DONOSTIA. Otegi se ha referido a este asunto en una comparecencia tras reunirse en Donostia con la principal asociación de hosteleros de la ciudad para tratar sobre el modelo de turismo.

El líder abertzale ha recordado que cuando él abandonó la prisión de Logroño el pasado año sí pudo celebrar y protagonizar un acto de recibimiento en el exterior del penal riojano, sin que hubiera ninguna prohibición, motivo por el que ha opinado que en esta ocasión "han existido presiones para ello".

"Esto sí me parece un ataque a la gente del país, a la libertad del país, a su familia, a él mismo", ha lamentado Otegi, quien ha augurado "escenas de tensión" en el momento de la salida de prisión de Rafa Díez, pero no por parte de los amigos y familiares del exsecretario general de LAB.

A su juicio, la prohibición del acto "forma parte de la naturaleza profundamente antidemocrática" del Estado, el mismo, ha dicho, cuyo Tribunal Constitucional ha prohibido la consulta en Cataluña.

"Me parece que ése es el Estado en el que vivimos desgraciadamente y es una prueba más de su profunda naturaleza antidemocrática", ha zanjado el dirigente abertzale.

Otegi no ha asegurado su presencia mañana en el Dueso, aunque ha apuntado que "probablemente" acudirá a recibir a Rafa Díez Usabiaga.

Además del acto convocado en Santoña, la izquierda abertzale tiene previsto celebrar otro por la tarde en la localidad guipuzcoana de Lasarte-Oria, cuya prohibición ha sido solicitada a la Audiencia Nacional por la organización de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia.

Rafa Díaz Usabiaga es el último de los cinco dirigentes de la izquierda abertzale condenados por el "caso Bateragune", el intento de reconstituir la ilegalizada Batasuna, que aún permanece en prisión.

Con el histórico líder de LAB fueron condenados por la Audiencia Nacional a penas de entre 8 y 10 años de cárcel -posteriormente rebajadas por el Tribunal Supremo- el propio Otegi y los jóvenes dirigentes Arkaitz Rodríguez, Miren Zabaleta y Sonia Jacinto.

Todos ellos fueron acusados de intentar reconstituir la ilegalizada Batasuna siguiendo las directrices de la organización terrorista ETA.

El exsecretario general de LAB es el último en cumplir la condena porque pasó 17 meses en prisión provisional con una licencia para cuidar de su madre enferma.