BARCELONA - Mientras en el Parlament de Catalunya se cruzan reproches por el referéndum del 1 de octubre, mientras en las sedes políticas se afilan los discursos hasta convertirlos en navajazos y mientras en las instancias judiciales se desenvaina la espada para actuar contra los impulsores de la consulta, el camino hacia el 1-O libra en las últimas horas una soterrada batalla por el control de los colegios electorales. Ha llegado la hora de concretar los detalles de la consulta, entre ellos el de los locales que servirán como punto de votación. Y aquí es donde entran en escena los alcaldes de los 948 ayuntamientos que conforman la geopolítica municipal catalana. Son ellos quienes tienen la llave de los locales en los que se votará. Y a ellos se dirigieron ayer expresamente Mariano Rajoy y Carles Puigdemont en sendas cartas con el fin de persuadirles o disuadirles, según sea el caso, en su intención de abrir las puertas de los colegios electorales.
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, han comunicado por carta a los alcaldes catalanes que el Govern prevé utilizar para el referéndum los colegios electorales habituales y les da 48 horas para confirmar la disponibilidad de los locales.
En la misiva, enviada ayer tras la firma del decreto de convocatoria del referéndum para el 1 de octubre, Puigdemont y Junqueras recuerdan que la ley del Referéndum establece un “régimen jurídico excepcional” dirigido a regular y garantizar la consulta. De acuerdo con la ley, añaden, “los ayuntamientos ponen a disposición de la administración electoral” del Govern los “locales de su titularidad que se utilizan habitualmente como centros de votación”, si bien la Generalitat “puede determinar locales alternativos para hacer efectivo el derecho de voto de los electores”.
El Gobierno español no tardó en reaccionar, también por escrito, mediante una misiva firmada por el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro. En la carta recuerda a los consistorios catalanes que el Tribunal Constitucional “ha prohibido expresamente la continuación del denominado proceso constituyente en Catalunya y de cualquier acto preparatorio de dicho referéndum”.
Bermúdez de Castro, quien ya remitió una misiva a los ayuntamientos el pasado 4 de julio sobre el anuncio de Puigdemont sobre la convocatoria de la consulta unilateral, señala su “obligación” de recordar a los municipios catalanes de que la “convocatoria y celebración de un proceso refrendario de esa naturaleza atenta contra los artículos 1.2, 2, 9.1, 81, 92 y 168 de la Constitución española, así como contra los artículos 1 y 2.4 del Estatuto de Autonomía de Catalunya”.
Casi 600 alcaldes firmaron ayer un decreto de apoyo al referéndum, pese a las “constantes amenazas” del Gobierno español. Así lo recoge un comunicado conjunto de la ACM y AMI, cuando ni tan siquiera había transcurrido un día desde que Puigdemont les envió la carta. En los próximos días se esperan nuevas adhesiones. Entre los firmantes se encuentran los alcaldes de Girona, Badalona, Vic, Sabadell, Valls, Igualada, Seu d’Urgell o Solsona.
Los 122 alcaldes del PSC actuarán en base a las indicaciones que les den los secretarios municipales e interventores, según explicaron ayer fuentes socialistas. De todos modos, salvo fugas puntuales, la mayoría parece proclive a atenerse al posicionamiento de su partido, refractario a facilitar el referéndum.
El mapa municipal catalán presenta un color claramente favorable al soberanismo. Más de 700 ayuntamientos están regidos por alcaldes del PDeCAT, ERC o la CUP, es decir, controlan más de tres de cada cuatro consistorios, mientras que los partidos constitucionalistas rigen en apenas el 13% de los municipios. Un pequeño número de localidades están gobernados por ediles de Podemos, ICV y Esquerra Unida.
