta salida tras sufrir una dura crisis, debate al que se unió la aseguradora Catalana Occidente, que tomará las decisiones “a medida que se vayan desarrollando los acontecimientos”. Abertis, que se halla inmersa en una opa por parte de la italiana Atlantia, ha descartado que estudie esa posibilidad. En el destacado sector del cava, el consejo de Freixenet, con sede en Sant Sadurni d’Anoia (Barcelona) y cuya andadura comenzó en 1861, estudiará su traslado mientras que Codorníu advierte del “riesgo económico global”.
escasos efectos El cambio de sede, cuyo impacto radica principalmente en la degradación de la imagen, consiste en variar el domicilio social, un trámite sencillo que se hace en el notario. Esto hace referencia al domicilio oficial de la empresa, pero no implica cambiar las oficinas centrales ni tampoco propicia una retirada de trabajadores u oficinas de Catalunya. Lo que en teoría sucede es que la empresa deja de celebrar en suelo catalán la junta general de accionistas, aunque no debe ser obligatoriamente así. Desde el punto de vista de la fiscalidad, tiene impacto, pero no es gigante: el Impuesto de Sociedades es estatal y se recauda lo mismo en Barcelona, Alicante o Palma. La afectación llegaría a los ayuntamientos, ya que dejarían de ingresar el Impuesto de Actividades Económicas.
Eso sí, el panorama genera inquietud en el Fondo Monetario Internacional (FMI), quien tiene claro que la crisis en Catalunya afecta de manera directa al crecimiento del Estado. “Las perspectivas para la economía española son buenas pero si la tensión y la incertidumbre se mantiene la confianza y la inversión se podrían ver dañadas”, afirmó Andrea Schaechter, responsable de la misión del organismo para España. Ante esta situación, el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, lamentó que “empresas importantísimas de Catalunya” hayan decidido abandonar la comunidad, empujadas a su entender por la inestabilidad del proceso independentista.
Denunciará el decreto ley al considerarlo “un atropello”. Adicae anunció ayer que denunciará ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y los organismos consultivos europeos el real decreto ley aprobado ayer por el Gobierno del PP que permitirá el cambio exprés de sede social de cualquier empresa dentro del Estado español, facilitando la marcha de empresas de Catalunya a otras comunidades autónomas. La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros explicó que la denuncia se hará efectiva la próxima semana y calificó el decreto de “disparatado” y un “atropello” a los derechos de los accionistas, contrario a “las tendencias europeas” en esta materia. La asociación advierte de que el decreto reduce la capacidad de actuación de los accionistas y “se opone a los más básicos principios europeos y españoles de transparencia y gobierno corporativo”, y critica igualmente al ministro de Economía, Luis de Guindos, por “tergiversar” la regulación.