BARCELOA/LA SEU D'URGELL (LLEIDA). Esta mañana han acudido a la sede de la Fiscalía Superior de Cataluña y del ministerio público en La Seu d'Urgell (Lleida) los alcaldes de Mollerussa (Lleida), Marc Solsona -también diputado del Parlament-, de Oliana (Lleida), Miquel Sala, y de El Pont de Suert (Lleida), José Antonio Troguet.

Sin embargo, los tres alcaldes, que habían sido citados por la Fiscalía por colaborar en la organización del 1-O, se han negado a prestar declaración, dado que consideran que el ministerio público se está extralimitando al imputarles, teniendo en cuenta que la causa del referéndum está judicializada.

Ante la Fiscalía Superior de Cataluña, dada su condición de aforado, ha comparecido el alcalde de Mollerussa, a quien, tras su negativa a declarar, el fiscal ha impedido pronunciar un alegato en que pretendía denunciar que el ministerio público no debe actuar contra él porque el asunto del referéndum está ya en manos de los jueces.

El alcalde de Mollerussa ha intentado sin éxito que se le permitiera justificarse por negarse a prestar declaración, pero el fiscal que le interrogaba, José Joaquín Pérez de Gregorio, le ha advertido de que debía limitarse a aclarar si estaba dispuesto a contestar o no, sin más explicaciones.

Pese a la insistencia del alcalde y su abogada, Judit Jané, el fiscal ha impedido pronunciar su alegato a Solsona, que ha abandonado la sede del ministerio público sin firmar el acta de la declaración.

Los interrogatorios de los alcaldes derivan de la instrucción que dictó la semana pasada el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para que se citara como investigados a aquellos ediles que firmaron decretos para ceder locales para el 1-O, con la advertencia de que si no comparecen serán detenidos.

En la instrucción que Maza dirigía a la Fiscalía de Cataluña y las provinciales de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, adjuntaba un listado con más de 700 alcaldes que se han mostrado dispuestos a ceder locales para celebrar el referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Constitucional.

Esas diligencias de la Fiscalía contra los alcaldes transcurren en paralelo de las causas que instruyen el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el Govern por el referéndum y contra los presidentes de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras, y la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch, por organizar el 1-O a través de los alcaldes.