barcelona - El Gobierno español y la Generalitat tuvieron oportunidad de confrontar ayer en la Junta de Seguridad de Catalunya sus posiciones diametralmente opuestas sobre el referéndum independentista de pasado mañana, con el foco situado en dos puntos nucleares: la pertinencia o no de su celebración y, directamente relacionado con el anterior, en base a qué criterios mantener la seguridad ciudadana en esa jornada. Por parte del gabinete de Carles Puigdemont, que el miércoles convocó este encuentro, el conseller de Interior Joaquim Forn aseguró que, ante las órdenes judiciales de impedir la apertura de colegios electorales y la presencia de urnas, los Mossos d’Esquadra se regirán por los principios de “oportunidad, proporcionalidad y congruencia” para evitar males mayores.

“Es importante el cumplimiento de la ley, de las decisiones judiciales, pero también existe un bien superior, que es la convivencia ciudadana”, aseguró Forn en la rueda de prensa posterior. A nadie se le escapa que el domingo habrá en las calles de Catalunya una masiva movilización ciudadana dispuesta a “expresar una opinión política”, como señaló ayer Forn, y así lo está promoviendo también la sociedad civil, educativa y los colectivos independentistas catalanes. Ante esta perspectiva, el responsable autonómico de Interior pidió “inteligencia” tanto al Govern como a la ciudadanía para no poner “contra las cuerdas” a los Mossos y evitar “cualquier situación de tensión y violencia”, que es el escenario que “otros querrían que ocurriera”.

La propia convocatoria de la Junta de Seguridad, que provocó las airadas protestas del Ejecutivo de Mariano Rajoy por haberse producido de forma unilateral, fue un intento de Carles Puigdemont de hacer prevalecer el criterio del Govern por encima de las órdenes para abortar el 1-O trasladadas primero por la Fiscalía Superior de Catalunya y después por la jueza del TSJC Mercedes Armas, que el miércoles asumió el control de las actuaciones. Forn fue cristalino en su comparecencia de ayer: “El compromiso del Govern es muy claro: que se pueda votar”. Insistió por ello en que los Mossos tratarán de que el cumplimiento de los mandatos judiciales “no cree problemas más grandes que los que quiere evitar”.

Puigdemont estuvo presente en la Junta de Seguridad -la segunda que se celebra en un periodo de ocho años por los desencuentros entre los dos ejecutivos- como presidente de la misma. Por parte del Gobierno español acudió el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, quien puso voz al choque entre los gabinetes de Barcelona y Madrid. Explicó que, durante la reunión, pidió al president catalán que suspenda el referéndum y recordó que el mando sobre el dispositivo para impedir la consulta lo tiene la “autoridad judicial”, por lo que, a su juicio, a la Junta de Seguridad no le corresponde tomar decisiones sobre lo que resuelva la juez.

En la práctica, ello se tradujo en que en la reunión de ayer no se alcanzó ninguna decisión operativa de cara a la actuación de las diferentes fuerzas de seguridad el domingo más allá de reflejar las diferentes posiciones de cada gobierno. En su intervención ante los medios, José Antonio Nieto aseguró que el 1-O hay que impedir “un acto declarado ilegal por el Tribunal Constitucional y que la autoridad judicial pide que se evite”. Afirmó por ello que la Guardia Civil y Policía Nacional “van a actuar con absoluta determinación para cumplir la ley, defender el Estado de derecho y mantener la convivencia pacífica”.

En una línea, de nuevo, contrapuesta, el conseller de Interior Joaquim Forn dijo que los representantes del Ministerio del Interior se comprometieron ayer a que la Guardia Civil y la Policía española compartan con los Mossos los criterios de una intervención proporcional. Por ello, dio por supuesto que actuarán de la misma forma que la Policía catalana cuando haya “miles de personas en la calle queriendo votar en actitud pacífica”.

Orden en mano La magistrada del TSJC que investiga al Govern por el referéndum dio en persona a los mandos de los Mossos d’Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional la orden de impedir la apertura de los colegios electorales el 1-O en una reunión que tuvo lugar el miércoles en el Palau de Justicia de Barcelona. Frente a las órdenes anteriores de la Fiscalía de precintar los centros de votación desde hoy y evitar la presencia de cualquier urna en un radio de 100 metros, las instrucciones de la jueza son más genéricas y parecen centrarse en impedir las votaciones el mismo 1 de octubre. Eso sí, mientras el Ministerio Público puso a los Mossos en primera línea de las actuaciones, la jueza interpela por igual a los tres cuerpos.